Los desafíos que enfrenta el programa para acelerar casos de migrantes en EE.UU.

Estados Unidos está lidiando con la acumulación de 1.4 millones de casos en las cortes de migración, cifra que encuentra explicación al saber que el promedio para resolver un caso en ellas es ni más ni menos que de cuatro años.

Actualmente, el gobierno ha puesto a los migrantes recién llegados al país al comienzo de las listas de espera para que se resuelvan rápidamente, por delante de personas con años esperando.

Esto, con la intención de que otros migrantes, procedentes en su mayoría de México, el Caribe, Centroamérica y algunos puntos de Sudamérica, piensen no migrar si sus casos se resuelven rápido.

Los magistrados tienen un nuevo plazo alrededor de 300 días para resolver decenas de casos diarios de familias que llegan por la frontera, y que a los pocos días de su detención, son dejadas en libertad con una notificación para ir ante la corte.

Sin abogado

La nueva lista establecida por el presidente Biden, es un paso para ir dando orden en la frontera ante la inusualmente masiva llegada de migrantes.

Más de 30 de los 530 jueces de inmigración del país han sido dispuestos a este sistema de aceleración de casos, pero esta lista “rápida” enfrenta los mismos desafíos que cuando la impuso por primera vez el entonces presidente Barack Obama: dudas de que los migrantes sean tratados justamente por la prisa de las autoridades, en casos especialmente graves si estos carecen de abogado.

Durante esa administración e incluso la de Donald Trump, la mayor parte de los migrantes no tuvieron representación legal, por lo que muchos casos terminaron en deportación.

Del total de casos bajo el nuevo programa, más de la mitad se encuentran en Nueva York y Boston.

Los jueces han dado cuenta de las dificultades que les han expresado las familias para encontrar un abogado que les represente; peor aun cuando no logran dar con uno gratuito y tienen que buscar además hacerse de los recursos necesarios para poder pagar a alguien que los represente.

Este programa, dijo el secretario del Departamento de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, es “un paso importante tanto para la justicia como para la seguridad fronteriza”.

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