El Departamento de Justicia impulsa ampliar los métodos de las ejecuciones federales
Los métodos de la Administración Trump para ejecutar a los prisioneros federales incluyen el uso de la silla eléctrica y el fusilamiento
Vásquez será ejecutado con inyección letal en la prisión de Huntsville (Texas) a las 6 p.m., hora local. Crédito: Mike Simons | Getty Images
La Administración Trump se apresura a finalizar una serie de cambios regulatorios antes de que el presidente Donald Trump deje el cargo el próximo mes, incluido uno que podría volver a autorizar el uso de pelotones de fusilamiento y electrocuciones en las ejecuciones federales, informó ProPublica.
Un cambio de regla propuesto ingresado por el Departamento de Justicia (DOJ) en el Registro Federal el 5 de agosto alteraría el método de ejecución de los presos condenados a muerte.
Según señala la propuesta, el método predeterminado para las ejecuciones federales es la inyección letal, excepto si un juez ordena explícitamente lo contrario.
Pero muchos estados con pena de muerte permiten que las ejecuciones se lleven a cabo por otros medios, como la electrocución, un pelotón de fusilamiento y la hipoxia de nitrógeno. Tennessee, por ejemplo, ejecutó a Lee Hall, un preso condenado a muerte con electrocución en diciembre de 2019.
Básicamente, la regla enmendada permitiría que las ejecuciones federales se lleven a cabo mediante métodos distintos de la inyección letal en los estados que permiten otros medios para matar a los prisioneros, según informó Business Insider.
Si bien la inyección letal se presentó inicialmente como un método de ejecución más humano y menos violento que la silla eléctrica o un pelotón de fusilamiento, ciertas drogas de inyección letal o problemas para administrarlas han provocado complicaciones y algunas inyecciones fallidas, provocando muertes dolorosas para los reclusos.
La propuesta para el cambio de regla decía que “la muerte por fusilamiento y la muerte por electrocución no violan la prohibición de la Octava Enmienda sobre castigos crueles e inusuales” según el precedente prevaleciente de la Corte Suprema. También citó Bucklew v. Precythe y Glossip v. Gross, casos en los que los presos condenados a muerte dijeron que el uso de inyecciones letales por parte de los estados violaba la Octava Enmienda, pero no tuvo éxito.
Hasta ahora, ocho presos federales condenados a muerte han sido ejecutados bajo la Administración Trump desde que el Departamento de Justicia, que supervisa la Oficina Federal de Prisiones, restableció las ejecuciones federales de los condenados a muerte en julio de 2019.
Otros cinco reclusos, Lisa Montgomery, Alfred Bourgeois, Brandon Bernard, Cory Johnson y Dustin Higgins, serán ejecutados entre ahora y el 20 de enero. Montgomery será la primera reclusa federal ejecutada en más de 60 años, según el Centro de información sobre la pena de muerte.
Además del gobierno federal, 28 estados emplean la pena de muerte, mientras que 22 estados han abolido legislativamente o han emitido una moratoria sobre su uso, según el centro.
Según ProPublica, la Administración Trump también espera realizar cambios regulatorios consecuentes en otras áreas, como inmigración, política ambiental, estándares de energía y uso del agua, y la regulación de las principales plantas de alimentos, antes del 20 de enero de 2021.
