Miles de inmigrantes están en riesgo tras decisiones de la Corte Suprema, advierten expertos

Dos decisiones recientes de la Corte Suprema (SCOTUS, en inglés) sobre casos de inmigrantes que pelean su estancia en el país en tribunales federales han puesto en riesgo a “decenas de miles” de no ciudadanos, según un análisis jurídico del Centro de Justicia Tahirih.

“Las decisiones recientes de SCOTUS perturbaron el futuro de los derechos de los inmigrantes al limitar el poder de los tribunales federales”, advirtieron Rachel Sheridan y Richard Caldarone, abogados litigantes de esa organización en un reporte compartido a este diario.

Los expertos se refieren a las decisiones en junio sobre los casos Garland v. Aleman Gonzalez y Garland v. Patel, con los cuales los jueces del Máximo Tribunal complicaron los procesos para otros inmigrantes en situaciones similares sobre procesos de deportación, peticiones de asilo, libertad bajo fianza o incluso trámites ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Sheridan y Caldarone apuntan que las decisiones afectan a tribunales menores, donde los jueces no podrán impedir que los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ) “violen muchas leyes federales de inmigración”.

“Los tribunales federales, a menudo, no podrán impedir que el DHS y el DOJ violen muchas leyes federales de inmigración y revisar los hallazgos de hechos en los procedimientos de inmigración que determinan si se permitirá que los no ciudadanos permanezcan en Estados Unidos, advierte el análisis.

Los expertos destacan que los tribunales federales han sido el “último bastión de protección” para los inmigrantes que enfrentan procesos de deportación.

“Las decisiones de la Corte Suprema en el último período harán que sea más difícil para las personas que buscan asilo y otros no ciudadanos recibir ayuda de los tribunales federales”, lamentó Caldarone en entrevista. “Eso es desafortunado, porque los tribunales federales suelen ser el último recurso cuando los tribunales de inmigración o USCIS cometen errores, y son propensos a cometer errores con bastante frecuencia”.

Garland v. Patel

Sheridan y Caldarone exponen que, en Garland v. Patel, la opinión sostuvo que los tribunales federales “no tienen jurisdicción para revisar los hallazgos de hechos” sobre casos donde un inmigrante está solicitando una Green Card.

La opinión fue escrita por la jueza Amy Coney Barrett, donde sostiene que la ley federal de inmigración impide que los tribunales federales “revisen las conclusiones de hecho en esos casos”, así como en los casos que involucran otras opciones que evitarían la deportación de una persona.

El análisis de este caso básicamente sostiene que, aunque se demuestren los errores cometidos por autoridades migratorias, los tribunales no podrán hacer nada al respecto, como reconoce el juez Neil Gorsuch, quien votó en contra.

“El Tribunal sostiene que la burocracia federal puede cometer un error fáctico evidente, que resultará en la expulsión de una persona de este país, y no se puede hacer nada al respecto”, escribió el juez Gorsuch, citado para el análisis del Centro de Justicia Tahirih.

Garland v. Alemán González

El otro caso es Garland v. Alemán González, la Corte Suprema determinó que los tribunales federales no pueden “ordenar o restringir la operación de […] partes de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) relacionadas con la detención de inmigrantes y los procedimientos de deportación”.

Señalan que la opinión del juez Samuel Alito, respaldada por seis miembros de la Corte Suprema, sostiene que los tribunales federales “no pueden emitir mandatos judiciales que requieran que las agencias de inmigración obedezcan esas partes de la INA”.

“La única excepción, incorporada en la propia ley subyacente, es para situaciones donde una persona que enfrenta un proceso de deportación argumenta que estuvo personalmente sujeta a acciones ilegales”, exponen los expertos.

Caldarone, experto en apelaciones de inmigración ante tribunales federales, señaló que esas decisiones afectarán a “decenas de miles de personas”.

“Esos dos tipos de decisiones cubrirán al menos decenas de miles de personas cada año”, indicó el experto en referencia a los casos que puedan intentar presentar ante tribunales federales. “Y así, si USCIS o un juez de inmigración comete un error fáctico atroz y no se corrige en la apelación ante la Oficina de Apelaciones Administrativas de USCIS o ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, nunca más habrá opciones ante un tribunal federal”.

El experto señaló que la decisión sobre Garland v. Patel podría extenderse a otros casos, dependiendo de la decisión del tribunal donde se presente, ya que se puede aplicar una regla “discrecional”.

“Afectará el ajuste de estatus [peticiones de Green Card], afectará la cancelación de deportación, podría afectar [a] sobrevivientes de la trata de personas y nuevas visas para sobrevivientes de delitos graves aquí en los Estados Unidos”, advirtió.

Reconoció que esa “discrecionalidad” en los tribunales podría ser benéfica para ciertos casos, pero dependerá de cada situación. Como sea, la decisión de la Corte Suprema fue “una decisión realmente radical”, expuso Caldarone. “Y va a dar lugar a muchos errores que se pueden corregir”.

Un primer caso

El análisis jurídico del Centro de Justicia Tahirih indica que ya hubo algunas repercusiones del caso Garland v. Alemán González con un fallo reciente del caso Al Otro Lado v. Mayorkas, en el que un juez de Distrito sostuvo que era ilegal que la política de la Patrulla Fronteriza retornara a México a inmigrantes, en lugar de permitirles buscar el asilo.

“Sin embargo, la jueza también sostuvo que la opinión de la Corte Suprema en Alemán González le impidió emitir una orden que exigiera a los agentes de la Patrulla Fronteriza que dejaran de aplicar la política”, expone el reporte.

La jueza Cynthia Bashant, del Distrito Sur de California, reconoció que la política “Catch-22” (Detener-22) era “devastadoramente cruel”, pero la decisión del Máximo Tribunal permite a los inmigrantes impugnar solamente si esa persona está en proceso de deportación, y en este tipo de casos nunca se poner a los no ciudadanos bajo ese procedimiento.

Al solicitar Green Card

Caldarone expuso otro ejemplo que podría complicarse para un inmigrante que solicita la Residencia Legal Permanente.

“Supongamos que USCIS determina que usted no es elegible para una tarjeta verde, porque tiene una determinada condena penal anterior. Y realmente no tienes esa condena, o deciden que eres miembro de una pandilla”, expuso el experto. “Ya no puedes impugnar eso en un tribunal federal”.

Agregó que otra situación sería la obtención de una cancelación de deportación en casos donde se demuestre que un inmigrante tiene “una buena razón” para estar en EE.UU., como un familiar enfermo, por ejemplo. Esos casos tampoco se podrán apelar ante tribunales federales.

“Para garantizar que el DHS y el DOJ no puedan violar libremente los derechos de las personas que solicitan asilo, el Congreso debe invalidar [las decisiones] Alemán González y Patel, derogando la ley que las opiniones pretenden interpretar”, consideraron los expertos.

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