Corte Suprema decidirá sobre fianza para indocumentados con órdenes de deportación
El Máximo Tribunal toma una demanda colectiva que lideran los inmigrantes Esteban Alemán González y José Gutiérrez Sánchez, ambos residentes del Área de la Bahía, al norte de California, pero el caso tendría un impacto más amplio
El Tribunal Supremo acordó este lunes revisar una decisión de una corte de apelaciones que requiere otorgar audiencias de fianza para inmigrantes con órdenes finales de deportación y han estado detenidos por más de seis meses.
La acción legal tomada hoy por la Máxima Corte se da en respuesta a una decisión del Noveno Circuito de Apelaciones del año pasado que falló a favor de una demanda colectiva, encabezada por dos inmigrantes residentes de California a quienes se les negaron las audiencias de fianza y fueron detenidos por un largo periodo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Los demandantes, Esteban Alemán González y José Gutiérrez Sánchez, ambos residentes del Área de la Bahía, al norte de California, estuvieron detenidos durante más de ocho meses.
Respaldados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), los inmigrantes presentaron una demanda en marzo de 2018 impugnando su detención prolongada bajo el argumento de que era “ilegal”.
Un juez federal falló a favor de los demandantes en junio de 2018. Bajo el gobierno de Donald Trump, el Departamento de Justicia (DOJ) siguió la batalla legal y la llevó hasta el Supremo.
La idea de que el actual Tribunal, de mayoría conservadora, revise la decisión despertó preocupaciones entre los expertos.
“La mayoría de derecha en la Corte Suprema parece estar planeando eliminar la única forma en que muchas personas detenidas por inmigrantes pueden impugnar su encarcelamiento”, dijo en un mensaje de Twitter el abogado defensor Sam Feldman.
Añadió que “la gente seguiría detenida ilegalmente, pero ningún tribunal podría hacer nada al respecto”.
Por su parte, Aaron Reichlin Melnik, del Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC), instó al Congreso a corregir un “error” en la ley de inmigración de 1996, que, según su opinión, ha bloqueado continuamente el acceso a los tribunales para inmigrantes.
De esta forma, indicó, se evitaría que el tema sea decidido por el Tribunal Supremo.