Corte restablece el castigo de carga pública de Trump contra los inmigrantes
Un tribunal de apelaciones revirtió el fallo de un juez federal de Chicago que suspendía la aplicación de la regla de carga pública ordenada por Trump para restringir la inmigración
La regla de 'carga pública' es una de las disposiciones más importantes del presidente Trump. Crédito: USCIS / Getty
CHICAGO, Illinois – La polémica regla migratoria de carga pública del presidente Donald Trump, que fue bloqueada hace dos días por un juez federal de Chicago (Illinois), está vigente nuevamente por orden de una corte de apelaciones.
“Lamentablemente, la corte federal de Apelaciones del Séptimo Circuito, en Chicago, ha dictado una medida cautelar que suspende la orden del juez de distrito Gery Feinerman”, informó hoy Luvia Quiñones, de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR, en inglés).
La decisión del magistrado del Distrito Norte de Illinois, divulgada el pasado lunes, tenía vigencia inmediata en todo el país y parecía ser el golpe final a los esfuerzos de Trump para restringir la inmigración y la residencia permanente de los que ya se encuentran en el país.
Sin embargo, la corte de apelaciones revirtió el fallo 48 horas después y en una resolución de dos párrafos dio a ICIRR, y al condado de Cook de Illinois, un nuevo plazo hasta el 17 de este mes para insistir con la impugnación de la regla.
“Seguiremos abogando y peleando en los tribunales”, dijo Quiñones, sobre una demanda que fue presentada en septiembre de 2019 para frenar la aplicación en Illinois de esa regla, que es considerada discriminatoria.
La nueva regla, aprobada en febrero pasado, establece que a las personas que reciben beneficios públicos, cupones de alimentos, atención médica gratuita, subsidios y ayuda en efectivo se les niegue la llamada “tarjeta verde” de residente, por ser consideradas una “carga pública”, bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965.
La demanda señala que por culpa de esta regla muchos inmigrantes, que temen ser deportados, se dan de baja o evitan inscribirse en los programas de cobertura de salud, tanto federales como estatales.
Como consecuencia, se pone en riesgo la atención médica y alimentación de los hijos de inmigrantes, que son ciudadanos estadounidenses, viven por debajo de la línea de pobreza y necesitan ayuda social.
Otra consecuencia colateral ha sido una reducción de las tasas de cobertura de medicina preventiva, que hace que los inmigrantes recién busquen atención de emergencia en el sistema de hospitales del condado de Cook, con aumentos significativos en sus costos.
La regla fue impugnada por lo menos en 20 estados, entre los que se cuentan California, Nueva York, Vermont, Connecticut, Pennsylvania y Oregon, además de ciudades y condados que acudieron a las cortes para detener su aplicación.
