‘Congelamiento en contrataciones de alguaciles limita nuestra respuesta al crimen’: sheriff Villanueva

El sheriff Alex Villanueva dijo que los homicidios aumentaron en 95% y los robos de carros, 59% en los dos últimos años en el condado de Los Ángeles, pero el congelamiento en las contrataciones de alguaciles impuesto por la Junta de Supervisores, limita sus posibilidades de responder al crimen.

“Una cantidad enorme que la Junta de Supervisores no quiere admitir y hacer algo para combatirlo”, señaló en conferencia de prensa al dar a conocer las estadísticas criminales del último año.

Indicó que los robos de carros se intensificaron a consecuencia de que debido a la pandemia han permanecido mucho tiempo estacionados fuera de las casas, lo que les facilita el trabajo a los maleantes.

“Puede que el costo de los bienes, la escasez  por la interrupción de la distribución y menos dinero en el bolsillo han contribuido a los robos, y salen con más ganancia con lo robado porque no hay suficientes productos”.

Sobre el salto en los homicidios, dijo que esto tiene que ver con la proliferación de armas hechizas, pero también con quién es el fiscal del condado, y sus políticas que quiere implantar de cero pago de fianzas y la proposición 47. 

Así que dijo que su reto principal para 2022 es responder a los crímenes violentos, capturar a los sospechosos que han cometido esos homicidios, detener los robos de los trenes y poner un paro completo al crecimiento ilegal de la marihuana en el desierto del Valle del Antílope.

Pero también reclutar más alguaciles para estar preparados para los eventos que vienen. “Tenemos las Olimpiadas en 2028, la Copa Mundial en el 2026, el Campeonato de Fútbol Americano de los Colegios en el 23. Solo para el Super Tazón en febrero vamos a necesitar más de 300”.

Recordó que cuando llegó al cargo en 2018, encontró la violencia en las cárceles en su punto más alto, luego tuvo una baja, pero volvió a subir el año pasado. “Esto es consecuencia de la pandemia. La bajamos a 5,000, pero ahora de nuevo estamos a 13,000”.

Pero además, mencionó que se enfrentan a que el 36% de los reos sufren de enfermedades mentales.

“Lo que sucede es que cuando soltamos a los ofensores de menor nivel, nos encontramos con una concentración de ofensores violentos, muchos de ellos sufriendo de enfermedades mentales. Si a eso le agregamos el aislamiento y la cuarentena para prevenir la propagación de covid, eso impacta la tensión y la salud mental”.

Indicó que por tanto, la violencia en las cárceles del condado es una gran preocupación.

“Encima de eso, cuando la Junta de Supervisores nos cortó 1280 posiciones de nuestro presupuesto, y 1,000 fueron removidas del sistema de cárceles del condado, nos estaban tratando de forzar a cerrar una cárcel, lo que fue salvajemente inapropiado”.

Reveló que están en camino de entrar en un conflicto legal con la Junta de Supervisores porque eso amenaza la constitucionalidad de la atención que deben proveer a los presos.

“Nuestro número de vacantes cada vez se hace más grande. Nuestras estaciones de patrullaje operan al 71% de la capacidad de personal, lo que significa que 29% no está disponible; y el personal restante tiene que trabajar el doble porque tienen que cubrir las ausencias. Eso no es sostenible a largo plazo”.

Recalcó que la Junta de Supervisores ha congelado su capacidad de contratar agentes mientras que ellos contratan bibliotecarios y empleados de oficina en todos los departamentos del condado, pero no quieren que contraten alguaciles, cuando esto afecta directamente la seguridad pública.

Sobre las críticas de que no hacen responsable a ningún alguacil por sus actos, dijo que una de las razones principales por las que han dado de baja al personal se debe a cuestiones disciplinarias.

“Hay responsabilidad en el Departamento del Sheriff, ya que un alguacil que disparó a Ryan Twyman en 2019 fue despedido, y otro suspendido en 30 días, mientras esperamos que el fiscal del condado defina los cargos criminales”.

Pero aclaró que se puede tomar hasta dos años, una investigación criminal y administrativa de un alguacil que haya usado fuerza excesiva. “Tenemos que apegarnos al Debido Proceso y a la presunción de inocencia hasta que alguien sea juzgado, pero hay algunas cosas que prolongan artificialmente ese tiempo y estamos encontrando formas de reducirlo”.

Dijo que la gran mayoría de los homicidios donde se acusa a un alguacil son justificados, y lo que no lo son, son extremadamente raros.

“Cuando eso ocurre, los hacemos responsables, pero no se resuelve rápido porque tenemos un fiscal que está jugando a la política con los casos y deja a las partes en el limbo por tiempo indefinido. No hay razón para esperar 6 años por una decisión sobre un alguacil involucrado en un tiroteo”.

También habló del crecimiento de los plantíos de la marihuana ilegal en el High Desert.

“Les hicimos un agujero el 8 de junio cuando incautamos un cantidad récord de marihuana ilegal, pero desafortunadamente como solo tengo 218 detectives de más de 790 de mi División de Detectives, solo podemos hacer esta tarea en pedacitos”

Respuesta del condado de Los Ángeles

La supervisora Hilda Solís dijo que francamente, es inquietante que el sheriff esté politizando tragedias recientes en un momento en que todos deberíamos unirnos para identificar soluciones verdaderas. 

“En diciembre de 2021, la Junta de Metro autorizó $75 millones adicionales para el contrato de múltiples agencias entre el Metro y tres agencias policiacas, incluido el Departamento del Sheriff, lo que elevó el valor total del contrato a $757 millones, que son $100 millones por encima del monto original otorgado en 2017 cuando comenzó el contrato”. 

Observó que esta acción garantiza que las tres agencias puedan continuar brindando servicios en el sistema de Metro, incluidos los vagones, durante el resto de su contrato. 

Sin embargo, reconoció que necesitan recursos adicionales, no solo para la aplicación de la ley sino para atender a la diversidad de pasajeros de Metro, como aquellos con necesidades de salud mental y personas sin hogar. 

De acuerdo con este enfoque, recordó que en octubre de 2021, fue coautora de una moción aprobada por la Junta de Supervisores que autoriza una asociación entre Metro y el Departamento de Salud Mental del Condado para los servicios del equipo de respuesta conjunta y psiquiátrica que brindarán nuevos recursos para quienes experimentan crisis de salud mental en el sistema del Metro. 

“Si el alguacil quiere ser socio de la Junta de Metro y de nuestros 1.2 millones de pasajeros diarios, debe proporcionar hechos en lugar de información errónea para que podamos mantener seguros a los pasajeros y al público”. 

Indicó que como presidente de la Junta Directiva de Metro, quiere asegurarles a todos que siempre dará prioridad a la seguridad de los pasajeros y empleados.