Caro Quintero será defendido por un abogado de oficio en juicio de extradición
A mediados de julio un juez federal frenó la extradición del narcotraficante a Estados Unidos, declarando que debía haber un juicio de por medio
Rafael Caro Quintero. Crédito: Agencia Reforma
Rafael Caro Quintero, el llamado “Narco de narcos”, aceptó ser defendido por un abogado de oficio en el juicio de amparo que tramitó contra la orden de aprehensión y su posible entrega a Estados Unidos.
La designación del defensor público, por parte del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), fue notificada el 1 de agosto por la juez Primero de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México, Abigaíl Ocampo.
El proceso legal es necesario, pues a mediados de julio un juez federal frenó su extradición a Estados Unidos, declarando que debía haber un juicio de por medio.
La medida fue impugnada por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que el caso fue turnado al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito para que se ratifique, modifique o revoque la sentencia.
Estados Unidos reclama a Rafael Caro Quintero por la tortura y asesinato del agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Enrique “Kiki” Camarena Salazar, ocurrido el 7 de febrero de 1985.
La agencia estadounidense ofrecía una recompensa de 20 millones de dólares para quien aportara información que ayudara a la captura de Caro Quintero, siendo esta la mayor cantidad que anuncia por un criminal.
Por ello, el capo sinaloense era uno de los delincuentes más buscados, pese a haber sido liberado en 2013, tras una escandalosa decisión judicial cuando todavía le faltaban 12 años de condena por cumplir.
Caro Quintero fue detenido el pasado 15 de julio en la sierra de Choix, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de Marina, donde llevaba meses escondido hasta que las autoridades llegaron por él.
¿Caro Quintero en bancarrota?
En mayo de 2020, el exlíder y fundador del cártel de Guadalajara afirmó ante un tribunal federal en la Ciudad de México que no tiene recursos económicos para huir del país.
La declaración se dio pese a que él y su familia poseen cinco propiedades en Zapopan, Jalisco, las cuales un juez estadounidense ordenó decomisar. Dichos inmuebles son reclamados por la FGR en proceso de extinción de dominio.
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