COVID-19 reduce número de inmigrantes en detención, pero alarga su estancia

Un segundo reporte del Departamento de Justicia de California arroja luz sobre las condiciones de confinamiento

Quieren diversificar la economía de ciudades que dependen de las cárceles.(Getty Images)

Quieren diversificar la economía de ciudades que dependen de las cárceles.(Getty Images) Crédito: John Moore | Getty Images

La lucha librada durante 2020 por organizaciones pro inmigrantes para evitar que los migrantes en detención  se contagiaran de COVID, generó que el número de adultos en custodia del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) en el  país se redujera, pero al mismo tiempo aumentó la cantidad de días que los mantuvieron privados de su libertad.

Un reporte del procurador de California Xavier Becerra precisó que mientras en febrero de 2020 se tenían detenidos 38,876 inmigrantes, para septiembre habían 19,989. Sin embargo, el promedio de días en detención aumentó de 103.2 a 126 días. Aunque se dio el caso de un detenido en el Centro de Otay Mesa que duró bajo custodia 1,515 días.

En California, entre febrero y septiembre se tuvieron más de 3,200 detenidos de 90 países entre los que destacan México, India, El Salvador, Camerún, Honduras, Guatemala, Cuba y China.

“Sin importar tus circunstancias o de dónde vengas, cada ser humano merece ser tratado con dignidad y respeto. Esto incluye a los inmigrantes que están en detención civil mientras sus casos son procesados”, dijo el procurador Becerra.

Xavier Becerra siempre buscó la transparencia de los centros de detención migratorios. (AFP/Getty)

Este es el segundo informe sobre la operación de los centros de detención del estado que elabora el Departamento de Justicia de California, cuyo fin es aumentar la transparencia en torno a las condiciones bajo las cuales viven los inmigrantes en custodia civil.

“Este reporte es fundamental para poner luz sobre las condiciones de confinamiento. California lo demanda y todos nos beneficiamos del aumento de la transparencia”, indicó Becerra.

Y señaló que uno de los valores medulares de lo que somos como país, es cómo tratamos a aquellos bajo nuestro cuidado. “Estoy agradecido con las personas detenidas cuya asistencia fue crítica para destacar los desafíos sistemáticos”.

En 2017, la legislatura de California aprobó la medida AB 103 que ordena al Departamento de Justicia, revisar y reportar sobre las condiciones de los centros de detención migratoria hasta el 1 de julio de 2027. Esto como respuesta a las crecientes preocupaciones con relación a estas facilidades, en particular con respecto a cinco que permanecen en operaciones en el estado.

En este segundo reporte se examinaron tres centros de detención privados: el de Adelanto Processing Center, Otay Mesa Detention Facility y el Imperial Regional Detention Facility.

Los reportes iniciales llevaron al procurador Becerra en abril de 2020, a urgir al Departamento de Seguridad Nacional a tomar acciones inmediatas para minimizar la propagación de COVID-19.

Sigue la preocupación por las condiciones en el Centro de Detención de Adelanto. (cortesía)

Se detectaron desafíos sistemáticos en tres áreas:

Sistemas de Clasificación de Seguridad: Es muy difícil para los inmigrantes detenidos recibir una clasificación de custodia baja, y muy fácil que les den una categoría alta basado en las condenas y arrestos previos. Pero se ignora factores atenuantes como su contribución a la comunidad antes de la detención y su buena conducta mientras están en custodia.

Condiciones de restricción de vivienda: Muchos inmigrantes pueden ser puestos en aislamiento por muchos meses por razones que no tienen que ver con un castigo sino por protección, lo que puede agravar los síntomas de quienes sufren condiciones de salud mental.

Acceso al idioma: Las barreras en el idioma para quienes no hablan y leen en inglés, previenen el acceso a los programas de educación, materiales legales, comunicación esencial y formas para solicitar atención médica.

Acción, no más reportes piden organizaciones pro inmigrantes. (Getty Images)

El pastor Guillermo Torres, organizador de la Red de Justicia Económica de Clérigos y Laicos Unidos (CLUE), dijo que la reducción en el número de detenidos de Adelanto, fue posible gracias a la movilizaciones de organizaciones y grupos legales, y a que en octubre, un juez federal del Valle Central de California ordenó al ICE cumplir con una orden del 20 de abril para liberar a los inmigrantes detenidos con factores de riesgo que aumentan sus probabilidades de contagiarse de COVID-19. 

Liberaron a 250 en octubre, pero las condiciones que hacen posible que los inmigrantes con condiciones preexistentes y salud vulnerable se contagien de coronavirus, siguen presentes en Adelanto”, lamentó.

Y urgió al Departamento de Justicia de California a dejar de hacer reportes que arrojan lo que ya saben las organizaciones pro inmigrantes. “Es tiempo de tomar acción y responsabilidad para parar los abusos de esos centros de detención”.

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