El caso Felix Salgado pone a prueba justicia electoral en México

MEXICO.- En medio de las campañas electorales  de este país se divulgó que José Luis Vargas, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), está otra vez está en la mira por presuntos malos manejos de dinero y que por ello la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una institución dependiente del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo investiga.

Vargas es uno de los funcionarios del tribunal que decidirá si Felix Salgado y Raúl Morón, seguirán como candidatos del partido Morena a la gubernatura de Guerrero y Michoacán, respectivamente, después de haber violado la ley electoral al no reportar sus gastos de pre campaña, uno por alrededor de 1,000 dólares y el otro por 600 dólares..

Por ello, los partidos de oposición creen que el presidente está usando una vieja investigación en contra del magistrado para presionarlo a operar dentro del TEPJ a favor de los candidatos que están ahora en sus manos.

“Es un acto de intimidación”, advierte Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en entrevista con este diario. “Establecer un procedimiento penal y de enriquecimiento ilícito a través de la Unidad de Inteligencia Financiera es una abierta amenaza: o votas a mi favor o te echo encima a la UIF”.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, cuyo titular es nombrado por el presidente, investiga las cuentas del magistrado presidente desde 2009.

En ese tiempo, la prensa local denunció, con base en documentos oficiales, que Vargas cuadruplicó sus ingresos en sólo cuatro años y que las autoridades investigaban depósitos y manejos millonarios en sus tarjetas, así como la compra de inmuebles como un departamento de 6.8 millones de pesos en Las Lomas de Chapultepec, entre otros depósitos.

Del caso se supo poco posteriormente. Revivió en las últimas semanas. Justo en medio del debate político que arrancó con la disposición del Instituto Nacional Electoral (INE) de quitarle las candidaturas a los aspirantes de Morena por los incumplimientos y darle un plazo de dos días para nombrar a otro.

Entonces Morena llevó al caso al TEPJF donde el magistrado Vargas comenzó a tener comportamientos extraños, según denunciaron políticos de oposición. “Es obvio que responde a presiones del presidente y del partido”, advierte Zambrano, del PRD, el partido que tiene como candidata en Guerrero a Mario Moreno.

José Luis Vargas fue el único magistrado que votó a favor de Félix Salgado y en contra de cancelarle su registro como candidato a la gubernatura de Guerrero. Para Vargas, Salgado Macedonio sí presentó (aunque tarde) su informe de gastos, además de que consideró que retirar la candidatura como lo hizo el INE fue una sanción excesiva.

Luego, sin explicación alguna, la Sala Superior TEPJF pospuso por segunda ocasión la sesión en la que definirán si van o no las candidaturas a pesar de que un grupo de integrantes del TEPJF reclamó explicaciones en un documento: “Consideramos que ello implica trastocar principios constitucionales que es nuestra responsabilidad guardar, tales como la certeza, transparencia y seguridad jurídica”.

En su carta, recordaron que “estamos en el proceso electoral más grande de la historia —se renovará la Cámara de Diputados y los gobiernos de 15 de las 32 entidades federativas —respecto del cual este Tribunal constitucional tiene una responsabilidad con la ciudadanía y los actores políticos”.

Acusados

Además de los magistrados del TEPJF, los consejeros del INE también han denunciado sentirse intimidados por tácticas sociales callejeras. Felix Salgado organizó manifestaciones en las cuales sugirió acarrear turbas a las casas de los consejeros. Micrófono en mano; sombrero campesino al aire, lanzó el siguiente discurso:

“No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova?¿Cómo está su casita de lámina negra que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, cabroncito?

Para Felix Salgado, las resoluciones de las autoridades electorales han sido “desproporcionadas” e “incongruentes”. En una carta de 40 cuartillas que envió al INE en número las razones de defender su candidatura y, con base en ellas, solicitó iniciar un juicio ciudadano en contra de los consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Claudia Zavala, Carla Humphrey, Dania Ravel y Jaime Rivera.

¿Por qué? Por haber votado en su contra, dijo, y violar su derecho a ser votado. Consideró que no se respetaron sus derechos humanos ni su  garantía de audiencia y acusó a su propio partido, Morena, por no presentar el informe de gastos de precampaña en tiempo y forma.

Félix Salgado ya había estado en peligro de perder su candidatura antes del escándalo de los gastos de campaña por acusaciones de violación y acoso sexual en  contra de dos mujeres. Sin embargo, el presidente lo defendió en varias de sus conferencias mañaneras y su postura influyó  en que Morena le confirmara la postulación pese al malestar de movimientos feministas.

El  INE acusó al mandatario de usar la conferencia mañanera como una especie de tribuna propagandística,  una actitud prohibida tajantemente por la constitución en tiempos electorales. Mediante un comunicado, el organismo electoral recordó que el 19 de abril pasado, la Comisión de Quejas y Denuncias impuso medidas para que AMLO evitará fijar posturas (como lo hizo en el caso de Felix Salgado) sobre los actuales comicios o promocionar sus logros como presidente.

Después de librar el escándalo por las acusaciones de ataques sexuales, Salgado enfrentó al INE  y ahora está en manos del TEPJF mientras comienza a popularizarse un nombre como posible sustituto en la candidatura por Morena: Luis Walton.

Walton fue exalcalde de Acapulco (igual que Felix Salgado), senador y diputado y es el único pre candidato de Morena que entrego el reporte de gastos de pre campaña, según el INE. Gastó alrededor de 25,000 dólares.

En la oposición se encuentran Mario Moreno Arcos (PRI-PRD), ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social del estado —durante la gestión de Héctor Astudillo—diputado Federal y local.

Irma Lilia Garzón, del PAN, ex funcionaria del ayuntamiento de Chilpancingo y ex diputada local y Ruth Zavaleta de Movimiento Ciudadano (MC) encargada de Finanzas del gobierno del entonces Distrito Federal (1998-2000) .

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