Aumentan los desalojos durante la pandemia en California

A tan solo dos meses de que haya expirado la moratoria de desalojos en California y a medida que las infecciones del covid-19 aumentan en medio de la variante ómicron, activistas y defensores de inquilinos reportan un aumento en los casos de desalojo.

Esto está ocurriendo inclusive en lugares como la ciudad y el condado de Los Ángeles, los cuales cuentan con protecciones para evitar que las familias se queden sin un techo donde dormir.

Organizaciones como Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE) indicaron que han notado el aumento significante mediante su línea directa y clínicas legales que realizan donde llegan los inquilinos con avisos de desalojo, cierres patronales ilegales y acoso.

La organización ACCE Los Ángeles (ACCE LA) atiende a casi 100 inquilinos por semana y ha visto un aumento significativo en los avisos de desalojo de tres días.

Joe Delgado, director de ACCE LA, dijo que la organización ha visto solo en Los Ángeles más de 180 cierres patronales ilegales durante el mes de octubre, lo que indica que están sucediendo desalojos más allá del alcance de ACCE.

Este fue el reciente caso de Alma Quiñónez, una madre de familia quien vivía con su hijo de 10 años en Wilmington, al sur de Los Ángeles.

Después de más de un año de riñas y órdenes judiciales durante la pandemia, la dueña de los apartamentos donde vivía Quiñones se negó a aceptar pagos de alquiler y buscaba desalojarla pese ella tenía una solicitud pendiente de asistencia para el alquiler de covid-19.

Los desalojos por falta de pago del alquiler son ilegales según la actual moratoria de desalojos de Los Ángeles.

En noviembre de 2021, el sheriff llegó a tocar la puerta de Quiñónez para desalojar a ella y a su hijo en cuestión de minutos.

El desalojo fue tan rápido que Quiñónez dejó su máquina que ocupa para respirar en la noche lo cual perjudica a su salud. Días después se presentó en corte para defenderse y el juez falló a su favor. Sin embargo, este martes intentó regresar a su vivienda y le cambiaron las perillas de las puertas y no pudo entrar.

“Solo vi que está un árbol ahí tirado, pero yo no sé si mis cosas siguen adentro o si ya las tiraron”, dijo Quiñónez, quien llegó acompañada a la vivienda de un organizador de ACCE y un representante del concejal Joe Buscaino, del distrito 15 que incluye a Wilmington.

Delgado dijo que si un propietario está infringiendo la ley y lo está haciendo frente a un funcionario o representante de la ciudad, hay un problema serio.

“El problema es que el concejo de la ciudad y el alcalde deben asegurarse de que haya disponibilidad para que el departamento de vivienda pueda involucrarse”, dijo Delgado.

Las soluciones 

ACCE y otras organizaciones de vivienda de California instan al gobernador Gavin Newsom y a la legislatura estatal a tomar medidas rápidas que incluyan restablecer la prohibición de desalojo en la pandemia, excepto aquellos necesarios para la salud y seguridad de los inquilinos.

Además, piden al gobernador de cerrar las lagunas en la ley estatal de Causa Justa AB 1482, misma que permite a los propietarios poner fin a los arrendamientos al afirmar falsamente una “rehabilitación sustancial”.

Delgado explicó que se debe detener el acoso hacia los inquilinos. Para esto se deben reforzar las enmiendas a la Ordenanza Anti-acoso de inquilinos aprobada en agosto en la ciudad de Los Ángeles.

Esto incluye el financiar el acceso a la justicia. Actualmente solo los inquilinos con más dinero, que son muy pocos, pueden acceder a un abogado.

Delgado dijo que se debe dejar bien claro que si un inquilino sufre de acoso del propietario, es el propietario quien debe pagar los honorarios del abogado.

Actualmente no se especifica quién pagará, y por ende los abogados no quieren tomar los casos de los inquilinos por temor a no recibir su paga.

También dijo que la ordenanza se debe hacer retroactiva por lo menos a abril del 2020 que es cuando comenzó la pandemia y aceleró el cambio repentino de los propietarios.

“Entonces tiene que haber alguna actividad retroactiva para responsabilizar al propietario, que comenzó a acosar”, dijo Delgado.

Por último, expresó que se deben construir viviendas para bajos y muy bajos ingresos a un ritmo más rápido.

“Simplemente no lo estamos haciendo. Hay muchas viviendas por ahí en este momento, que ya están construidas y que podrían incorporarse a fideicomisos de tierras o incorporarse a un programa de vivienda social para alguna organización sin fines de lucro”, recalcó.