La batalla de AMLO en contra del lavado de dinero

MEXICO – Es uno de los hombres más famosos del actual gobierno del país y el primero con el mismo cargo que sale de las oscuras sombras del rastreo de dinero sospechoso. Se llama Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno federal, el que bloquea cuentas a los cárteles y va detrás de faranduleros, científicos, cantantes, presentadores de televisión, abogados, sindicalistas…

Con la persecución de dineros malhabidos, la solicitud de aprehensiones, los señalamientos directos sin mirar el gremio, la fama o la fanfarronería, este personaje abogado, académico y jurista de 48 años bajo el mando del presidente Andrés Manuel López Obrador está demostrando algo más grave de lo que se esperaba en el combate a la corrupción:

Que no sólo los políticos, sino gran parte de la sociedad están involucrados y forman parte de las redes de lavado de dinero que alimentan la violencia, la pobreza y la desigualdad.

Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, la UIF —subordinada a la Secretaría de Hacienda— bloqueó cuentas bancarias por más de siete millones de dólares, 1.4 millones de pesos y 10,000 euros por supuestos vínculos directos e indirectos con lavado de dinero, según reportó el documento del tercer informe de gobierno del presidente.

Santiago Nieto dice que no es muy complicado ver cómo la gente se involucra: puede ser por la compra de un automóvil con dinero en efectivo, la adquisición de una obra de arte, cuando se acepta un precio superior al valor del mercado a cambio de un bien inmueble del que se es propietario o se reciben donativos de parte de una fundación sin fines de lucro…

“En todos estos casos debemos tener cuidado, ya que puede tratarse de lavado de dinero y podríamos vernos involucrados en una actividad ilícita. Pero, además, una característica común que comparten los anteriores escenarios es que, como se podrá advertir, para lavar dinero no necesariamente se requiere del sistema financiero”, advierte.

“No necesariamente se requiere introducir los recursos en una cuenta bancaria, dispersarlos mediante diversas transferencias a empresas fachadas, retirar el dinero y luego reintegrarlo al sistema bancario vía la compraventa de bienes y servicios”.

Por estas situaciones, al UIF ha ido rastreando todas las posibilidades en las que se puede lavar dinero y el resultado han sido cientos y cientos de acusaciones que actualmente están en proceso legal así como el bloqueo de cuentas bancarias que podrían estar vinculadas a corrupción política, trata de personas, secuestro, fraude; tráfico de indocumentados, flora, fauna o el narcotráfico.

Los cárteles

En junio pasado, 153 integrantes y colaboradores de seis cárteles que generan violencia en Michoacán, identificados como los responsables de secuestros, extorsiones y asesinatos en la entidad, recibieron un revés: sus cuentas bancarias fueron bloqueadas. 

Junto con la fiscalía General del Estado (FGE) rastrearon a gente que apoyaba las finanzas en los bancos para los cárteles Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana, los Viagra, Cárteles Unidos y el Independiente identificado como una célula de “Los Beltrán Leyva”. 

Estos grupos estan fichados por el gobierno de Estados Unidos no sólo por el tráfico y producción de metanfetaminas, marihuana o cocaína, sino porque han diversificado sus operaciones ilícitas a la extorsión, el tráfico de personas y el robo de combustible. 

Por razones similares, tres meses después, el 21 de septiembre, la UIF agregó a 186 personas a la lista de cuentas, de las cuáles, 57 pertenecen a sujetos identificados como generadores de violencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Cuinis, La Nueva Plaza, Cártel del pacífico, Los MataZetas, Cártel de Juárez, entre otros grupos delictivos del estado de Jalisco.

El resto, a los cárteles de Tláhuac, del Golfo, Nuevo Imperio, Guerreros Unidos, La Familia Michoacana, Nueva Empresa y/o Cártel del Diablo, Nueva Familia, La Unión Tepito, Los Caballeros Templarios, Los Cano y/o Palma, Los Peñafiel, Los Popoca y/o Los Mutiladores.

En 2020, la UIF bloqueó 21,375 cuentas, el número más alto en casi dos décadas de su existencia, por un monto de casi 350 millones de dólares.

La respuesta en contra de estos bloqueos suele ser legal. Por el más reciente bloqueo dado a conocer en junio pasado, por ejemplo, se promovieron 1,323 amparos de personas físicas y morales. Esto es, una de cada 10.

Durante el 2019, la UIF tuvo que desbloquear más de 10,000 millones de pesos a personas señaladas de cometer actos de lavado, en su mayoría por resoluciones judiciales de los jueces de amparo.

De acuerdo con un estudio del think tank American Enterprise Institute (AEI), el reto de la lucha contra el lavado de dinero por parte de esta administración es que, además del compromiso de la UIF, debe involucrarse también a otras áreas como el congreso (con reformas), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Sistema Nacional Anticorrupción y las unidades especializadas del Servicio de Administración Tributaria. 

“Otro ideal sería despolitizar totalmente la lucha anticorrupción”, observó Andrés Martínez Fernández, autor del estudio de AEI. 

Los demás

En la variedad de actores que la UIF ha puesto la mirilla se encuentran famosos del espectáculo como Gloria Trevi y su esposo a quienes denunció ante la Fiscalía Federal de la República por considerar que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional. 

Trevi respondió que su dinero lo ganó de manera lícita y que no debe al fisco los 20 millones de dólares que la UIF sostiene. 

Recientemente también se dio a conocer una supuesta orden de aprehensión que un juez giró en contra del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga y la conductora Inés Gómez Mont, quienes están casados, por presuntamente haber cometido el delito de peculado, al desviar millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación.

La UIF también tiene denuncias en contra de empresas eléctricas privadas por desviar dinero; la organización Antorcha Campesina tanto en el Estado de México como en Puebla, un ex magistrado y pidió orden de arresto en contra de 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por daño patrimonial al Estado por poco más de 12 millones de dólares.

Pero tiene un reto todavía: probar todo ante los jueces. 

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