El campamento de refugiados que duró en Tijuana un año y un día

Eran las 4 de la mañana cuando la señora Ruth escuchó ruidos cerca de la tienda de campaña donde vivía con sus hijos.

“Los niños despertaron. Yo apenas me iba a asomar a ver qué pasaba, cuando una mujer me abrió la puerta de la tienda, se asomó y me dijo que iban a quitar el campamento, que nos invitaba a ir a un albergue”, dijo. Ruth.

“Aquí espérenme”, dijo a sus hijos, de 2 y 3 años. Pero al salir, recordó, se quedó sorprendida. Había reflectores y detrás de las luces intensas alcanzó a distinguir a decenas, quizás cientos de uniformados, muchos de ellos con uniformes antimotines.

“Nos asustamos mucho”, dijo Ruth, una madre de familia de San Salvador, “vimos que venían de carpa en carpa diciendo a la gente que se salieran porque iban a quitar el campamento”.

Las personas que caminaban entre las tiendas de campaña vestían chalecos que los identificaban como representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y algunas se presentaban como psicólogos de instituciones oficiales.

Mientras maquinarias pesadas con sus propios faros encendidos se aproximaban al campamento, entre cientos de militares y policías, los representantes de derechos humanos urgían a las familias a que salieran cuanto antes, que tomaran solo lo esencial y que fueran a una calle cercana.

Ruth como pudo echó rápidamente algunas pertenencias en bolsas de plástico grandes como para basura, dijo a sus hijos que se tomarán de la mano y les advirtió que pasara lo que pasara no se soltaran, y salió hacia esa calle.

Tan pronto estuvo ahí, vio que cuadrillas de trabajadores avanzaron a destruir las carpas o tiendas de campaña.

Ruth dijo que intentaba recordar si había dejado algo importante en la carpa, pero comprendió que lo que hubiera olvidado ya estaba perdido, porque una barrera de policías ya no la dejarían pasar, tampoco quería alejarse de sus hijos o llevarlos entre maquinarias en movimiento, y las personas del estado la presionaban para que dijera rápido a dónde quería ir sin opción a que se quedara.

Un par de horas después, la maquinaria pesada empujaba los escombros de lo que antes habían sido carpas que formaron el campamento, la de Ruth y muchas otras familias subían a autobuses que iban a algunos albergues para migrantes.

Mientras tanto, máquinas pesadas recogían los desechos que quedaban de las decenas de tiendas de campaña y los subían a camiones de basura.

La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, llegó al lugar para calificar de exitosa la operación.

Según conteo de la alcaldía, al final en el campamento había 381 personas, en su mayoría mexicanos que huyeron de la guerra entre cárteles. Aparte, cerca de cien personas también acampaban en las inmediaciones.

En unas horas, habían acabado con el campamento que permaneció un año y un día en la explanada de entrada a la garita peatonal de El Chaparral en Tijuana, que desemboca con el nombre de PedWest en San Diego.

El campamento se había formado en respuesta a decisiones del presidente Joe Biden hacía un año.

Cuando Biden asumió el cargo el 20 de enero del año pasado, esa misma tarde declaró que el programa que había enviado a la frontera mexicana a unos 70,000 solicitantes de asilo a aguardar citas en cortes de migración debía desaparecer.

Solo aceptaría, dijo, 25 mil migrantes con casos pendientes en ese programa.

Para miles de migrantes, algunos después de esperar años, que aguardaban con esperanza que el entrante presidente Biden les diera la oportunidad que les negó Trump, el anuncio del mandatario demócrata fue demoledor.

Algunos se aventuraron a cruzar la frontera, con la esperanza de entregarse a la patrulla fronteriza para solicitar asilo con la esperanza de que los patrulleros de la administración Biden fueran distintos a los de Trump y los aceptaran.

Pero aunque cambió la presidencia, nunca fue suspendida una medida impuesta como presunta prevención sanitaria, Título 42, que autoriza a los agentes fronterizos a rechazar solicitudes de asilo y regresar de inmediato a México a los migrantes, muchas veces por el mismo punto por el que acaban de cruzar a Estados Unidos, presuntamente para prevenir contagios de Covid 19.

Los migrantes en Tijuana se quedaban desilusionados y en difíciles circunstancias porque la pandemia les dificultaba conseguir empleo pronto.

De pronto, el 5 de febrero del 2021, llegaron a las inmediaciones de El Chaparral unas cinco familias que colocaron carpas o tiendas de campaña. Algunas de esas familias dijeron a La Opinión que estaban ahí para anotarse en una lista para cruzar a solicitar asilo.

Un llamado que dio esperanza

Fue el pastor Albert Rivera, del albergue Ágape, quien desde El Chaparral explicó que “el presidente Biden dijo ayer que su gobierno va a aumentar a 120,000 el número de refugiados que va a aceptar, y estas familias quieren estar entre las primeras de esos refugiados”.

Los migrantes pensaban que, como en El Chaparral durante el gobierno de Trump se anotaban en un cuaderno para pasar por turnos a solicitar asilo, de nuevo ahí mismo se haría una nueva lista.

No tardó en correrse la voz sobre el nuevo campamento. En marzo, el gobierno de Estados Unidos cerró el paso peatonal entre varias restricciones a los cruces fronterizos no esenciales, para prevenir contagios de Covid, y con ese cierre, el número de tiendas de campaña con familias adentro se multiplicó.

Para mediados de abril, el campamento tenía ya unos 3,500 migrantes y todos los días llegaban al menos unos más.

Sin embargo el proceso de asilo quedó cerrado, excepto por un periodo en que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) hizo mediante una demanda que la administración Biden aceptara el ingreso gradual de los migrantes más vulnerables, aquellos con enfermedades terminales, embarazos de alto riesgo o realmente perseguidos hasta la frontera.

Pero en junio esa oportunidad se cerró de nuevo. En noviembre terminaron las restricciones a los cruces fronterizos no esenciales, pero El Chaparral siguió cerrado por el campamento.

La administración Biden reactivó el programa que hace esperar en la frontera mexicana a los solicitantes de asilo, pero solo siete casos por día, y únicamente migrantes de Colombia, Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Nadie en El Chaparral era de esa nacionalidad cuando lo desmantelaron. Las organizaciones civiles criticaron sobre todo que las autoridades en México usaran a personal de derechos humanos y psicólogos para legitimar el desmantelamiento traumatizante de la madrugada de este domingo.