Exembajadora mexicana acusa que Estados Unidos incumplió promesa a inmigrantes sobre “Permanecer en México”
Los gobiernos de López Obrador y Joe Biden negocian cómo implementar nuevamente el programa tras orden de la Corte Suprema, pero autoridades mexicanas confirman que hay complicaciones técnicas sobre los procesos
Las negociaciones entre México y Estados Unidos sobre el programa “Permanecer en México” están en curso, confirmaron a este diario autoridades de ambos gobiernos, pero hay dudas de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenga recursos suficientes para recibir a inmigrantes, además de que el programa causó severos problemas ante el incumplimiento de la administración estadounidense.
A decir de la exembajadora mexicana en Estados Unidos, Martha Bárcena, el Gobierno estadounidense incumplió su promesa en acelerar los casos en tribunales migratorios, lo que afectó a más de 60,000 extranjeros que solicitaron asilo, pero fueron enviados al país vecino del sur a una eterna espera.
“La lección de la última vez (del programa) fue que Estados Unidos no cumple su promesa de procesar rápidamente sus casos”, dijo Bárcena al The Washington Post.
Datos de Transactional Research Access Clearinghouse (TRAC) en la Universidad de Syracuse, indican que las cortes migratorias tiene más de 1.3 millones de casos pendientes, los cuales se triplicaron durante la Administración Trump.
La exembajadora agregó que México no tiene los recursos para recibir a los solicitantes de asilo en forma indefinida, lo cual quedó demostrado con las miles de personas que tuvieron que volver a los países de los que huían o, peor todavía, enfrentar la espera en estados del norte mexicano controlados por el narcotráfico.
“Creo que México está dispuesto a ayudar a los solicitantes de asilo sobre una base humanitaria, siempre que los números sean manejables”, consideró Bárcena.
La exembajadora fue parte del equipo que negoció con el expresidente Donald Trump los llamados Protocolos de Protección al Migrante (MPP, en inglés), el cual fue impuesto bajo presión de aranceles a productos mexicanos y que comenzó a operar en junio de 2019.
Además de ese programa, el gobierno del presidente López Obrador tuvo que incrementar la vigilancia en las fronteras sur y norte con elementos de la Guardia Nacional, a fin de detener el paso de caravanas, formadas por nacionales de El Salvador, Honduras, Guatemala, Haití, Venezuela, incluso de China y naciones de África.
Fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana señalaron que hay voluntad para ayudar a EE.UU., pero los criterior técnicos para aplicar el programa están siendo analizados.
El Gobierno del presidente Joe Biden indicó que tras el fallo de la Corte Suprema de mantener el programa, luego de una demanda de los gobiernos republicanos de Texas y Louisiana, deberán tener un aval de la administración mexicana con un nuevo acuerdo.
Esto ocurre al tiempo que más inmigrantes intentan cruzar en grandes grupos hacia EE.UU. y el Gobierno de López Obrador intenta retenerlos, aunque elementos de la Guardia Nacional y del Instituto de Inmigración provocaron polémica por la violencia con que enfrentan a los no ciudadanos, quienes forman las caravanas desde Chiapas.
Organizaciones civiles han presionado para que se cancele el programa, pero la Administración Biden solamente tiene dos opciones que debe seguir en paralelo: apelar nuevamente al Quinto Tribunal –considerado el más conservador– y lograr un acuerdo con México.