Hay 38,000 cuerpos sin reconocer y miles de desaparecidos más en tiempos de la 4T

MEXICO.- Lucía Díaz, fundadora del Colectivo Solecito que busca a familiares de desaparecidos en México es tajante para rechazar las cifras oficiales: “No son más de 80,000 como se dijo recientemente; son más de 200,000 y muchos miles en esta administración”.

Entre los más de 70 agrupaciones de madres y padres; hijos, hermanos y parientes en general  que buscan a los  suyos,  la veracruzana Lucía  Díaz es uno de los rostros más visibles por la constancia en la denuncia, su capacidad de organización y la imparable  determinación por encontrar a su muchacho Luis Guillermo Lagunes Díaz, quien desapareció en 2014.

Desde entonces ha dirigido la exploración de fosas, enfrentado a autoridades; fiel a marchas y  plantones, a proponer ideas para fundar instituciones de apoyo oficial y en el camino ha visto de todo, del dolor más profundo a la negligencia, la corrupción y hasta el desdén más vil por la vida como cuando en los servicios médicos forenses (dependientes de las procuradurías) se niegan a llamar a los familiares.

“He visto como mandan a los cuerpos a la fosa común aún con la credencial de identificación en mano”,  detalla en entrevista con este diario.

—¿Por qué no llaman a la familia? —preguntó en cierta ocasión.

—No es nuestra función. Las que tienen que buscarlo es la familia.

De esa manera miles  de cuerpos fueron  enviados a  las  fosas comunes aún cuando se sabía el nombre, el apellido y la dirección; en otros casos, se tenían fotografías o huellas dactilares y muchos, efectivamente, eran irreconocibles por la desfiguración del rostro a través de químicos o por el paso del tiempo y la descomposición.

Como sea, uno a uno se fueron sumando. Actualmente los 38,000 cuerpos en resguardo del estado cuyo reto “titánico” es saber su identidad y  buscar a sus familias. “Tenemos a gente buscando y cuerpos esperando por una identificación”.

Para dar respuesta a este desorden, las asociaciones de búsqueda de desaparecidos —alrededor de 70 en todo el país— propusieron la creación del “Mecanismo de Identificación” que permitirá empatar a buscadores y  buscados.

En este momento hay una convocatoria para seleccionar a quienes dirigirán el proyecto que contará con la participación de expertos en genética, en antropología forense y otras especialidades que integrarán una base de datos disponible para las familias que hayan perdido a alguien.

“Ese es otro reto: muchas familias dejaron de buscar por cansancio, por miedo o por tristeza”.

El Mecanismo de Identificación que incluye la construcción de 12 centros especializados son dos de los avances  en el tema que se han consolidado en la presente administración federal;  a nivel local, los estados han sido muy disímiles en en la atención.

En el estado de Veracruz, por ejemplo se  asignó un presupuesto para la Comisión de Búsqueda porque anteriormente eran los familiares quienes financiaban con dinero y con sus propias manos. “Fuera de eso no hay más como en la mayoría e los estados”, precisa Lucía Díaz.

¿Desobligación?

A pesar de la pandemia, del riesgo de contagio por el contacto físico, de las restricciones a la movilidad, en los últimos seis meses, el registro de personas desaparecidas en el país aumentó 13% y oficialmente pasó de 73, 218, en julio pasado a 82, 825 al corte de enero . Adicionalmente hay al menos 37,000 fosas clandestinas.

Esto significa, en los cálculos más conservadores que no toman en cuenta la ausencia de denuncias, que en los últimos seis meses desaparecieron 9,607 casos mientras en los últimos meses la Fiscalía General de la República (FGR) empuja una iniciativa de ley que, de aprobarse… ¡ la excluiría de la estrategia nacional para localizar a las personas!

“Las autoridades de un Estado no se pueden zafar de esa obligación y tampoco pretender que la FGR no tenga funciones esenciales en la búsqueda”, declaró Santiago Corcuera, miembro del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda.

En pocas palabras, dejaría a los civiles la responsabilidad que como Estado le corresponde, concluyó Corcuera para darle voz a diversas organizaciones civiles y de víctimas que le solicitarán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las 32 comisiones estatales que preparen acciones de inconstitucionalidad en contra de la mencionada norma para interponerlas.

Ante la inacción del gobierno en la búsqueda de desaparecidos, los familiares llevan años de hacer las funciones de agentes del ministerio públicos al encabezar y empujar las averiguaciones desde sus propias trincheras en el mejor de los casos con asesorías de las fiscalías; en otros, con  éstas en contra por complicidad y omisión.

Así han improvisado excavadoras y localizadores; han cavado con sus manos hasta dar con cementerios clandestinos.

Desde 2006 se han localizado 4,092 fosas clandestinas con 6,900 cadáveres. Más de 1,200 de esos enterramientos con casi 2,000 cuerpos se localizaron durante la actual administración.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha justificado esta situación a la “podredumbre” que le heredaron  y ha pedido paciencia, pero a más de dos años, los afectados comienzan a pedir cuentas por viejas y nuevas facturas.

Los buscadores de familiares son más perseguidos  que nunca. En los primeros  días de enero, organizaciones defensoras de derechos humanos que integran Alerta Temprana, condenaron y emitieron un pronunciamiento urgente por las amenazas de muerte contra Yoltzi Martínez Corrales, activista en el tema oriunda del estado de Guerrero.

En una carta enviada al Ejecutivo explicaron que el martes 12 de enero de 2021, por la tarde Yoltzi Martínez Corrales recibió una llamada telefónica de un numero privado para decirle “hija de tu puta madre bájale” a lo que respondió “bájale tu” y colgó.

Al día siguiente, Martínez Corrales observó una patrulla del estado tomando los datos de un vehículo que le habían prestado y que estaba estacionado afuera de su vivienda, sin embargo no le dio importancia; a la 1:40 de la madrugada, el vehículo fue incendiado.

En otro caso, Elvira Gómez López, quien busca a dos hijos desaparecidos desde 2013, fue secuestrada por personas que la interceptaron cuando ella viajaba en motocicleta y la subieron a un vehículo con vidrios; tras la denuncia por parte del colectivo de búsqueda,  apareció con vida  y   sin dar detalles de su condición.

¿Cambios?

El 14 de enero pasado, el  Colectivo Buscadoras Guanajuato y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato llamaron al presidente de México a reconocer que algunas de las desapariciones que hacen los grupos delictivos  no son  por “andar en malos pasos”.

Guanajuato y Jalisco son dos entidades que en los últimos tres años mantienen un repunte  en el número de denuncias de personas desaparecidas  con  múltiples perfiles. Aunque no  es algo nuevo  en el país, la  región no había estado bajo la amenaza permanente de una disputa territorial  de organizaciones criminales como la que actualmente encabeza el  Cartel Jalisco Nueva Generación.

David Saucedo Torres, especialista en temas de seguridad de Guanajuato, explicó que han sido identificados cinco tipos de privaciones ilegales de la libertad de las persona  en  la localidad: con fines de explotación sexual, por ser objetivos de un grupo delictivo rival, por parte del propio grupo criminal que lo enroló y para explotación laboral.

Familiares de guanajuatenses afirman que, en los  últimos tiempos, hay  más casos de reclutamiento forzado como ocurrió con Alfonso, hijo de Joaquín Hernández, quien reveló a medios locales que el12 de marzo pasado recibió una llamada a su celular del chico que apenas había cumplido los 16 cuando un  grupo de  encapuchados lo  secuestró.

“Papá, están matando a toda la gente. A mí me tienen empacando droga”, dijo.

La llamada fue rastreada por la fiscalía local y así se supo que se había  sido realizada en la frontera entre Jalisco y Michoacán. Desde entonces, ambos estados, igual que en Guanajuato, se pasan la factura de dónde ocurrió, de dónde era el chico, de cuál tiene la jurisdicción…

“El cambio de gobierno no cambió nada, los delitos siguen sin atenderse”.

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