A qué inmigrantes indocumentados afecta decisión de Corte Suprema
La Corte Suprema dio un revés a inmigrantes indocumentados que tienen órdenes de deportación o fueron deportados y luego vuelven a ser detenidos, pero reclamaron audiencias para fianza luego de seis meses de estar bajo arresto de ICE
En una decisión unánime, la Corte Suprema falló en contra de ciertos inmigrantes indocumentados que impugnaron su detención prolongada bajo Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al considerar que tenían derecho a fianza tras seis meses de detención.
La decisión de los jueces fue con dos casos, el de Johnson v. Arteaga-Martinez, que involucró a Antonio Arteaga-Martinez, un ciudadano mexicano que ingresó a los EE. UU. sin autorización y se ordenó su expulsión, pero las autoridades lo mantuvieron en el país tras reclamos de persecución o tortura.
En opinión de la jueza Sonia Sotomayor, el tribunal sostuvo el gobierno no está obligado a proporcionar audiencias de fianza después de seis meses de detención.
El segundo caso, Garland v. Alemán González, contempla una situación similar a la de Arteaga-Martínez, sobre medidas cautelares en casos de órdenes de deportación y el derecho a fianza.
Defensores de los inmigrantes se mostraron decepcionados este lunes porque el máximo Tribunal se puso del lado del gobierno de EE.UU. al dictaminar que los inmigrantes detenidos que reingresan al país tras ser deportados no tienen derecho a buscar su liberación bajo fianza, independientemente de cuánto tiempo permanezcan detenidos.
En una decisión unánime los nueve jueces revocaron los fallos del Tribunal del Noveno Circuito en San Francisco (California) y del Tribunal del Tercer Circuito en Filadelfia (Pensilvania), que estuvieron a favor de dos demandantes hispanos.
Esos tribunales de apelaciones se basaron en un fallo de 2001 que argumenta que la Constitución generalmente no permite que el gobierno retenga a los inmigrantes más de seis meses sin darles una audiencia y la oportunidad de buscar su liberación bajo fianza.
El fallo de este lunes cobija a las personas que fueron deportadas anteriormente, pero después volvieron a ingresar al país alegando que temían persecución o tortura en su país, y se les permite exponer su caso frente a un juez de inmigración, explicó a Efe Matt Adams, director legal Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP).
Los inmigrantes buscan frente al juez tramitar una “suspensión de expulsión”, un procedimiento que puede durar meses o a veces años, advirtió el abogado.
“Entonces, la pregunta es cuánto tiempo pueden permanecer encerrados sin una audiencia de fianza mientras pasan por ese proceso”, cuestionó Adams, tras el veredicto de la Corte Suprema.
Por su parte, Michael Kaufman, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SOCAL) dijo sobre la decisión de este lunes que “no existe un principio de debido proceso más fundamental que el de que el gobierno no puede encerrar a alguien durante meses o años sin una audiencia“.
En este sentido Adams advirtió de que la batalla legal no ha terminado y que volverán a la corte para abordar un reclamo constitucional.
Con información de EFE