El miedo se apodera de los periodistas en Tijuana: temen ser asesinados como Lourdes Maldonado

Antes de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, el último homicidio de un periodista por causas relacionadas con su trabajo fue el de Francisco Ortiz Franco, editor del Semanario Zeta, en 2004

La periodista Lourdes Maldonado fue sepultada este viernes en la ciudad fronteriza de Tijuana.
La periodista Lourdes Maldonado fue sepultada este viernes en la ciudad fronteriza de Tijuana.
Foto: Joebeth Terriquez / EFE

Muchos de los periodistas de Tijuana no confían en las promesas de las autoridades de brindarles protección y hacer justicia por el crimen de Lourdes Maldonado, asesinada el domingo. Se sienten solos y tienen miedo ante la nula protección que reciben para ejercer su trabajo destapando casos de corrupción o narcotráfico a cambio de unas precarias condiciones económicas.

A ellos se dirigió en el velorio uno de los hermanos de Lourdes, Hugo Maldonado.

“Es una desgracia, no solo para mi familia, sino para ustedes. Les digo que se cuiden, que en cualquier momento puede sucederles algo así”, dijo visiblemente afectado quien en nombre de la familia dijo que perdonaban a los asesinos de su hermana.

El silencio en el velorio de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana era solo roto por el sonido de las cámaras fotográficas de quienes acudieron a despedirla y, a la vez, cubrían la noticia como colegas de profesión.

El gremio periodístico de esta ciudad fronteriza con Estados Unidos aún se recuperaba del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez, el 17 de enero, cuando a le dispararon afuera de su casa.

No había pasado ni una semana. Demasiado incluso para una ciudad casi acostumbrada a los altos niveles de violencia y para los reporteros que, de ser testigos de cinco homicidios diarios como promedio el año pasado, han pasado en 2022 a ser las víctimas.

“Lourdes decía: ‘A Margarito lo cazaron en su casa’, sin saber que unas horas después la iban a matar igual a ella”, dijo Rocío Galván, periodista de Radio Fórmula.

Quien fuera su colega durante años como reporteras en Televisa recordaba a Maldonado como una mujer “valiente, sin filtros y visceral”.

“Si vas a cubrir la guerra (como periodista), compras ese riesgo. El problema es que aquí en Tijuana te atacan cobardemente”, destacó Galván.

El grado de indefensión de estos profesionales quedó aún en mayor evidencia tras conocerse que Maldonado formaba parte de un Sistema Estatal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que no pudo salvarle la vida.

Accedió a él después de que dispararan contra su vehículo en marzo del año pasado. Entre sus medidas de protección, contaba con un botón del pánico dentro de casa para contactar con la central de policía en caso de emergencia, rondas de los agentes y vigilancia permanente en horario nocturno.

“Está claro que el sistema no está salvando vidas ni nos está quitando riesgo”, critica con firmeza Sonia de Anda, periodista y consejera del programa de protección, al que asegura que entró a formar parte “para criticarlo y exponerlo en público desde dentro”.

Los periodistas tijuanenses había logrado esquivar más o menos esta monstruosa violencia, dice De Anda. El último homicidio de un comunicador por causas relacionadas con su trabajo se remonta a 2004: el de Francisco Ortiz Franco, editor del legendario Semanario Zeta especializado en temas de narcotráfico.

“Después de estos dos asesinatos, los periodistas en Tijuana pensamos que tenemos una bala dirigida a la cabeza, que el foco está centrado en nosotros. Es como si fuéramos su blanco”, agregó la comunicadora tras finalizar su programa de televisión, en el que habló de sus colegas asesinados y de la falta de protección.

De Anda afirma que se sienten indefensos, en tensión y poco valorados al tener que trabajar “en muchos casos, por ocho mil pesos mensuales (unos $385 dólares) y sin prestaciones laborales. Peor que un trabajador de maquila”, denuncia.

“Esto nos ha puesto en una situación de riesgo que ya no sabemos ni cómo protegernos, si confiar o no en las instituciones, o cómo hacerlo. Así estamos trabajando”.

Otro periodista tijuanense, Antonio Maya, siguió la ceremonia para reportarlo en uno de los medios para los que trabaja. También muy cerca, un escolta seguía discretamente los movimientos del reportero.

Maya se adhirió al sistema de protección estatal después de recibir amenazas por haber defendido a una colega en un enfrentamiento y descubrir, asegura, a una pareja de estadounidenses apostados en una furgoneta frente a su casa vigilándole.

“Ya no ando tanto en la calle, nada más redacto, me quedo en el carro y luego regreso a casa. Una vez que llego, ya no salgo por si hay alguien afuera esperándonos”, reconoce junto al Palacio Municipal de Tijuana, mientras espera recibir algún aviso para acudir a cubrir alguna noticia o suceso del día.

“Soy muy consciente de que la persona que te va a matar, lo va a hacer porque está decidido y es su trabajo, por mucha escolta que tengas. Eso es parte de la realidad”, dice con crudeza. “Aquí tenemos ya tan normalizada la violencia que damos por hecho que cada día habrá una nota de muertos en los medios”.

El miércoles, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, nombró a un fiscal especial para investigar los asesinatos de los periodistas y dijo que se trabajará en un proyecto para reclasificar este tipo de crimenes con penas más duras.