La respuesta humanitaria de LA al éxodo masivo de los niños refugiados

El Fairplex de Pomona se ha convertido en un lugar de refugio y esperanza  para los primeros 250 niños inmigrantes no acompañados que arribaron a dichas instalaciones el sábado por la noche para que, probablemente en 14 días puedan reunificarse con sus familiares en Estados Unidos.

“Gracias a la administración del presidente [Joe] Biden vamos a luchar por estos niños”, destacó la presidenta de la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, después de un recorrido por el Fairplex de Pomona.  “También vamos a seguir luchando por una reforma migratoria”.

En el sitio de admisión de emergencia para el cuidado temporal de los niños, Solís estuvo acompañada por los congresistas federales Judy Chu, y Jimmy Gómez, funcionarios del gobierno estatal, local y líderes de los derechos de los inmigrantes.

A través de un contrato con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), el sitio está siendo operado por Cherokee Federal, un organismo de gestión de proyectos a gran escala, en conjunto con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (OIR).

Por su parte, el condado de Los Ángeles y socios comunitarios brindar apoyo, aprovechando la experiencia del Departamento de Servicios para Niños y Familias, el Departamento de Servicios de Salud, el Departamento de Salud Mental y la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles.

“Como hija de inmigrantes y funcionaria pública de tantos residentes del condado que son inmigrantes, siento la responsabilidad de responder con fuerza”, dijo Solís. “Estos jóvenes necesitan el cuidado, el sustento, las actividades recreativas y las oportunidades educativas que brindarán el condado de Los Ángeles, Pomona Fairplex y otros”.

En las instalaciones del Fairplex de Pomona, que tiene capacidad para albergar a unos 2,500 menores no acompañados que provienen principalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras recibirán tres alimentos  diarios, podrán estar cerca de la naturaleza, convivir en un comedor amplio, dormir en catres acondicionados con un colchón sintético, tendrán acceso a libros e instrucción bilingüe impartida por profesores del Distrito Escolar Unificado de Pomona,  además de participar en juegos recreativos y ver televisión en pantallas grandes.

“La ayuda se basa en servicios de salud mental, atención médica ofrecida por personal del Departamento de Salud”, dijo la Supervisora Hilda Solís. “La atención médica es pieza clave de esta operación humanitaria”.

Desde que el presidente Biden permitió que los niños migrantes no acompañados y muchas familias permanecieran en Estados Unidos, cifras oficiales de la Patrulla Fronteriza en el sector suroeste (Big Bend, Del Rio, El Centro, El Paso, Laredo, Rio Grande, San Diego, Tucson y Yuma), indican que en los estados de Arizona,  California y Texas los agentes de CBP se ha encontrado hasta marzo de 2021con 47,642 menores no acompañados, un 163% mayor que los 18,096 aprehendidos hasta marzo de 2020.

Un gol a favor del amor

En una sección de la instalación se habilitó una cancha de futbol soccer para los jóvenes inmigrantes, a donde los funcionarios de salud y de gobierno se organizaron debajo de una portería, con balones en sus pies.

“Metimos un gol en favor de la humanidad y contra el odio y el racismo”, dijo a La Opinión Eloise Gómez Reyes, presidenta de la mayoría demócrata en la Asamblea Estatal de California, y representante del Distrito 47 que abarca partes del Inland Empire. “Que todo mundo sepa que estamos aquí para apoyar a los niños y que estamos en contra de las políticas racistas de este país”.

En el trato a los inmigrantes, Gómez Reyes descartó que Estados Unidos haya perdido la compasión con los inmigrantes, algo que se está rescatando con la administración Biden, “después que el país se bambaleó por los pasados cuatro años [con Donald Trump]”.

Deportados bajo Trump y ahora Biden

A pesar de la bienvenida a los primeros 250 menores no acompañados, la organización internacional médico-humanitaria “Médicos Sin Fronteras” (MSF) dio a conocer que desde marzo de 2020, el gobierno de los Estados Unidos ha efectuado más de 618,000 deportaciones bajo el Título 42.

El titulo 42, promulgado por Donald Trump es un programa  que permite  que la Patrulla Fronteriza y de la Oficina de Aduanas Protección de Fronteras de EE.UU prohíban la entrada de personas que potencialmente representen un riesgo para la salud, ya sea en virtud de estar sujetas a restricciones de viaje previamente anunciadas o porque ingresaron ilegalmente al país para evitar las medidas de control de salud. Solo en marzo de 2021, CBP deportó a 103,900 personas.

Aunque la  administración Biden se había comprometido a revocar las políticas dañinas de la era Trump y ampliar las vías de protección en Estados Unidos, ha optado por continuar bloqueando y expulsando a los solicitantes de asilo y a los migrantes con el pretexto de salvaguardar la salud pública.

De hecho, la organización United We Dream reportó este mes que, a pesar de la promesa del presidente Biden de detener las deportaciones, su administración ha deportado a más de 300,000 personas desde finales de enero y en gran parte lo ha hecho bajo las mismas políticas de la era Trump.

Al presidente Biden, que cumplió ya sus primeros 100 días en el cargo, los inmigrantes le exigen que cumpla con su compromiso de poner fin a más traumas e injusticias infligidas las comunidades, detener todas las deportaciones, otorgar la ciudadanía a millones este año y firmar la Ley Breathe.

“La responsabilidad recae en el presidente Biden de dar un paso al frente en este momento y evitar que ICE y CBP lleven a cabo más deportaciones”, declaró Cynthia García, Gerente de Campañas Nacionales para la Protección Comunitaria de United We Dream.

“Se debe recordar al presidente Biden y al Departamento de Seguridad Nacional que su inacción para proteger a las comunidades de inmigrantes vulnerables que buscan refugio en Estados Unidos  no solo está arriesgando vidas, [sino que]  defiende un sistema de inmigración nacionalista blanco que busca expulsar y mantener fuera a los inmigrantes negros y morenos a cualquier precio”.

Dos clases de certificados: uno es de muerte

Para Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), el éxodo de los niños migrantes es el resultado de la inacción del Congreso en materia migratoria.

“Los representantes tienen que tomar las riendas y se tiene que reformar el sistema migratorio y de asilo político”, dijo Salas. “Si los padres de estos niños tuvieran la oportunidad de someter una petición de reunificación familiar no tendríamos esta triste situación”.

La directora de CHIRLA afirmó que el 80% de los niños no acompañados tienen al menos a uno de sus padres viviendo en Estados Unidos.

“Estos niños vieron y vivieron la violencia en sus países, y nosotros tenemos la responsabilidad de protegerlos”, expresó.

Con relación a los efectos que la oleada de niños pueda tener en los proyectos de ley migratorios de los senadores Alex Padilla (D-California) y Bob Menéndez (D-Nueva Jersey), dijo que se está trabajando para que se incluyan en el presupuesto si los republicanos no quieren comprometerse con 10 votos para aprobar una reforma migratoria.

“Tenemos el compromiso de un presidente y un senado, los demócrata en este momento no tienen excusa para no aprobarla, con o sin los republicanos”.

La reforma migratoria, sin embargo, podría ser relegada a segundo plano, sabiendo que se aproximan las elecciones de medio término, en noviembre de 2022.

“Tenemos que hacer realidad la reforma migratoria”, dijo. “Nos prometen y nos dicen que están con nosotros; mueven las prioridades progresistas y nosotros nos quedamos atrás; si la nación sigue adelante es por nuestra gente…, demandamos que haya reforma migratoria porque no es justo que nuestras familias tengan un certificado de defunción, pero nunca obtuvieron su certificado de ciudadanía… Es inaceptable que no se haga nada”.