El historiador que acosaba mujeres y otros casos que ponen en duda a la gente de AMLO

MEXICO.- Tenía un modus operandi, dicen las mujeres. A unas las acorralaba en la universidad, cuando ser su alumna era una obligación porque sólo él impartía las clases de historia en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); a otras, en las actividades del Partido Morena en los diversos estados donde él viajaba para hacer política.

Pedro Salmerón (Veracruz, 1971) está en el banquillo de los acusados como un caso más entre los miles de todo el país pero con una agravante que le pone el foco: quiere ser embajador en Panamá.

Contó con el beneplácito, la venia y la promoción del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente lo puso en una nueva lista de futuros diplomáticos que debe aprobar el Senado en los próximos días.

Regularmente los nombramientos para representar a México en el exterior pasan desapercibidos, pero el de Pedro Salmerón cayó como un balde de agua fría. Principalmente en tres grupos de mujeres con voz: el movimiento MeToo local, algunas compañeras de partido y sus congéneres de oposición.

“#rompa el pacto”, reprocharon al mandatario 374 personas en un pronunciamiento en contra del historiador poco después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en su defensa. AMLO pidió en conferencia de prensa “hacer la denuncia ante el ministerio público” y reafirmó el nombramiento diplomático.

Lo cierto es que hasta la fecha no hay denuncias legales en contra de Salmerón, doctor en Historia, autor de ocho libros y actual director del Museo Regional de Guadalajara. 

Las chicas del ITAM a quienes presuntamente tocó o besó sin su permiso atribuyen su silencio ante la fiscalía a las dificultades de probar un acoso sexual. “Una no va por la vida grabando todo”, advirtió la abogada especialista en derecho penal Leslie Jiménez. 

El académico fue denunciado en abril de 2019 ante las autoridades del ITAM, uno de los institutos más prestigiosos del país. Las estudiantes manifestaron su inconformidad por el trato lascivo cuando el impartía las clases de Historia II, Historia de México II. Ellas querían que lo echaran, pero él dejó de ir a clases y finalmente renunció. 

“La denuncia se hizo en su momento ante el ITAM, no había ningún interés político como ahora se dice que se quiere golpear al presidente”, advierte Jiménez. “Y ante el ministerio público es muy complicado, sabemos que la impunidad es casi del 100%”.

A las denuncias de las estudiantes se sumaron después los casos de ocho mujeres de Morena. Entre ellas, la conductora del programa y ex militante, Estefanía Veloz.

Veloz se subió a la red social Twitter para impedir el nombramiento. Con el hash #unacosadornodebeserembajador apeló a la trayectoria del canciller Marcelo Ebrard como luchador feminista (apoyó la legislación que legalizó el aborto) para solicitar el retiro del nombramiento a Salmerón.

En diversos mensajes también describió el “modus operandi” del historiador como “condenable” y detalló que en 2017 en todos los estados que visitó como promotor de campaña de AMLO para presidente acosaba e insultaba públicamente a quienes lo rechazaban”

“El partido sabe quién es Pedro, pero tiene amigos muy importantes, estos de la vieja guardia de izquierda, los que toman decisiones”.

Al respecto, el historiador ha dicho que se trata de un golpeteo político y calificó la situación como una “tormentita”.

Otros casos

Pedro Salmerón no es el único. Gente cercana a Andrés Manuel López Obrador están en problemas de imagen pública. Le antecedente, por el mismo tipo de señalamientos, el ex candidato Felix Salgado Macedonio, a quien el presidente sostuvo en la candidatura al gobierno de Guerrero hasta que las autoridades electorales lo destituyeron y Morena nombró a la hija de éste. 

Finalmente Evelyn Salgado salió victoriosa en las urnas.

“El presidente tiene un voto fiel hasta el momento y basta con que él diga que cierto personaje tiene su confianza para que, de alguna manera, se aprobado por una buena parte de la opinión pública”, advierte Josefina Valverde, politóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. “Esto es un aval moral, aunque judicialmente estén implicados”.

Hace una semana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sanción a Morena por 4.5 millones de pesos (unos 200,000 dólares) por el cobro de cuotas ilegales que la actual secretaria de Educación Publica, Delfina Gómez, realizaba a empleados cuando era alcalde en Texcoco, entre 2013 y 2015.

El dinero de los trabajadores era desviado a una organización que supuestamente realizaba actividades benéficas para la sociedad, pero fueron utilizados en beneficio de Morena para su operación ordinaria por lo que se pretendió ocultar de esta manera el destino real de los recursos retenidos.

Sin embargo, el presidente respaldó a Delfina Gómez y dijo que era “víctima de una campaña en su contra desde que fue candidata a la gubernatura del Estado de México”.

Para Marco Levario, analista político y director de la revista Etcétera especializada en análisis de comunicación, observó que la autoridad determinó sin duda que Delfina Gómez sí incurrió en un acto de corrupción. “Ese es el hecho demostrado. Pero el presidente la defiende porque ella así contribuyó para financiar a Morena”. 

Otros funcionarios de la actual administración federal que han sido señalados por documentos filtrados a la prensa nacional y contra quienes no existe una investigación son: 

—El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, responsable de la mayor institución de salud del país por hacer compras para personal médico a través de gente no autorizada que vendió incluso cubrebocas inservibles

—Pío López Obrador, hermano del presidente y uno de los más duros contra inmigrantes en Tabasco, a quien se le grabó recibiendo en 2015 dinero en efectivo de manos de David León, el zar anticorrupción para la distribución de medicamentos. Además, Felipa Guadalupe Obrador, prima hermana que recibió contratos por más alrededor de 180,000 dólares. 

—Manuel Barttlet, actual director de la Comisión Federal de Electricidad, quien ocultó su relación con 12 empresas y  23 lujosas propiedades con valor de unos 40 millones de dólares.

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