El feminicidio escondido en los territorios indígenas mexicanos

MEXICO.- El asesinato de Mariana Sánchez, una médica de 24 años que hacía su servicio social en una región indígena, volcó la atención al estado de Chiapas, uno de los municipios que concentra la mayor cantidad de etnias del país y una de las regiones de mayor impunidad contra las mujeres oriundas… ¡casi del 100%!

Mariana Sánchez no era indígena pero igual murió cuando intentaba abrirse paso en el complicado mundo del servicio social mexicano que la llevó al municipio de Ocosingo en su carrera por adquirir práctica en la medicina. Ahí fue atacada sexualmente por un compañero al que denunció ante las autoridades. Poco después fue estrangulada.

Sus colegas llevaron la protesta a las calles durante varios días hasta y la fiscalía estatal tuvo que dar cuentas. En las últimas horas detuvo por abuso de autoridad a la directora de la clínica donde se encontró el cadáver de Mariana Sánchez porque la jefa no tomó “medidas contra el agresor” a pesar de saber que había un proceso judicial y a petición de la víctima.

Aún no se sabe del paradero del violador, pero es un logro que la fiscalía se mueva por un caso de femicidio, observan activistas en contra de la violencia de la mujer en regiones  indígenas; en otros casos, ni siquiera se registran como feminicidios o no se registran.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), organismo oficial para contabilizar todo en México, reconoce sólo 99 feminicidios de habla indígena en los últimos años. La cifra, lejos de dar alivio por el hecho de reconocer el problema, es motivo de indignación.

En el seguimiento de Frida Guerrero, una activista que lleva un registro paralelo con base en los principales diarios del país, reconoce una cifra similar pero… ¡cada seis meses! Y lo peor, dice, es que el Estado mexicano insista en no reconocer que se agrede a la mujer por razones de género. O sea, feminicidio.

El sub secrerario de Gobernación, Alejandro Encinas, sigue hablando de “homicidio de mujeres”.

Neil Arias, abogada del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan (Guerrero), coincide en qué hay un subregistro incalculable del número de mujeres justo por esa causa: por la negativa de las autoridades de hacer los registros como feminicidios.

Ocurrió en el caso de Nereida, una  joven Mixteca  de 20 años y su hija Yamil, quienes en julio de 2020 aparecieron colgadas en su casa. El esposo dijo que “se habían suicidado” y la fiscalía General del Estado así lo documentó a pesar de denuncias previas de violencia por parte de su pareja.

“Se lo dijo a la familia y  a las amigas. Era sabido en su círculo que desde que conoció a Lenin en la universidad, éste le ejercía violencia verbal, física, psicológica: los pasos previos a un feminicidio”, advierte la abogada. “Se casó por presión de la familia porque en la montaña sienten que hay más seguridad para las mujeres así; la realidad es que el principal agresor de las mujeres indígenas son los esposos”.

Los padres lo entendieron hasta que llegaron a ver los cuerpos colgados de su hija y la nieta y por eso tomaron el video para documentar y buscar ayuda. Así llegaron al centro Tlachinollan, cuya sede se ubica en la región de la Montaña en Guerrero.

Hoy pelea por la necropsia en el camino de determinar la causa de muerte y donde se sabe que es un largo camino para hacer justicia. En otro caso que pelan desde 2015 apenas hace unos meses se logró la orden de aprehensión contra cuatro individuos cómplices de un marido agresor.

Las razones

El Estudio Nacional sobre Violencia de Género contra Mujeres en Regiones Indígenas realizado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en México, detalla que la violencia contra mujeres indígenas incluye diversos tipos de maltrato, exclusión, discriminación y agresión que derivan en feminicidios.

El documento revela además cómo la falta de educación, el desconocimiento del idioma español y la falta de recursos económicos las deja en la cifra negra del olvido y como ejemplo de que se puede delinquir sin consecuencias. Otro ingrediente en el coctel mortal contra las mujeres es el derecho de las comunidades indígenas de tener su propio sistema de justicia.

“Las comunidades se rijan por usos y costumbres muchas veces no permiten que se haga la investigación”, dice la activista Frida Guerrera, quien lleva un contabilidad de asesinatos paralela a la del Estado con base en registros de prensa.

“En Chiapas, cuando se llega a hallar el cuerpo de una niña o una mujer asesinada en estas comunidades no permiten que se le practique una necropsia, obviamente esto no ayuda a arrojar algún dato de prueba que ayude o haga algo. Ellos llegan, simplemente se llevan los cuerpos, los sepultan y ya”.

En el caso de la montaña de Guerrero, en Oaxaca, en Puebla,  Estado de México y Chiapas se ha documentado casos donde los agresores son juez y parte en procesos de hacer justicia de los feminicios en sus comunidades donde tienen el control por ley indígena.  Entonces, no hay quién les exija cuantas y suele haber complicidades de género en esos sistemas

La activista Guerrera explica que en los pocos casos de feminicidios indígenas que son resueltos (y los cuenta con una mano) es porque quien está a cargo se ve presionado políticamente y porque la comunidad lo permite.

En el mayor número de casos, toca a las familias llevar el drama en soledad o con ayuda de defensores de derechos humanos aunque no siempre estás organizaciones alcanzan a dar cobertura a todos los rincones de la complicada geografía de los pueblos indígenas.

El papel de los activistas en estos casos es de vital importancia por la barrera del lenguaje. Frida Guerrera destaca el caso de una niña que se encontró muerta el 16 de abril en la carretera Mexico- Puebla. La mamá comenzó a buscarla pero no hablaba español, no podía darse a entender y sólo pudo obtener pistas de la pequeña hasta que recibió ayuda de organizaciones.

Así supo que a pesar que  las autoridades hallaron el cuerpo de su hija y determinaron irresponsablemente que era el  de una prostituta de 30 años. ¡Karina tenía en realidad 13!

El reto

El trabajo de las fiscalías debería ser algo obvio: escuchar todas las versiones y tener varias líneas de investigación; en cambio, regularmente se van por la versión más sencilla como el caso de la montaña de Guerrero, donde el centro Tlachinollan solicitó reabrir el caso, exhumar a Nereida y su hija Yamil para que se les haga una necropsia.

Las autoridades simplemente reconocieron la muerte como suicidio porque así parecía y dieron el carpetazo a la investigación a pesar de las protestas de la familia y los amigos .

La diputada en Oaxaca Elisa Zepeda, quien preside la Comisión de Justicia del Congreso local, reconoce que en algunas ocasiones los ministerios públicos no están preparados o no se dan abasto (hay zonas con un MP para 300,000 habitantes) para cubrir todas las demandas de investigación o, muchas veces, los investigadores son intimidados por los agresores.

“Aún debemos a México las condiciones adecuadas para ser un verdadero Estado de Derecho”.

Mientras tanto, se acumulan casos. Desde el 2010, el centro Tlachinollan tomó en sus manos algunos de ellos. El más antiguo fue de una chica de 23 años se llamaba Guadalupe, asesinada junto a sus padres en la comunidad Me’phaa de Santa María Tonaya.

En el triple asesinato, dos eran mujeres y generó un antes y un después sobre el registro con un perfil de género. El yerno mató primero al papá para robarle seis meses de jornal por toda una familia y cuando se dio cuenta la esposa, también la mató, aunque era la madre de dos de sus hijos y estaba embarazada del tercero. El caso sigue sin sentencia.

Luego siguieron Flor, Maricela, Ricarda, Isabel, Mariana…

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