Los agravantes son utilizados para dar sentencias más largas a minorías

Hay un racismo endémico en el sistema de justicia angelino, coinciden abogado y dirigente.

De acuerdo con datos oficiales, la población carcelaria en Los Ángeles es 53 por ciento latina.

De acuerdo con datos oficiales, la población carcelaria en Los Ángeles es 53 por ciento latina. Crédito: ACLU- Sur de CA | Impremedia

Brock Turner violó reiteradas veces a una joven inconsciente y la abandonó detrás de un basurero. Las autoridades lo detuvieron, fue llevado ante la corte y juzgado por tres cargos que lo habrían enviado a prisión 14 años, pero el fiscal solo pidió que fueran seis años, y el juez lo condenó a seis meses de prisión. Salió libre a los tres meses.

El abogado Luis Carrillo platicó a la Opinión que es un caso que no puede olvidar porque refleja “todo el racismo que impregna al sistema de justicia; como el acusado era blanco, el juez consideró que castigarlo, después de cometer una violación, ¡podría impactar al joven anglo!”.

El padre de Turner dijo que le parecía excesivo castigar a su hijo “por 20 minutos de acción”; mientras que el acusado argumentó que todo se debía a “la cultura de andar en fiestas” a la que “no estaba acostumbrado porque llegué de Ohio”.

Cuando Turner iba a salir de prisión tras tres meses, el entonces vicepresidente Joe Biden, en el 2016, escribió una carta a la víctima, Emily Doe; “te falló quienquiera que se atreviera a cuestionar esta verdad clara y simple: el sexo sin consentimiento es violación. ¡Es un crimen, punto!”.

“¿Qué habría pasado si el acusado fuera un latino?”, cuestionó el abogado Carrillo al reconocer que “la reforma al sistema judicial racista se ha prometido y se ha incumplido desde la golpiza a Rodney King en Los Ángeles”.

Dijo que “los años pasan y cada vez que hay un abuso de fuerza de parte de las autoridades, se cuestiona que desde la década de los años noventa no haya entrenamiento o cambio de reglamento que detenga el racismo endémico”.

Carrillo, abogado experimentado en casos criminales, pero que se ha enfocado en la última década en llevar ante la justicia a agresores sexuales de las escuelas, dijo que encuentra en lo cotidiano la diferencia clara no solo en los casos policiacos, sino en fiscalías y cortes.

“Los policías se basan en perfiles raciales, pero cuando se trata de acusados blancos, yo no veo en los fiscales esa urgencia que tienen por mandar a los latinos y afroamericanos a la cárcel; cuando los acusados son blancos no veo a los fiscales con esa urgencia por sumarles agravantes para que tarden en salir de prisión como lo hacen con los latinos”, dijo.

El caso de Stanford que impresionó al abogado Carrillo ocurrió en el 2015, Turner fue condenado más de un año después a solo un semestre pero salió de prisión antes de un trimestre después.

El dirigente Pablo Alvarado, de la Asociación Nacional de Jornaleros, dijo por su parte, también en plática con La Opinión que “a nosotros, por ser latinos, por ser inmigrantes, por ser muy visibles, estamos vulnerables y los departamentos de policía y del sheriff nos eligen para experimentar sus nuevas iniciativas de vigilancia”.

A los jornaleros, la gente los asocia, por prejuicio, con cualquier problema que surja en los vecindarios, “esto hace que cualquier persona que tenga sentimiento antiinmigrante se sienta con el poder de llamar a la policía”.

En Los Ángeles recientemente la policía y el sheriff han recibido frecuentes llamadas de personas que “se quejan de que los jornaleros, no guardan distancia aconsejable en la pandemia, o que alguno no tiene bien puesta la mascarilla, o que la olvidó”.

“Esto es algo que jamás se ve que suceda en vecindarios de gente rica”, agregó; “a un vecindario de gente rica la policía no va a ver si en una fiesta guardan distancia y usan mascarilla”, como sí lo hace con trabajadores que ofrecen sus oficios en las inemdiaciones de ferreterías.

El dirigente nacional explicó que hay inclusive una razón histórica que determina de origen una actitud frecuentemente encontrada entre agencias del orden.

“Hay que recordar que los departamentos de la policía y del sheriff inicialmente se formaron en el país para perseguir a los negros esclavos que se atrevían a huir”, dijo, “esto no quiere decir que no haya departamentos que quieran hacer honestamente cambios, pero que encuentran resistencia”.

La diferencia de enfoque de las autoridades, según se trate de acusados latinos o blancos, se refleja en las prisiones. Más de la mitad de los presos en el condado de Los Ángeles son latinos, una cifra que significa más del triple que los blancos en las prisiones.

De acuerdo con datos oficiales, la población carcelaria en Los Ángeles es 53 por ciento latina, 29 por ciento negra y 15 por ciento blanca.

Uno de cada cuatro dólares de presupuesto en el condado de Los Ángeles –el 27 por ciento—, o $3,300 millones de dólares, es para el sheriff, y de ese presupuesto, la oficina del sheriff 2 millones 274 mil dólares diarios en cárceles.

La política de aumentar castigos y cárcel ha llevado a que en Los Ángeles la cárcel central está llena en 129 por ciento, la de Torres Gemelas en 138 por ciento, la regional Century en 126 por ciento; Pitchess Centro Norte en 172 por ciento, Pitchess Centro Sur en 187 por ciento, la correccional del norte del condado en 177 por ciento, según cifras de Los Ángeles Almanac.

Agravantes

El abogado Carrillo explicó que las fiscalías insisten en incluir en casos contra latinos y afroamericanos los antecedentes de cualquier tipo para acumular agravantes, por lo que reciben sentencias más severas y prolongadas, “algo que no se ve que suceda con los casos en los que los acusados son blancos”.

En esto coincide con el fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascón, quien ordenó al personal de su oficina que suspendiera la práctica de recurrir a agravantes.

El personal de la fiscalía demandó hace unas semanas a Gascón por esa directriz, pero la corte solo falló en favor de los fiscales asistentes que pueden unir agravantes y antecedentes solo cuando se trate de la ley de los “Tres strikes y fuera”.

Esa ley acumula tres delitos graves, como asalto a mano armada, para impedir que los acusados salgan en libertad condicional y sus sentencias más amplias.

La corte concedió al fiscal Gascón la autoridad para que sus asistentes dejen de agregar agravantes en todos los demás casos. El fiscal Gascón ahora prepara una apelación para los casos de tres strikes.

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