Los inmigrantes sin documentos, el grupo olvidado durante la pandemia

El COVID deja inseguridad alimentaria, mientras que se enfatiza que la ayuda del estado de California ha sido insuficiente para este grupo.

Los trabajadores sin documentos son los que menos apoyo reciben en EE.UU.

Los trabajadores sin documentos son los que menos apoyo reciben en EE.UU. Crédito: Aurelia Ventura | La Opinión

Casi seis de cada diez indocumentados y sus familias han afrontado carencias alimentarias en los primeros meses de la pandemia de coronavirus en California, reveló una encuesta realizada a más de 91,000 inmigrantes sin estatus legal, que buscaron ayuda del Gobierno estatal y están abogando porque se les tenga en cuenta.

El análisis “Olvidados durante COVID: Una evaluación de necesidades de inmigrantes en la pandemia”, presentado este lunes, encontró que 57% de los indocumentados encuestados reportaron carencias alimentarias a causa del coronavirus.

Además, los resultados indicaron que una familia de cuatro personas en Los Ángeles, que gasta en promedio $3,200 dólares al mes para cubrir sus necesidades más básicas, la ayuda única de $500 dólares que otorgó el estado de California fue realmente mínima.

Lorraine Tamburrino, de Chirla, explicó en la presentación virtual del análisis que fue divulgado ahora, cuando la legislatura se prepara para regresar a sesionar, y “para dar un claro mensaje de que la ayuda por emergencia por la pandemia a los indocumentados fue insuficiente”.

El análisis compara que “California es el hogar de aproximadamente 2 millones de inmigrantes sin documentos que pagan aproximadamente $40 mil millones de dólares en impuestos locales y estatales cada año”.

Las siete organizaciones encuestaron a 91,047 indocumentados que recibieron esa ayuda única que ofreció California, casi un 60% del total de personas que recibieron el apoyo.

Además de Los Ángeles, la consulta incluyó también en el sur de California a los condados de Orange y San Diego.

Hacia al norte de Los Ángeles, la consulta se aplicó a la comunidad indocumentada en los condados de Sonoma, Mapa, Monterey y Fresno.

Aparte de Chirla, participaron Servicios Familiares Judíos de San Diego, Avance para la Justicia Asiática Americana de Los Ángeles, el Buró de Acción Comunitaria de Santa Cruz, el Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen),Desarrollo Humano de California y la Fundación del sindicato campesino UFW.

Esas mismas organizaciones colaboraron con el gobierno del estado; el objetivo era hacer llegar a los indocumentados la ayuda de $500 dólares por alivio al impacto económico por la pandemia.

Se trata de la Coalición de Asistencia para el Alivio de Inmigrantes de California.

El reporte sobre la consulta “demuestra lo limitado del fondo de emergencia que fue proporcionado a una familia de cuatro, dos adultos y dos menores, y el ejemplo que decidimos emplear fue para la ciudad de Los Ángeles” como representativo, dijo Tamburrino.

El 53 por ciento de quienes participaron en la consulta se identificaron como mujeres, el 40 por ciento como hombres y el resto declinó identificarse por su género.

Dijo que aunque el 84 por ciento de los participantes se identificó como hispano, la coalición sospecha que al menos una parte de ellos es de origen asiático, e indígena de Latinoamérica.

Aunque la mayoría de las respuestas fueron en español, la consulta se aplicó en 14 idiomas y lenguas.

El 40 por ciento de quienes participaron dijeron que les afectó el cierre de escuelas por la pandemia, lo que indica que son familias con menores de edad, y que tuvieron que quedarse en casa a cuidar a los menores sin poder salir a trabajar.

Al no haber una base de datos sobre los indocumentados en California, los resultados de la consulta no son estadísticos, sino que cuentan por el valor que tienen tal y como se reportan.

El programa de Asistencia para Inmigrantes en Desastre (DRAI) tuvo un fondo de $75 millones de dólares, que sirvió a unos 150,000 indocumentados, con un estimado de $500 dólares por hogar en ayuda directa.

Aunque el estudio no lo menciona, según cálculos extraoficiales en el estado viven alrededor de dos millones de indocumentados en el estado, por lo que el programa DRAI, además de ser limitado en la cantidad económica, llegó a solo una parte de la comunidad de trabajadores sin documentados.

“Por meses hemos dicho que la pandemia ha tenido un fuerte impacto en las comunidades inmigrantes, y esta consulta confirma nuestros temores de que los inmigrantes, especialmente las mujeres inmigrantes han tenido que enfrentar el estrés económico que resulta de la pandemia”, declaró Joseph Villela, de Chirla.

“Presentamos este reporte hoy [ayer], al ser el primer día de sesiones en el Capitolio estatal, porque queremos enviar un fuerte mensaje a Sacramento acerca de que las comunidades inmigrantes han sido olvidadas, y que los legisladores pueden trabajar en realmente traer alivio a nuestras comunidades”, agregó.

También fue presentado con la intención de que se tome en cuenta cuando, dentro de un mes, el gobernador Gavin Newsom presente la propuesta de presupuesto estatal anual.

Un asambleísta demócrata de San Francisco, David Chiu, coautor de la ley AB 3088, que prohíbe los desalojos hasta el próximo 31 de enero, dijo que presentará junto con colegas suyos una nueva propuesta para ampliar esa moratoria hasta el final del año 2021.

Chiu dijo que la inseguridad de la vivienda es la mayor dificultad que enfrentan las comunidades inmigrantes durante la pandemia y su propuesta considera también alivio para los arrendadores o propietarios de vivienda.

No todos recibieron ayuda

Fernando,  empleado de una agencia de jardinería en San Diego, platicó que intentó obtener  la ayuda de $500 dólares que ofreció el gobierno de California a indocumentados para enfrentar la pandemia.

“En esas semanas no tenía trabajo, el dinero me habría caído muy bien, pero en el teléfono que me dieron para que pidiera esa ayuda no me contestaron”, explicó.

Dijo que por tres días en diferentes horarios intentó comunicarse y en una sola ocasión lo pusieron a la espera y más de una hora después nadie le contestó y colgó. Nunca pudo conseguir el apoyo.

“Los $500 es lo que pago de renta con los (tres trabajadores) que comparto el departamento. Ahora sí ya tengo de nuevo trabajo, pero les estoy abonando, les debo, qué se yo, como unos cinco meses, lo que me habían prestado para comer”, dijo.

Fue la única posibilidad de ayuda que habría tenido durante la pandemia. Iba a ser uno de unos 150,000 migrantes indocumentados a quienes ayudara el estado de California a enfrentar la crisis sanitaria luego de que el gobierno federal excluyó a los indocumentados de recibir el cheque de estímulo económico de $1,200 dólares. /Esta nota se hizo con información de EFE.

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