Japón lleva a la horca a tres reos condenados a muerte tras dos años sin ejecuciones

Yasutaka Fujishiro, de 65 años, fue acusado de uno de los peores crímenes en el país, asesinando a siete de sus familiares en 2004.

Japón lleva a la horca a tres reos condenados a muerte tras dos años sin ejecuciones

Se estima que actualmente hay 108 presos condenados a la pena capital en Japón. Crédito: JIJI PRESS | AFP / Getty Images

Japón ejecutó en la horca a tres presos condenados a muerte, las primeras penas capitales llevadas a cabo por el actual Gobierno tras dos años sin ejecuciones en el país, según informó el Ministerio de Justicia.

Los reos ejecutados este martes (Yasutaka Fujishiro, de 65 años, Tomoaki Takanezawa, de 54, y Mitsunori Onogawa, de 44) son los primeros en ser ajusticiados desde la llegada al poder el pasado mes de octubre de Fumio Kishida, primer ministro de Japón.

La última pena capital aplicada en Japón fue en diciembre de 2019, durante la administración del exprimer ministro Shinzo Abe.

El reo Fujishiro fue condenado por matar a siete de sus familiares en 2004 en la prefectura de Hyogo (al oeste de Japón).

Los otros dos reos, Takanezawa y Onogawa, fueron sentenciados a la pena capital por cometer robos en los que asesinaron a dos empleados de dos salas de máquinas recreativas conocidas como “pachinko” en Gunma (centro de Japón) en 2003.

El primero de los presos fue ejecutado en Osaka, al oeste del país, y los otros dos en Tokio, según informó en rueda de prensa el ministro de Justicia nipón, Yoshihisa Furukawa.

Tras las ejecuciones de hoy, quedan 108 presos condenados a la pena capital en Japón a la espera de que se aplique su sentencia, de los cuales 59 han pedido la revisión de las sentencias, informó el ministro de Justicia nipón.

El pasado 17 de diciembre, el titular de Justicia, quien es el responsable de firmar las condenas a muerte en Japón, dio la orden para llevar a cabo estas ejecuciones.

Japón es junto con Estados Unidos el único país industrializado y democrático que mantiene la pena capital, y su reticencia a renunciar a esta práctica ha sido duramente criticada por organizaciones como Amnistía Internacional (AI).

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