Organizaciones defensoras de inmigrantes intensifican acciones contra proyectos antiinmigrantes en Carolina del Norte

Un coalición de 30 organizaciones defensoras de los inmigrantes intensificó sus esfuerzos contra dos proyectos de ley antiinmigrantes que avanzan en la legislatura estatal de Carolina del Norte y que han generado temor y preocupación en la comunidad hispana.

Se trata de las iniciativas SB 101, que obligaría a los alguaciles a colaborar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y la HB 62, que permitiría a cualquier persona demandar a los gobiernos locales por no cooperar con esa agencia federal.

“Estamos haciendo presión, asegurándonos de que los electores les dejen saber a los representantes y senadores que están en contra de las propuestas”, dijo a Efe Stefania Arteaga, estratega de derechos de los inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en Carolina del Norte, que forma parte de la coalición Alianza de Derechos de los Inmigrantes de Carolina del Norte (AICN).

Arteaga indicó que las organizaciones también están enviándole el mensaje al gobernador del estado, el demócrata Roy Cooper, de que “la comunidad está en contra de estas propuestas antiinmigrantes, para comenzar a abogar por el veto”, porque consideran que al menos una de ellas llegará hasta su despacho.

The #nc House passed #HB62 today. But there's still time for you to urge your state Senators to reject the anti-immigrant bill when it gets to their chamber. Take action today at https://t.co/qHPKa6FIng pic.twitter.com/6ox55ISaht

— ACLU of North Carolina (@ACLU_NC) March 10, 2021

La estratega de ACLU cree que la SB 101, que fue aprobada la semana pasada por el Senado estatal con 27 votos en favor y 20 en contra, seguramente recibirá el visto bueno de la Cámara de Representantes y pasará luego a Cooper para que la promulgue o la vete.

“A la SB 101 le hemos puesto ‘Enséñame tus papeles’ y busca convertir en ley estatal que los alguaciles detengan a las personas para inmigración por 48 horas. Es una propuesta similar a la de 2019, que se presentó después de que varios candidatos a alguaciles aspiraron a los puestos con campañas para terminar su relación voluntaria con ICE, y eso les molestó a los legisladores”, expuso.

Enlisting local officers to help enforce federal immigration laws also encourages racial
profiling. Across the country, community members have been targeted for arrest or detention based on their name, skin color, or accent. @NC_Governor Cooper #stopSB101 https://t.co/OaLFPm372Z pic.twitter.com/uA2LC5deEd

— ACLU of North Carolina (@ACLU_NC) March 11, 2021

Uno de ellos fue Garry McFadden, el comisario del condado de Mecklenburg, donde se encuentra la ciudad de Charlotte, que suspendió el controversial programa 287(g), que establece un acuerdo de colaboración entre agencias del orden locales y el ICE, en diciembre de 2018, poco después de ganar las elecciones.

El proyecto de ley HB 62, por su parte, que avanzó esta semana al Senado estatal tras ser aprobado por la Cámara de Representantes, “es la misma propuesta que vimos hace dos años, que trata de hacer cumplir la ‘ley estatal antisantuario’, dijo Arteaga.

“La HB 62 abriría la puerta para que cualquier persona pueda demandar a municipios por no cooperar con ICE, aunque sean de otro estado, ciudad o condado. Esta propuesta no requiere que la persona muestre que hay daño y no hay límites en el número de demandas”, señala la petición que impulsa ACLU para que miembros de la comunidad se la envíen a sus legisladores.

La AICN la conforman, además de ACLU, una treintena de organizaciones, entre ellas Hispanic Federation, Acción Política Latina, Comité de Acción Popular, Comité Popular Somos Raleigh y Compañeros Inmigrantes de las Montañas en Acción (CIMA).

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