Vendedores de helados, tacos y frutas dicen que no se saldrán de la comisaría que les alquilaba hasta que consigan otro lugar cercano

Un grupo de vendedores de helados, tacos y frutas que enfrentan el desalojo de sus carritos y camiones por parte de su arrendador en Los Ángeles se reunieron el jueves con la nueva concejal del área Eunisses Hernández para pedir su apoyo.

Hernández será juramentada en diciembre para ser la nueva concejal del Distrito 1, pero les aseguró a los vendedores que desde este momento ya está escuchando sus preocupaciones para buscar alguna solución.

El problema de los aproximadamente 100 vendedores de la comisaria La Palma Ice Cream Inc. comenzó en mayo cuando recibieron una notificación que tenían hasta el 14 de junio para desalojar los estacionamientos del establecimiento localizado en el 3232 N. Figueroa Street.

Los vendedores obtuvieron asesoría legal y permanecieron en el lugar. Sin embargo, esta semana recibieron una “tercera y última notificación” de la compañía indicando que ya no cuenta con una licencia válida del departamento de salubridad del Condado de Los Ángeles para operar la comisaría.

“Debido a la pérdida de la licencia de salubridad de La Palma Ice Cream Inc. los camiones y carritos de frutas que se estacionen en este lugar podrían perder su permiso del departamento de salubridad para operar”, indica un anuncio pegado por diferentes áreas de la comisaría.

El anuncio continúa diciendo que la compañía está cerrando permanentemente sus puertas. Agraga que quienes no hayan desalojado el 1 de julio se enfrentarán a servicios de luz y agua desconectados y sus camiones y carritos serán remolcados con grúa a expensas de cada dueño.

Los vendedores dijeron que no creen las excusas del dueño de cerrar inmediatamente la compañía ya que en el mismo establecimiento hay una bodega de un restaurante cuyos operadores son americanos y ellos tienen hasta el final de año para desalojar.

Los vendedores dijeron que han tratado de hablar con representantes locales incluyendo al actual concejal del área Gil Cedillo y la supervisora Hilda Solís, pero no han recibido ninguna respuesta adecuada. 

Uno tras otro los vendedores dieron sus quejas a la nueva concejal Hernández.

“La oficina de Gil Cedillo nos dijo que vayamos a tomar talleres. Nosotros no necesitamos eso, necesitamos un lugar para nuestros carros”, dijo un vendedor. 

“Los locales son muy caros, no nos alcanza y luego nos quieren dar unos que están muy lejos”, dijo otra vendedora en la reunión.

“La vez pasada Gil Cedillo si fue a estar tocando las puertas de los negocios pidiendo apoyo para su campaña, pero cuando ganó cambió su opinión de ayuda”, añadió una más. 

“[La Palma] nos ofreció a 10 o 12 dueños de camiones la oportunidad de ir a otra comisaría, pero está en Downey”, agregó otro vendedor. “Aparte no sabemos si solo es un gancho para salirnos de aquí solamente”. 

En protesta las 24 horas al día

Juan Rodríguez, organizador comunitario, dijo que la primera notificación de mayo fue legal pero cuando los vendedores inquilinos respondieron con una carta de sus abogados la compañía no dio respuesta por medio de la corte. Solo pusieron anuncios hechos por ellos mismos.

“Obviamente es un proceso ilegal porque la única que puede ordenar eso es la corte y ellos [La Palma Inc.] no tienen nada en la corte”, dijo Rodríguez.

Desde el 15 de junio, que era la fecha cuando debían salirse, bajo la primera orden, los trabajadores decidieron hacer guardia en la comisaría las 24 horas del día para evitar que los desalojen. Durante el día cuidan las mujeres y en la noche los hombres.

Sin embargo, hay vendedores como José Ayala quien no ha salido a vender tacos desde hace dos semanas ya que teme que su carro sea confiscado por la compañía.

“Donde están nuestros carritos [adentro de la bodega] se abre con una clave, pero que la pueden cambiar y “¿qué hacemos nosotros?” cuestionó el vendedor. “Tengo temor a que venga y ya no esté mi carrito. Les pedimos a los dueños que nos den uno o dos meses para arreglar la situación y listo, pero no nos quieren escuchar”.

Rodríguez dijo que aunque el dueño de la propiedad no tomó la renta de este mes todos los inquilinos tienen su money order en caso de que el dueño pida el pago.

“Si ellos nos llegan a demandar legalmente, todo esto que han hecho no vale porque no es un procedimiento legal y tienen que volver a repetir el desalojo nuevamente, regularmente es de 60 días, y después nosotros podemos responder”, explicó Rodríguez.

Hernández dijo que le da coraje que no se ponga la importancia que necesita la comunidad de bajos recursos principalmente las inmigrantes como en áreas donde están los vendedores de La Palma Ice Cream Inc.

“Con lo que ocurre aquí se ve que no todas las comunidades son tratadas iguales”, dijo Hernández. “Los vendedores son parte del corazón de Los Ángeles y no estamos invirtiendo en su calidad de vida”.  

Ella les dijo a los vendedores que aunque todavía no puede hacer nada como concejal si puede llamar directamente a la supervisora Hilda Solís y otros contactos para buscar apoyo. Adicionalmente, en asociación con los vendedores comenzarán a buscar localidades de la ciudad o el condado disponibles para que los vendedores se muden.

Al final de la reunión todos los vendedores aplaudieron los esfuerzos de Hernández.

“Es la única que nos ha escuchado, nadie nos escucha”, aseguraron varios vendedores.