Buscan más presupuesto en salud y alimentación para los trabajadores sin documentos

Legisladores y activistas piden al gobernador Gavin Newsom amplíe la ayuda a las familias sin estatus regular en California

Buscan más presupuesto en salud y alimentación para los trabajadores sin documentos
Un gran porcentaje de los trabajadores agrícolas no tiene un estatus legal.
Foto: PATRICK T. FALLON / Getty Images

A pocas semanas de la fecha límite para que el gobernador de California, Gavin Newsom, firme el presupuesto 2021-2022, legisladores y activistas demócratas abogan para que se amplíe la ayuda a indocumentados en el área de salud y alimentación.

A principios de mayo el gobernador Newsom presentó su versión del presupuesto y este martes, líderes legisladores demócratas publicaron su propia versión que les gustaría avanzar.

Esta versión se basa en las prioridades presentadas en el plan de la Asamblea “Un Presupuesto de Oportunidades”,  el plan del Senado “Reconstruir audazmente”, y la Revisión de mayo del gobernador Newsom.

Se estima que hay más de dos millones de indocumentados en California, muchos de los cuales han fungido como trabajadores esenciales durante la pandemia del covid-19. Estos trabajadores han estado en la primera línea poniendo sus vidas en riesgo para servir al estado, mientras carecen de seguro médico y/o de suficientes ingresos financieros para mantener a sus familias.

Abogando por cobertura médica

En California, a las personas con estatus irregular se les prohíbe la asistencia médica a nivel federal. Sin embargo, los estados tienen el poder de utilizar fondos estatales para expandir un servicio médico integral a las personas de este grupo.

California actualmente ofrece un seguro de salud: Medi-Cal, para las personas que carecen documentos de bajos ingresos hasta los 25 años de edad.

Aureo Mesquita, analista político del Centro de Políticas y Presupuesto de California, dijo que en su presupuesto el gobernador Newsom propuso expandir la atención médica integral a los californianos sin documentos de 60 años o más.

Sin embargo, en su plan presentado por la legislatura, ellos piden ampliar la atención médica integral a los californianos que carecen de un estatus regular, de 50 años o mayores.

Esto se ha convertido en una batalla de desacuerdos, pero activistas concuerdan que todos los californianos con estatus irregular deberían tener acceso a la atención médica.

Mesquita dijo que aprobar el Medi-Cal no se trata de caridad, sino de solidaridad.

“Se trata de que reconozcamos el derecho a la humanidad en cada persona, y comprender que la atención médica es crucial para nuestras vidas y es fundamental ayudarlos en este momento”.

Suficiente comida en la mesa

Sarah Dar, directora de políticas, salud y beneficios públicos del Centro de Políticas para Inmigrantes de California (CIPC), dijo que hay muchos californianos sin documentos y de varias categorías de inmigrantes legalmente presentes en Estados Unidos que no son elegibles para CalFresh, o mejor conocido como estampillas de comida.

La propuesta del presupuesto conjunto de la legislatura fue implementar una expansión de ese programa a todos los californianos sin importar su estatus migratorio. De aprobarse, aún tomaría alrededor de dos años para ser implementado.

“Comenzaría con sólo asignar dinero en los próximos dos años para tener listos los sistemas de elegibilidad y parte de la tecnología que el Departamento de Servicios Sociales tendría que cambiar, de esa forma, que sus sistemas estén listos para expandir la elegibilidad y luego la implementación del programa”, explicó Dar, quien aseveró que es un paso en la dirección correcta.

“Estamos realmente emocionados de ver esas dos propuestas, [Medi-Cal y CalFresh], cosas que hemos presentado y defendido durante varios años,” indicó la directora. “Pero creo que la pandemia realmente dejó mucho más claro por qué es necesario, y por qué no tiene sentido excluir personas de la misma red de seguridad y apoyos básicos”.

Falta de apoyo económico

Los planes de la legislatura y del gobernador, se explicó,  se abstuvieron de incluir la parte de justicia económica durante el presupuesto.

Dar subrayó que muchos trabajadores inmigrantes que son la columna vertebral de muchas industrias en California, no tienen estatus migratorio legal y fueron despedidos durante la pandemia.

“La mayoría de las personas que perdieron sus trabajos pudieron solicitar el desempleo, y esos cheques de desempleo estaban ayudando a mantener la comida en la mesa, pero las personas indocumentadas no son elegibles para ningún tipo de reemplazo salarial”, dijo Dar.

La directora indicó que muchas corporaciones e individuos ricos se enriquecieron aún más durante la pandemia, y los que son trabajadores de bajos ingresos más marginados, especialmente los que no tienen estatus, son los que se han quedado atrás.

Mientras que el gobierno estatal y federal intentaron ayudar a la gente mediante los cheques de estímulo, los las personas sin documentos no fueron elegibles.

Mesquita expresó que por ejemplo, una familia cuyos padres son indocumentados y los hijos estadounidenses perdió entre $8,600 y $11,400 en el derecho de estímulo.

“Y el gobernador Newsom y la legislatura promulgaron el estímulo Golden State, que proporcionó $1,200, para las familias de California sin documentos”, indicó Mesquita. “Pero $1,200 aún es muy inferior a lo que otros californianos han recibido en asistencia federal y, por lo tanto, creemos que es fundamental que el gobernador y la legislatura usen los fondos que California tiene en este momento para realmente apuntar y realmente apoyar a aquellos que han sido excluidos”.

El próximo paso es que el gobernador Newsom y  la legislatura intenten llegar a un acuerdo en cuanto a los planes de presupuesto. La fecha límite para la firma del presupuesto estatal es el 15 de junio.