Más de 50,000 ‘dreamers’ sin DACA podrían estar en peligro de deportación

El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) cumplió este domingo 15 de agosto nueve años de su implementación y aún hay más de 55,000 ‘dreamers’ que no tienen esa protección y están en riesgo de deportación.

La acción del programa está  limitada nuevamente en su alcance tras la decisión de un tribunal federal y con cientos de miles de jóvenes esperando que la Administración del presidente Joe Biden o el Congreso actúen.

En estos nueve años, el beneficio migratorio ha representado para cientos de miles de jóvenes indocumentados la oportunidad de tener un permiso de trabajo, y evitar la deportación.

Las cifras de los inmigrantes protegidos han llegado a rondar los 800,000. Muchos de estos jóvenes han logrado encontrar vías para legalizarse definitivamente, y contados son los que han perdido el estatus.

A marzo de 2021, unos 616.030 “soñadores”, como se conoce a los amparados por DACA, tenían activo el beneficio, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Protección por primera vez

Más de 50,000 indocumentados estaban esperando en marzo que se les aprobara por primera vez el amparo tras más de tres años de bloqueos de la Administración del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021), que quiso poner fin al beneficio en septiembre de 2017.

Las esperanzas de por fin lograr un amparo se vieron desvanecidas nuevamente cuando el juez Andrew Hanen, del Distrito Sur de Texas, ordenó al Gobierno suspender la concesión de nuevos amparos migratorios al considerar que DACA es ilegal y que el hoy expresidente Barack Obama (2009-2017) se extralimitó en su autoridad cuando creó el programa en 2012.

No obstante, el magistrado sí permitió renovar los amparos existentes citando los años de vigencia del programa.

El fallo se dio en respuesta a una demanda entablada por Texas y otros ocho estados republicanos que desde 2018 alegaban que el programa era inconstitucional y no cumplía con el Acta de Proceso Administrativo (APA) al momento de su creación.

Fue un golpe bajo, el segundo que recibimos”, dijo a Efe Beatriz, una madre indocumentada residente en Arizona que estaba esperando desde diciembre que el Gobierno aprobara la solicitud de DACA de su hijo Alberto, de 18 años.

Tanto soñadores como activistas han estado esperando que el Ejecutivo y el Congreso actúen.

Esfuerzo de Administración Biden

Esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de DACA, presentó al Registro Federal un aviso de reglamentación (NPRM) bajo el título “Preservar y fortalecer la acción diferida para los llegados en la niñez”.

El aviso advierte que el 20 de enero de 2021, el presidente Biden firmó un memorando requiriendo que el DHS, en consulta con el fiscal general, tome todas las medidas apropiadas para preservar y fortalecer DACA de conformidad con la ley aplicable, por lo que el DHS “tiene la intención de participar en la elaboración de reglas de avisos y comentarios”.

Hasta que se publique la regla propuesta en el Registro Federal, el público no podrá conocer los detalles del NPRM, pero fracciones de ambos extremos políticos están aguardando el paso del Gobierno de Biden para salvar el amparo, firmado por Obama en junio del 2012 y que comenzó a recibir solicitudes en agosto de ese año.

El nuevo paso dado por la Administración demócrata debe de alguna manera responder al fallo presentado por Hanen, o se corre el riesgo de extender la batalla legal.

En tanto, en el Capitolio se analizan desde marzo varios proyectos de ley que darían la residencia permanente y una posterior vía a la ciudadanía a los soñadores y a los amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), campesinos indocumentados y otros trabajadores irregulares y considerados “esenciales” a raíz de la pandemia.

Pero su futuro es más que incierto pues no terminan de dar las cuentas y reunirse los al menos 10 votos republicanos necesarios para sacar adelante en el Senado alguna de las tres medidas, dos de las cuales ya fueron aprobadas con apoyo bipartidista en la Cámara de Representantes.

Un camino a la ciudadanía

Actualmente las esperanzas están puestas en el plan de gasto social de 3,5 billones de dólares propuesto por Biden, que los demócratas quieren aprobar sin depender del Partido Republicano mediante el proceso de reconciliación, y que incluye una partida para legalizar a un sector de los indocumentados, donde los soñadores seguramente estarán incluidos.

Esta semana se dio el primer paso en esta dirección cuando los demócratas aprobaron por 51 votos la resolución que permite arrancar con el proceso. Ningún republicano dio su voto a favor del plan.

Greisa Martínez Rosas, directora ejecutiva de United We Dream, una de las organizaciones más grandes de defensa de los soñadores, dijo en un comunicado que “no podemos seguir cayendo en la mala fe y la retórica racista de los republicanos”.

“Debemos recordar a los demócratas que tienen todo el poder político y la obligación moral de proporcionar un camino completo hacia la ciudadanía”, expuso.

“Este año, debemos entregar la ciudadanía a millones de estadounidenses indocumentados. ¡No hay excusas!”, concluyó Martínez, quien también es copresidenta de la campaña We Are Home, que reúne decenas de organizaciones que están luchando por la legalización de los indocumentados.