La iniciativa ‘Justicia 40’ cumple un año

Una semana después de asumir el cargo, el presidente Biden firmó la orden ejecutiva 14008, por la que estableció la iniciativa Justicia 40.

Se trata de una herramienta de coordinación para que las agencias federales, en su trabajo con estados y comunidades locales, dediquen al menos el 40% de los beneficios de las inversiones en cuestiones climáticas y de energía limpia a las comunidades de bajos ingresos y de color. A afroamericanos y latinos, quienes han sufrido de manera sistemática y desproporcionada la contaminación por décadas.

Justicia 40 pretende cumplir una promesa de campaña con la que el entonces candidato presidencial Biden buscó el apoyo de nuestra comunidad.

Busca beneficiar a los más expuestos a la contaminación ambiental, los que viven cerca de fuentes de materiales tóxicos, a aquellas poblaciones cuya salud es más vulnerable y finalmente, a quienes viven en la pobreza. Obviamente, todas estas poblaciones se yuxtaponen en una sola.

Es un compromiso de canalizar un nivel sin precedentes de inversión federal a las comunidades dañadas por muchos años de abandono. Incluye centenares de programas de decenas de agencias federales y, con su financiación, estatales y municipales. 

Para cumplir la promesa, el gobierno debe asegurar que los recursos lleguen a agencias y grupos que aseguren su uso correcto, que efectivamente beneficie a las comunidades y no a intermediarios, terceros y ajenos. 

Para ello es crucial la función de organizaciones comunitarias dedicadas a nuestra gente, ciudad por ciudad, estado por estado. Éstas facilitan la participación directa de la gente que se piensa beneficiar. Conocen las necesidades locales. Poseen vínculos profundos con la población. Y su presencia fortalecerá la confianza de la comunidad.

A la hora de tomar decisiones, su criterio será hacer lo que quiere y necesita una comunidad, y no lo que alguien, detrás de un escritorio de oficina decida que le beneficie.

Es más: el éxito en la implementación del plan se medirá por el grado de participación de las comunidades en la toma de decisiones y la gestión de los diversos programas. No hay mejor patrón que lo indique.  

Ha pasado un año desde entonces. La Casa Blanca festejó el aniversario atribuyéndose gastos ya hechos por centenares de millones de dólares. Pero no queda claro cuántos y cuáles de ellos ya estaban presupuestados, o hubieran sido invertidos de cualquier manera o bien directamente no tienen relación alguna con el objetivo de la iniciativa. 

Un comunicado de la Casa Blanca asegura que los planes están siendo “reinventados y transformados para maximizar los beneficios para las comunidades desfavorecidas”. Quienes analizan estas afirmaciones esperan más detalles para poder corroborarlo. 

Esto es más difícil cuando en lugar de cuantificar el programa según las sumas reales invertidas, la administración se basa en el concepto vago de los “beneficios” del gasto. Eso debería cambiar.

Justicia 40, correctamente implementada, es una oportunidad extraordinaria.  Esperamos que sus dolores de parto sean fugaces y que se imponga como un instrumento potencial de reconocimiento mutuo entre la administración y la comunidad y el catalizador de un crecimiento tantas veces postergado.