Inmigrante había demostrado que era inocente, pero aún así permaneció detenida

Lo que Antonia, una madre soltera centroamericana, califica como su calvario, comenzó un día como cualquier otro cuando se dirigía a su trabajo en Los Ángeles, fue detenida, acusada injustamente y presa hasta que se demostró que era inocente.

Fue un 11 de agosto de 2012 cuando Antonia condujo al estacionamiento de un restaurante de comida rápida, donde trabajaba y ese día tenía a su cargo abrir, cuando un vehículo del sheriff del condado de Los Ángeles se estacionó detrás de su auto para bloquearle el paso. El policía le pidió la licencia y el registro del auto.

Un momento después “me dijo que había una orden de arresto en mi nombre; luego todo sucedió muy rápido”, recordó Antonia.

Desconocía por qué la habían detenido. Le permitieron llamar a su novio, quien le prometió cuidar a su pequeña hija y conseguir pronto una fianza para que saliera libre. Pero no tardó en ser informada que ella no podía salir bajo fianza. Estuvo detenida diez días hasta comenzar a comprender por qué estaba en esas circunstancias.

Le mostraron un video de una distribuidora automotriz en que se veía a una pareja que pedía probar un auto nuevo. El hombre decía que era el cumpleaños de la mujer y que quería un auto de regalo, así que querían probarlo y dejarían la licencia de ella en garantía.

La mujer llevaba el cabello recogido como lo usaba Antonia y en el video se veía la fecha, el mismo día en que Antonia cumplía años, pero la licencia que la pareja entregó para llevarse el auto y nunca regresar le había sido robada a Antonia años antes, y ya estaba vencida cuando la usaron.

Sin embargo el abogado de oficio que representó a Antonia, le aconsejó que se declarara culpable, con lo que dijo, “solo estaría en la cárcel 15 años y después sería deportada”.

Al responder que no estaba dispuesta a aceptar un delito que no había cometido, la enviaron a prisión, donde nunca recibió analgésicos que le enviaban para un dolor que sufría desde hacía años, le robaban la comida, la humillaban, pero sin embargo dos mujeres criminales con las que compartía la celda le ayudaron más que el abogado.

Al repasar con esas mujeres cada paso de la acusación en su contra, Antonia recordó que el día del robo de esa auto había ido a trabajar y sus compañeros le celebraron con pastel y regalos.

Con esos testigos y la ayuda de su novio y de una nueva abogada, Antonia pudo recuperar documentos como la tarjeta que ponchó ese día al entrar y salir del trabajo, la versión de su gerente, y otros datos.

Cuando pensó que finalmente saldría libre para regresar a ver a su hija estadunidense, el sheriff la entregó, aún después de probarse que era inocente, a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que la deportaron.

Antonia dice que “desbarataron mi familia y mi hogar; perdí mi casa, mis ahorros, mis muebles”, todo.

Evy Peña, quien colabora desde la Ciudad de México con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), dijo a La Opinión que ayuda a tratar de localizar a miles de migrantes a quienes el sheriff del condado de Los Ángeles llevó a circunstancias con las que vivió Antonia.

“Buscamos casos de personas que hayan sufrido consecuencias por su condición migratoria, entre otras la deportación, por acciones del sheriff de Los Ángeles, entre octubre del 2010 y hasta junio del 2014”, dijo Evy.

“Sabemos que como mínimo fueron 18,500 personas pero pueden ser muchas más, y las buscamos porque tienen que recibir una compensación, que puede ser desde una $250 dólares hasta $25,000 dólares, dependiendo de la gravedad de cada caso”, agregó.

Las compensaciones las ganaron mediante una demanda colectiva en Los Ángeles la ACLU y una firma de abogados.

Peña dijo que el apoyo de los medios resulta muy importante porque desde Los Ángeles quienes lean la historia pueden avisar a personas que fueron deportadas en ese lapso de tiempo y como consecuencia de actos de la oficina del sheriff.

Los agentes del sheriff retrasaban la liberación de detenidos hasta que llegaban los agentes de migración,  una práctica que llamaban “retención de ICE” o “detención de migración”.

Hay tres clases de actos del sheriff integrados a la demanda colectiva y según cada caso son las compensaciones que se deberán entregar a los migrantes.

Son “por Cuarta Enmienda” a quienes se les retrasó la libertad en espera a que antes se presentara el ICE, “por Igualdad de Protección” para quienes fue imposible pagar fianzas para salir en libertad, y “sin fianza”, como el caso de Antonia, a quienes se les rechazó salir con el pago de fianza.

En un comunicado, la abogada Lindsay Battles, de la firma privada que colaboró en la demanda, dijo que se “responsabiliza al departamento del sheriff por miles de encarcelamientos ilegales”  y la demanda “proporciona una medida de compensación a cada persona afectada por sus políticas inconstitucionales”.

La abogada de la ACLU que llevó la demanda colectiva, Jennie Pasquarella, dijo en el mismo comunicado que espera que esta sea “una llamada de atención para todas esas agencias de aplicación de la ley en todo el país que hoy continúan encarcelando a personas ilegalmente por solicitudes sin orden judicial de ICE”.

Pasquarella comentó que en realidad el sheriff de Los Ángeles debiera responsabilizarse por los daños que ha causado a todas las personas a las que ha detenido ilegalmente.

La oficina del sheriff no respondió a lo inmediato a una solicitud para esta información.