Inmigrante a quien le reducen condena, lucha contra deportación bajo detención de ICE

No había dado un paso fuera de la Prisión Estatal de Soledad, en la costa norte de California, donde pasó encerrado 17 años, cuando a Enrique Cristóbal Meneses, lo arrestaron agentes del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) y se lo llevaron al Centro de Detención Golden State Annex en la ciudad de McFarland, cerca de Bakersfield.

“Me sentí destrozado. La alegría de ver a mi mamá, esperando por mi libertad, se esfumó en segundos. No tenía forma de explicarle lo que estaba pasando”, dice Enrique en entrevista con La Opinión.

El inmigrante mexicano salió libre el 19 de noviembre del año 2020, luego de que el gobernador Gavin Newsom le redujo su sentencia de 27 a 17 años en reconocimiento a su rehabilitación y compromiso para ayudar a otros presos. 

Lo que nunca imaginó es que las autoridades de la Prisión Estatal de Soledad le darían ‘el pitazo’ al ICE, para alertarlos de su salida.

“Nací en la ciudad de México. Tenía 14 años cuando vine a este país. Bajo presión me involucré en las pandillas . Cuando tenía 20 años, en 2005, me sentenciaron por intento de asesinato”.

En prisión, Enrique desertó de la pandilla con un gran riesgo personal para sí mismo.

Cuenta que asistió a grupos que lo ayudaron a hacer un cambio en su vida, a educarse y a mejorar. “Así fue como empecé a entender muchos de los traumas que estaba pasando”.

Trabajó en el programa de prevención sobre el uso de drogas y se certificó como consejero en alcohol y drogas. 

“Logramos traer eventos a la Prisión de Soledad a los que invitamos a víctimas de crímenes para compartir sus historias durante la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas de Crimen. Esto para ayudar a los detenidos a rehabilitarse y darse cuenta de que sus decisiones afectan a muchas personas, a las víctimas y a la comunidad”.

Además dirigió diálogos entre víctimas y presos para facilitar conversaciones guiadas entre ellos; y creó el plan de estudios anual para diferentes cursos sobre los temas de abuso de sustancias, pensamiento delictivo, manejo de la negación y la ira, relaciones familiares, y el impacto de la víctima. 

Su trabajo de sanación para prevenir la violencia, hizo que en noviembre de 2020, el gobernador Newsom le redujera su condena de 27 a 17 años de prisión.

“Cuando recibí una llamada el 10 de noviembre de 2020 para decirme que el gobernador me había reducido la sentencia, fue una gran bendición y sorpresa”.

Dice que el trabajo que llevó a cabo en prisión, no lo emprendió para recibir algo a cambio.

 “Lo hice porque entendí el dolor de mis víctimas, de las familias y la comunidad”.

Pero a más de un año de estar privado de su libertad bajo custodia de ICE, en peores condiciones que en la Prisión Estatal de Soledad, aún mantiene el optimismo.

“La esperanza es lo último que se pierde” dice mientras que se dedica a ayudar a los inmigrantes detenidos como él en todo lo que puede, llenando aplicaciones y con traducciones.

En el Centro de Detención Golden State Annex, dice, que se ha dado cuenta de la discriminación en contra las personas que no hablan inglés, ni entienden las leyes de migración y sus derechos. 

Estas instalaciones han estado en el centro de atención de los defensores de los inmigrantes, quienes han pedido su cierre en medio de un aumento de los casos de covid y un servicio de salud mental inadecuado.

Enrique al ver que no les dan atención médica, empezó un proceso para levantar quejas que mejoren las condiciones.

“En mi empuje por proveer alivio a la dignidad de los hombres que vienen a este país con el sueño de proveer a su familias, el ICE ha tomado represalias en mi contra”.

Piensa que por eso le negaron una fianza en julio pasado para que saliera libre a pelear su caso.

“Ellos me ven como un criminal y se rehusan a aceptar mi cambio, aún cuando el gobernador me redujo la sentencia”.

Incluso tiene una oferta de trabajo para ayudar a los jóvenes a dejar las pandillas y las drogas.

“Me gustaría estudiar Ciencias del Comportamiento; y estoy muy emocionado ante la posibilidad de ayudar a los niños de la comunidad que se encuentran en drogas; y a los propios presos para que cambien su comportamiento y traer alivio a sus familias”.

De 38 años de edad, reconoce que le preocupa mucho la deportación.

“Temo regresar a México por los cárteles, porque juré no volver a usar la violencia al entender el daño emocional y espiritual que se produce, pero además porque toda mi familia está en California”.

La abogada en migración Jessica Yamane Moraga, quien trabaja para Dolores Street Community Services en San Francisco y quien es su defensora, dice que Enrique perdió en abril su caso para ser amparado bajo el Acta de Protección contra la Tortura, que le hubiera dado un permiso de trabajo y cancelado su deportación.

Sin embargo, apelaron la decisión en una corte federal y ganaron. “Ahora su caso tiene que ser escuchado de nuevo por la Corte de Migración ante un nuevo juez, y en eso estamos confiados para que no lo deporten y lo dejen en libertad”.

Y lamenta que le hayan negado la fianza sin que el gobierno proporcionara ninguna evidencia de que presenta en la actualidad una amenaza a la comunidad.

“Son incapaces de desafiar su récord de rehabilitación y años de experiencia como consejero, sus lazos comunitarios y la clemencia que le otorgó el gobernador”.

El 21 de diciembre a las 11 de la mañana, habrá una manifestación de apoyo afuera de las oficinas de ICE en San Francisco para pedir por la liberación de Enrique.