Matrimonio de California fue acusado de secuestrar y obligar al trabajo forzado a otras personas
El matrimonio de Nery Martinez Vasquez y Maura Martinez fue acusado de traer ilegalmente a EE.UU a una mujer guatemalteca y a sus hijas y obligarlas a trabajar por bajos salarios
Crédito: Joe Raedle | Getty Images
Una pareja de California fue acusada de obligar a una mujer guatemalteca y a sus dos hijas a trabajar en los negocios de ellos en Shasta Lake, anunció el lunes la oficina del Fiscal General de Estados Unidos.
Nery Martínez Vásquez y Maura Martínez, que son ciudadanos estadounidenses naturalizados, fueron acusados de trabajos forzados, conspiración para realizar trabajos forzados, albergar a un extranjero para obtener ganancias financieras y conspiración para albergar a un extranjero, informaron los fiscales.
Según la acusación formal, los Martínez pagaron $5,139 dólares para traer a la mujer inmigrante y sus dos hijas pequeñas a Estados Unidos con visas de visitante temporales y luego las obligaron a quedarse y trabajar para ellas después de que expiraran sus visas.
Tras expirar su permiso de estancia en los Estados Unidos, las obligaron a trabajar entre septiembre de 2016 y febrero de 2018 largas horas en un restaurante y servicio de limpieza por un pago mínimo o nulo.
Según el DOJ, los acusados impusieron una deuda a las víctimas, para evitar que regresaran a Guatemala, las sometieron a abusos físicos, psicológicos y verbales y separaron a la madre de sus hijas, todo ello para obligarlas a trabajar.
Previamente y en otro caso, en enero de 1997, supuestamente se llevaron a una niña de 13 años desde Las Vegas (Nevada) a su casa en California, donde la retuvieron contra su voluntad y la de sus padres durante casi dos años, destaca la acusación.
Durante ese tiempo, presuntamente obligaron a la niña a limpiar concesionarios de automóviles y trabajar muchas horas los siete días de la semana sin paga.
El DOJ indica además que Martínez Vasquez supuestamente abusó sexualmente y violó a la niña de manera rutinaria.
Si son declarados culpables de albergar a un extranjero y de trabajos forzados, los acusados enfrentan una pena máxima de hasta 30 años, mientras que la acusación de secuestro acarrearía una posible pena a cadena perpetua.
Con información de EFE
