En manos del presidente la decisión de a quién se congelan las cuentas bancarias

MEXICO.- Cualquier persona que el gobierno sospeche que se porta mal podría quedarse sin poder usar el dinero de sus cuentas bancarias. En la mirilla están muchos políticos y sus parientes, amantes o amigos. Se suman empresarios, artistas, científicos, faranduleros, amas de casa…

Ocurrirá sin previo aviso ni mandato judicial. Simplemente tiene que ordenarlo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, subordinada al mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La persona con la cuenta congelada tendrá unos días para defenderse y probar que sus dineros son bien habidos, que no es producto del lavado de dinero o del desvío o robo del dinero público; de fraudes o extorsiones.

Todo ello quedó plasmado en la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito aprobada recientemente por el partido Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados después de casi tres años de discusión con particular dedicatoria a los corruptos.

Ahora se encuentra en manos de López Obrador para que la publique en el Diario Oficial de la Federación y las disposiciones entren en vigor. 

Para algunos críticos  la reforma se trata de un arma política que regaló el legislativo (de mayoría morenista) al presidente Andrés Manuel López Obrador porque podría ir contra sus enemigos sin la necesidad de un mandato judicial.

“Tal como quedó establecido se deja amplio margen para que la ley se use como un instrumento de venganza  personal en manos del Ejecutivo”, advirtió José Fernández Santillán, analista político del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

“Ahora mismo podría ir contra sus críticos de la prensa como Carlos Loret de Mola, quien ha sacado la información de los abusos del hijo de López Obrador”. 

El diputado José Francisco Yunes precisó que la reforma afecta principios constitucionales fundamentales y es un retroceso a la democracia a la vieja usanza del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que utilizaba la ley en contra de la oposición.

Por su parte, la legisladora Aleida Alvarez defendió las modificaciones y dijo que se trata de darle más dientes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para controlar la corrupción del país así como el dinero que financia las actividades delictivas y garantizó que no habrá arbitrariedades.

“De fondo, se respeta el derecho de audiencia a las personas que se encuentran en las listas. Y con ello, se brinda certeza jurídica a los usuarios de los servicios financieros a través de un procedimiento claramente establecido en la ley”, justificó.

Los blancos 

El espíritu de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito pretende acorralar a una larga lista de personajes en la mira de la UIF que encabezan políticos. Entre ellos hay varios gobernadores como el de San Luis Potos José Ricardo Gallardo, del Partido Verde, y de su padre, Ricardo Gallardo Juárez, entre muchos.

Los gobernadores hicieron de las empresas fantasma el mejor camino para robar el dinero público, según múltiples denuncias de la organización Mexicanos contra la Corrupción. 

El 14 de agosto de 2020, la Secretaría de Hacienda formuló ante la Fiscalía General de la República (FGR) una detallada “denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito” en contra 20 personas morales (empresas) y 19 personas físicas que, “bajo la dirección” de los Gallardo, presuntamente desviaron alrededor de 35 millones de dólares en su equivalente en pesos.

Sin embargo, la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, no realizó “los actos tendientes a la investigación de los hechos denunciados”. 

En ese tiempo del fiscal mantenía un enfrentamiento don el titular de la UIF, Santiago Nieto; si el caso hubiera sido después de la Reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, Hacienda hubieran podido congelar las cuentas de Gallardo, quien a pesar de las denuncias tomó posesión como mandatario de San Luis Potosí.

Pero las dudas principales sobre las nuevas atribuciones de Hacienda apuntan a evitar la arbitrarierdad, ¿cuándo, por qué y a quién se le congelarán los dineros en la banca?

El año pasado, en plena carrera política para renovar la gubernatura de Nuevo León, la prensa reveló una investigación por parte de la UIF en contra de tres priistas de alto perfil en el estado, el exgobernador Rodrigo Medina y los candidatos Adrián de la Garza y Francisco Cienfuegos. El asunto golpeó políticamente a los rivales de Morena y, al final, ninguno fue detenido.

Para evitar este uso político, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) solicitó “certeza y objetividad” en los criterios que provocarán la inclusión en la lista de personas bloqueadas.

“No deben ser facultades discrecionales, ocultas o difusas definidas por la autoridad para garantizar que no haya uso indebido de estas atribuciones”, expresó en un comunicado.

Durante la administración de López Obrador, la UIF ha bloqueado cientos de cuentas por posibles indicios de lavado de dinero pero todo se  hacía a través del sistema bancario. 

La mayoría de los bloqueos han sido a cárteles de la droga y a empresas con indicios de complicidades como Grupo Pochteca, una distribuidora de productos químicos.

La compañía cotizaba desde 1996 en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con la producción industrial de químicos inorgánicos, solventes y mezclas, químicos para alimentos, lubricantes y grasas, cuidado personal y del hogar, minería, construcción y edificación y papel y cartón. Luego se le señaló de incursionar en el mercado ilegal del tráfico de fentanilo.

En octubre de 2021 se descongelaron sus cuentas.

En tiempos de Santiago Nieto, quien fue sustituido por Pablo Gómez en la UIF, también se bloquearon cuentas a empresas fantasmas que emitían facturas falsas y hacían movimientos inusuales en el sistema financiero como simular generación de impuestos, entre otras. 

En el caso de políticos, fueron afectados el ex gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, Salvador Alcantar y Eliseo Campeán, alcalde de delicias, Chihuahua, por diversas razones como desvío de recursos, pero posteriormente ha tenido que liberarlas.

Por las modificaciones recientes, la UIF agradeció a través de un comunicado y confió en poder frenar al crimen por la vía de los bolsillos.

“Al brindar una mayor seguridad jurídica en los procedimientos administrativos de la inteligencia financiera, dará más certeza dentro del sistema mexicano de combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

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