EE.UU. permite el lavado de dinero… ¡de los políticos mexicanos!

MEXICO.- La “cleptocracia” mexicana sabe cómo lavar dinero en Estados Unidos. La red de políticos y funcionarios que busca puestos públicos para beneficio privado se encuentra en los primeros lugares mundiales por su capacidad de convertir dinero ilícito en bienes inmuebles de la Unión Americana frente a un laxo sistema que atrae dinero malhabido.

A esta conclusión llegó un estudio elaborado por la organización Global Finance Integrity  titulado “Acres de lavado de dinero, por qué las inmobiliarias estadunidenses son el sueño de la cleptocracia”.

El informe destaca casos de funcionarios mexicanos de alto rango acusados  de corrupción, malversación y riqueza inexplicable que adquirieron bienes raíces por valor de millones de dólares en Estados Unidos.

Por citar algunos ejemplos, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte, quien en 2016 fue acusado de malversación de 26 millones de dólares y de fomentar vínculos con cárteles de la droga y, sin embargo, adquirió aproximadamente 90 propiedades en México, España y Estados Unidos entre 2006 y 2014.

“Para comprar bienes raíces en Estados Unidos, Duarte usó abogados y socios comerciales como testaferros para establecer una compleja red de empresas fantasma en Texas, Delaware y Florida”, detalló el informe.

Así adquirió una mansión de 7.6 millones de dólares comprada en efectivo y alrededor de 30 casas en Miami, Scottsdale, Arizona y Houston que se vendieron y compraron varias veces para ocultar el al dueño de la propiedad.

En otro caso, el exgobernador de Oaxaca José Murat Casab y su hijo Alejandro Murat Hinojosa, adquirieron al menos seis propiedades por valor de más de US $ 6 millones en Nueva York, Florida y Utah, justo en la época en que el segundo era el encargado de la vivienda popular en México.

Los nombres de los dueños de la propiedad se ocultaba a través de fideicomisos y empresas fantasma registradas a nombre de amigos y familiares, incluido uno de los hijos de Murat, que era menor de edad en el momento de la compra.

Al norte del país, el ex gobernador de Tamaulipas Tomas Yarrington se movió con esquemas similares hasta que lo requirió la justicia en EEUU. Acorralado por las evidencias,  se declaró culpable de lavar sobornos de carteles de drogas a través de bienes raíces de Texas.

Entre 1998 y 2012, utilizó empresas fantasmas registradas a nombre de asociados para obtener préstamos de millones de dólares para comprar estas propiedades así como para pagar las tarifas de mantenimiento y reparación.

En el gobierno federal, el ex secretario de seguridad de México Genaro Luna García adquirió una casa de US $ 3.3 millones en Golden Beach y Aventura, Florida; varios condominios por valor de US $ 5 millones, y un yate de lujo. Todo Mientras estaba acusado de aceptar sobornos del Cartel de Sinaloa de El Chapo.

Empieza en México

Global Finance Integrity hizo un análisis de 125 casos en todo el mundo. Para el caso mexicano, concluyó que  los políticos mexicanos lavaron por lo menos 2.3 billones de dólares en EEUU.

Los mexicanos —junto con  venezolanos, guatemaltecos, malasios y nigerianos— prefieren a EEUU una vez que han logrado sortear a la justicia mexicana. México tiene un nivel de impunidad del 98% en todos los delitos.

¿Cómo operan? El Colectivo Datos Anticorrupción, un grupo de investigadores y periodistas que abogan por políticas y leyes para frenar la corrupción transnacional, explica un modus operandi típico con el ejemplo  de Luis Carlos Castillo Cervantes, un empresario dedicado a la rehabilitación de carreteras, quien se enriqueció enviando dinero en efectivo a los gobernadores para que le dieran los contratos.

Una vez que obtuvo todos los contratos a un sobreprecio y se hizo de una riqueza importante se mudó a Texas, invirtió en el frágil sistema inmobiliario del país y atrajo a muchos amigos gobernadores mostrándoles la forma de invertir.

El estudio “Acres de Lavado de Dinero, Por Qué las Inmobiliarias Estadunidenses son el Sueño de la Cleptocracia” reveló que el año que más mexicanos compraron bienes raíces en Estados Unidos fue 2017, cuando las transacciones sumaron $9.3 billones para después descender al año siguiente a $4.2 y seguir bajando a $3.7 billones en 2019.

En 2020 se recuperó dinamismo para llegar a 5.8, para descender nuevamente en 2021 (tomando en cuenta el año fiscal que comienza en abril y termina en marzo del siguiente año) a 2.9 billones de dólares en transacciones.

Los delincuentes eligen la compra de inmuebles en EEUU para lavar su dinero porque mantienen un valor estable, les permite acumular riqueza y ocultar su origen, hay una limitada supervisión que les permite ocultar su propiedad, pueden generar ingresos mediante alquileres o su promoción y así evitan cuentas bancarias bajo mayor vigilancia.

“Pero todo esto no se podría hacer sin el apoyo de abogados, agentes de bienes raíces, asesores de inversiones y empleados de instituciones financieras en Estados Unidos”,  detalla. “Hay una ceguera intencional o complicidad directa”.

EEUU es el único país del G7 que no requiere que los profesionales de bienes raíces cumplan con leyes y regulaciones contra el lavado de dinero además de que el uso de empresas fantasma anónimas y estructuras corporativas complejas sigue siendo la tipología número uno de lavado de dinero en el país.

“El 82% de los casos Involucraron el uso de una entidad legal para enmascarar la propiedad, lo que resalta la importancia de implementar un registro sólido de beneficiarios reales bajo la Ley de Transparencia Corporativa”.

Soluciones

El análisis concluye que el sector inmobiliario de EEUU debe mejorar las prácticas vistas en otros países del G7 y exigir a los agentes de bienes raíces que identifiquen al beneficiario final de una compra cuando los agentes de títulos de propiedad no estén involucrados en la transacción.

También sugiere que se deberían emitir guías, indicadores de alerta y crear requisitos de información para las tipologías de lavado de dinero de bienes.

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