¿Corrupción en el gobierno de AMLO? Tres datos

MEXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó a uno de los organismos democráticos que facilitaron su llegada al poder: la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la institución que vigila los dineros públicos, después de que ésta concluyó que hubo manejos turbios por alrededor de 650 millones de dólares durante su primer año de gobierno.

“Yo tengo otros datos”, dijo al ser cuestionado y retó a la auditoría como si se tratara de un asunto político y no de números . “No le den armas a mis adversarios”.

No es la primera vez que la ASF señala irregularidades a la administración de un presidente; de hecho, fue punto de partida de investigaciones en contra de los antecesores de AMLO en el poder como ocurrió en 2018 cuando señaló al gobierno de Enrique Peña por inconsistencias que sumaban 1,440 millones de dólares.

La auditoría emite sugerencias, solicita investigaciones y sanciones, pero es responsabilidad del Ejecutivo y su equipo tomar cartas o no. Pero, ¿de qué se le acusa a la administración de AMLO?

1.Empresas fantasma y desvío de recursos

Rogelio quería trabajar en el ayuntamiento de Tetipac, en el estado de Guerrero, a principios de 2019 y por ello había enviado su currículum y documentación a una amiga que trabaja ahí. Los meses pasaron y ésta le llamó para decirle que no había empleo burocrático, pero una empresa lo inscribiría al programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro si a cambio él les cedía la mitad del dinero.

“Un moche, pues”, le dijo.

A Rogelio, de 22 años, “no le molestó”, cuenta en entrevista con este diario. “La empresa en realidad no existía, o sea, no tenía que ir a hacer algo, sólo tenía que prestar mi documentación y cobrar el cheque”.

Así ha pasado desapercibido dos años en el programa. No así para la ASF que detectó a 7,000 perfiles de ese tipo y otros casos como los 47 becarios que recibieron alrededor de 25,000 dólares sin justificar o los 34, 000 empleados de gobierno a los que se les dio una beca diseñado para muchachos sin estudio ni empleo.

En ese contexto,  la ASF determinó que se debe de aclarar por qué si se gastó alrededor de 2.5 millones de dólares en una plataforma digital ésta no cuenta con mecanismos de control y procedimientos para verificar a los aspirantes y beneficiarios del programa  y a las empresas que supuestamente los contrataba para capacitarlos.

Así, la Auditoría encontró pagos de becas posteriores a la fecha de fallecimiento de becarios e inconsistencias en los “Centros de Trabajo” que fueron reportados como el lugar de empleo, pero que, al visitarlos estaban abandonados. También usurpación de datos de las empresas para justificar pagos por 250,000 dólares.

2. Pagos injustificados

La ASF detectó que el Ejército, encargado de las obras estrella de la Cuarta Transformación, realizó “contrataciones indebidas” y omisiones administrativas en el arranque de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles porque no hay documentación que justifique a compra de 49 terrenos aledaños al aeropuerto por alrededor de 13 millones de dólares.

Tras la respuesta del presidente a este punto la semana pasada, el auditor federal reconoció que hubo algunos errores y se comprometió a revisarlos.

Los militares están en la lupa de las finanzas porque están a cargo de algunas de las principales obras de esta administración, incluyendo la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, y sin embargo sólo transparentan una quinta parte de los datos con el argumento de que se trata de “información confidencial”.

De lo poco que se sabe es que para el Tren Maya  pagaron asesorías legales al despacho Woodhouse Lorente Ludlow y asesorías financieras a la empresa Price Water House Coopers que se justificaron con sueldos mensuales desproporcionados como el de un pasante que gana 10,000 dólares; un directivo, 50,000 dólares y a un analista 15,000 en tiempos en que el presidente promueve la austeridad.

Por observaciones similares están en la mira los “Servidores de la Nación”,  personas contratadas por la Secretaría del Bienestar para entregar los beneficios de los programas sociales del gobierno federal cuyos gastos fueron también auditados por la ASF con hallazgos interesantes por probables daños a las finanzas públicas por16 millones de dólares .

En resumen, muchos de ellos no cuentan con la documentación ni comprobantes fiscales digitales que prueben que están contratados. Además, la dependencia encargada hizo transferencias bancarias por 4.3 millones de dólares a tres cuentas bancarias que carecen de documentación que confirme que son “Servidores de la Nación”.

Los auditores detectaron que 138 “Servidores” tenían otros empleos en la misma Secretaría del Bienestar. Además, 335 recibían honorarios por ser prestadores de servicios profesionales para el programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

3. Adjudicaciones directas

Aunque ya había denuncias previas, la auditoría concluyó que  la Secretaría de la Defensa Nacional contrata empresas sin licitar. Al dedo: tú sí, tú no. A una de ellas la escogió, según la ASF, aunque había sido multada e inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública, sancionada por la Comisión Federal de Competencia Económica y contribuyente incumplida que emitía comprobantes fiscales digitales inexistentes.

En otro caso, en la Refinería de Dos Bocas,  la Auditoría encontró un contrato con sobre costo por 1.7 millones de dólares por la utilización de un tractor por parte de la empresa Van Oord de México que ya había sido denunciada por “compadrazgos”.

Según la senadora Xóchitl Galvez, uno de los socios de la compañía, Juan Carlos Fong, es un amigo cercano de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y por eso se benefició de contratos para la refinería que se construye en el céntrico estado de Hidalgo.

“En lugar de superar los viejos vicios en lo que refiere a las adjudicaciones directas, (la 4T) ech´O mano de ellas con singular alegría”, observó Eduardo Cruz,  director del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Observaciones similares tiene la Secretaría de Cultura. La ASF destaca que ésta suscribió contratos de manera conjunta con outsourcings como Lore Soluciones Integrales Empresariales de Sinaloa, Visión y Estrategia de Negocios, Firmeza Jurídica y Gestión Empresarial por 9.5 millones que sólo justificó con tres palabras: “informes de actividades”. Y no dijo más.

Seguir Leyendo: Dos mexicanas con visa de trabajo en EE.UU. se enferman de COVID y… ¡las despiden!