Alex Villanueva busca un nuevo término como Sheriff de Los Ángeles

Alex Villanueva, el alguacil del condado de Los Ángeles, estaría dispuesto a declarar bajo juramento que en el LASD no hay pandillas, tal como afirman sus detractores.
“Si hay una investigación oficial o cualquier demanda de investigación criminal, hago cualquier juramento y testifico en cualquier instancia apropiada, pero no cuando todo está hecho para el beneficio político de algunos”, expresó.
Según una carta que el Inspector General Mark Huntsman envió con fecha 21 de marzo al sheriff Villanueva, pudo identificar a 41 empleados del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles, como presuntos miembros de pandillas que operan en estaciones locales del LASD.
De acuerdo con el escrito, investigadores de la oficina de Hunstman se identificó a 11 integrantes de “Banditos” y 30 miembros de “Verdugos” [Executioners”], grupos que aparentemente han existido por décadas en la agencia.
En su página oficial, Hunstman describe que 59 reclamos legales contra el LASD han costado 54 millones de dólares desde a principios de 1990 a 2018. De la misma manera, el Inspector General no especifica que todas esas demandas son previas al mandato de Villanueva.
Huntsman, ha exigido que Villanueva entregue las imágenes de la cámara corporal relacionadas con esas investigaciones e instruya a los agentes para que cooperen con su oficina.
‘Un tatuaje no significa nada’
“Todo es mentira, ese Huntsman, hijo de su grandísima ma…, identificó a 41 personas que tienen un tatuaje. Esa es toda la información que tiene desde hace más de un año”, dijo el alguacil. “ Esa información la han venido utilizando para manipular las elecciones que vienen en junio”.
“Tienen los nombres de las personas que tienen un tatuaje, pero eso no significa nada. Yo tengo miles de empleados con tatuajes y eso no quiere decir que sean pandilleros. Un tatuaje no define a una persona.
Villanueva afirma que el hecho de que algunos de sus subalternos tengan un tatuaje no lo autoriza para despedir a nadie.
“[Un tatuaje] Está garantizado por la Primera Enmienda de la Constitución como forma de expresión; tenerlo o estar asociado a un grupo no significa que haya mala conducta en las personas”, añadió.
“Todo lo que están haciendo es para difamar la reputación de la oficina de alguacil. Ese es el único motivo”.
El documento del Inspector General fechado requiere que la oficina de Villanueva produzca documentos, archivos, libros, videos, audios y cualquier tipo de comunicación relacionada con “potenciales pandillas policiales” relacionadas con grupos que identifica como Executioners (Verdugos) Gladiators (Gladiadores), cualquier grupo que se identifique como “old ink” (tinta vieja) o “new ink (tinta nueva) , Banditos, Regulators (Reguladores), Jump Out Boys, Grim Reapers o Vikings (Vikingos).
En enero de 2021, un reporte de Sean K. Kennedy, profesor y director ejecutivo del Centro Juvenil de Leyes y políticas de Loyola Law School, titulado “50 años de pandillas de agentes en el departamento del alguacil del condado de Los ángeles, especifica que el tatuaje de los Executioners o Verdugos es una calavera que viste un casco Nazi con las letras “CPT” en el frente y un rifle rodeado de llamas y que estos dominan la estación Compton.
Compensación millonaria
Un agente de esa estación, Samuel Aldama, alguacil que tiene dicho tatuaje de “Verdugos” y su colega Mizrain Orrego participaron en la muerte de Donta Gurrell Taylor, afroamericano, en agosto de 2016. Ellos reclamaron que Taylor estaba armado, pero nunca se encontró un arma en su poder.
En la estación del alguacil de Compton, se llama “pistola fantasma” a un arma que un oficial dice que vio en un sospechoso pero que nunca se encuentra cuando sus compañeros alguaciles la buscan.
Posteriormente, en mayo de 2018, Aldama hizo una de claración en la que dijo que él albergaba sentimientos “enfermizos” contra los afroamericanos, aunque luego se retractó. La familia de Taylor recibió una compensación de $7 millones.
Y en una reciente declaración bajo juramento, Austreberto González, de la misma estación confirmó que los “Executioners” son una “pandilla violenta” que domina en Compton y asalta a otros agentes. Supuestamente, ellos no admiten afroamericanos y celebran en bares en fiestas conocidas como “fiestas 998”” o “informes 998”.
Caso Andrés Guardado
Austreberto González testificó que Miguel Vega y Christian Hernández, quienes participaron en la muerte del guardia de seguridad Andrés Guardado en junio de 2020 eran prospectos para unirse a los “Verdugos” al momento de la balacera.
“Todo eso fue un reclamo de Austreberto González”, aclaró Villanueva. “Su demanda fue rechazada dos veces por la corte, con perjuicio y hasta a su abogado lo ultaron porque no ofreció ninguna evidencia para apoyar que su reclamo era serio”.
Un caso desechado en un tribunal con perjuicio significa que la persona que entabló la querella no puede demandar de nuevo.
El día de su muerte, por razones desconocidas, Guardado corrió al ver a los agentes. Vega dijo que supuestamente tenía un arma y le disparó seis veces por la espalda.
Los inmigrantes
En entrevista exclusiva para La Opinión, Villanueva, de 59 años y quien busca la reelección al cargo obtenido en noviembre de 2018, afirma que sus mejores bazas para defender su posición frente a los electores latinos es que sacó a la agencia ICE de las cárceles y logró una moratoria a las transferencias de reos indocumentados para deportación.
“He cumplido”, dijo. “Antes vendían los datos de los reos indocumentados a la agencia ICE y los supervisores del condado se hacían los de la vista gorda porque recibían 122 millones de dólares”.
Villanueva afirma que, para poder lograr eso “tuve que mover montañas ante el gobierno federal, en contra del establecimiento político y los intereses de muchas personas del condado, desde 2003 a 2018 con [Lee] Baca y [Jim] McDonnell]”.
Villanueva sostiene que los beneficiados eran los supervisores del condado “porque esos millones de dólares iban directos al fondo general del condado”.
Cámaras corporales
Otra carta que jugará el alguacil antes de la elección primaria del 7 de junio es haber logrado instalar cámaras corporales en al menos 3,000 agentes.
Esa era otra promesa de campaña, antes de desbancar de forma histórica al incumbente Jim McDonnell, un aliado incondicional de la Junta de Supervisores.
“Una semana después que fui elegido comencé el proceso; tuvimos que batallar para dotar de cámaras a todos los alguaciles que están trabajando en patrullaje”, expresa.
El beneficio fue, en principio, “transparencia, para las personas que tienen dudas sobre algo que sucedió o tienen alegatos de mala conducta o asuntos criminales. Ya tenemos un testigo neutral que puede ofrecer información que antes no se tenía”.
Contrataciones
Entre los asuntos pendientes por arreglar, dice, están “la poca vergüenza de la Junta de Supervisores de quitarle fondos al departamento y congelar nuestra habilidad de contratar más alguaciles; ya estamos en contrarreloj, perdimos algunos alguaciles y no los hemos podido reponer”.
A medida que los agentes se iban jubilando o que fueron promovidos, en 2021, el jefe del LASD afirma haber perdido 1,271 posiciones las cuales fueron congeladas o después anuladas por la Junta de Supervisores. “Esto sucedió justamente cuando el crimen estaba aumentando en cifras enormes”, precisa Villanueva.
“La Junta [de Supervisores] congeló nuestra habilidad de emplear a nuevos agentes”, dice. De hecho, en el LASD se ha hecho más trabajo con menos recursos, dice.
Después que Villanueva asumió el mando del departamento, en 2019-2020 se recortaron 145 millones del presupuesto y en 2020-2021 otros 116 millones, además de congelar 133 millones para servicios y provisiones, explica. Esto ha desatado una intensa lucha política entre Villanueva, quien fue elegido por la ciudadanía, y la Junta de Supervisores, de quienes depende en materia fiscal.
Villanueva afirma haber comenzado una intensa lucha contra la corrupción, un tema que califica de “intolerable”.
“Hemos arreglado muchos asuntos de corrupción, pero aún hay elementos bajo la superficie que se deben arreglar -explica- y uno de ellos es el sabotaje que están haciendo a la agencia del orden y que lo hacen por beneficio político”, concluyó en polémico jefe de alguaciles.

Vacunaciones
Bajo una propuesta de las supervisoras Sheila Kuehl y Holly Mitchell se otorgó autoridad al director de personal del condado para disciplinar a cualquier empleado del condado que no cumpla con el requisito de vacunación contra el coronavirus, ordenanza que fue aprobada 4-1 con el voto en contra de la supervisora Kathryn Barger.
“Como era de esperarse, aproximadamente el 74% de los más de 5,000 reclamos de compensación laboral relacionadas con Covid-19 presentadas por empleados del condado hasta el 29 de enero de 2022 han sido presentadas por empleados del departamento del alguacil”, indica la moción. “Estos datos ilustran el papel vital de las vacunas para limitar la propagación de Covid-19 y, por lo tanto, la necesidad urgente de aumentar las tasas de vacunación en toda la fuerza laboral del condado”.
La autoridad para disciplinar o despedir, a los empleados que violan el mandato antes recaía en los jefes de departamento individuales, como Villanueva.

¿Mandato inconstitucional?
“No creo que ese movimiento sea constitucional”, subrayó el alguacil Villanueva. “Vacunarse debería ser voluntario. Yo mismo me vacuné y se los he recomendado por su propio beneficio”, dijo.
Ejemplificó que la Junta de Directores de la MTA quiere obligar a todos sus trabajadores a vacunarse, porque no quieren poner en riesgo a los pasajeros”.
“Pero no se dan cuenta que puede venir un borracho no vacunado o un drogadicto que tose y está enfermo enfermo de Covid, vomitándose u orinándose delante de ellos en un camión o un tren y eso no lo consideran un peligro. Entonces, su posición es hipócrita y no tiene sentido”, acusó.
Pero lo cierto es que la Junta no puede despedir a una persona que no trabaja para la ciudad.
Villanueva expresó que si el mandato de vacunación lo hacen obligatorio, en el LASD hay unos 4,000 empleados que están en edad de jubilarse y más de 2,000 podrían ser despedidos.
“Ya lo he explicado a la Junta de Supervisores y les importa un comino”, dice.
En enero de este año, de aproximadamente 18,000 empleados en el Departamento del Alguacil, al menos 874 estaban en cuarentena, y de ellos 618 eran agentes juramentados, es decir, apenas el 1.5% de la fuerza laboral total.

Video controversial
Villanueva también contestó a nuestras prguntas csobre un incidente en que un recluso llamado Enzo Escalante, quien fue sometido durante tres minutos cuando un agente se arrodilló sobre su cabeza, mientras estaba esposado.
El altercado ocurrió el pasado 10 de marzo de 2021 en el Palacio de Justicia de San Fernando.
Presuntamente, Escalante golpeó en la cara al ayudante del alguacil Douglas Johnson.
Parte de un video de seguridad fue filtrado a la prensa.
Villanueva expresó a La Opinión que la filtración del video constituía robo de material de investigación de un caso activo, dentro del departamento y por algún miembro del LASD.
El alguacil va más allá y asegura que la persona que entregó ese video fue el comandante Eli Vera, uno de sus adversarios en la elección primaria de junio.
“Él [Vera] por su propia decisión proveyó esa información a la prensa, antes que a nosotros”, dijo. “Alegan que se tenía que haber hecho una investigación criminal, pero ¿por qué no lo hicieron?. Yo tardé meses para poder ver el video”, dice.
“Él [Vera] tenía la autoridad, no para iniciar una investigación, pero sabe sobre su responsabilidad porque eso sucedió en su división”.
Ante la filtración del video, Eric Strong, otro rival de Villanueva para los comicios primarios del próximo junio, dijo en un comunicado: “Nunca ha estado más claro qué tipo de líder es Alex Villanueva. El Sheriff marca la pauta para todo el Departamento. Villanueva ha marcado la pauta para la corrupción y el comportamiento abusivo”.
“No me sorprende. Es otro candidato desesperado” comentó el sheriff Villanueva al respecto.