Corte de Miami otorga $73 millones de dólares por muerte de opositor venezolano dictaminada como “asesinato a sueldo”

Un juez federal en Miami otorgó $73 millones de dólares en daños a la familia de un destacado opositor del gobierno socialista de Venezuela que murió mientras estaba bajo custodia en lo que describió como un “asesinato a sueldo” llevado a cabo por una empresa criminal dirigida por el presidente Nicolás Maduro.

Fernando Albán fue detenido en 2018 a su llegada al aeropuerto internacional de Caracas procedente de Nueva York, donde formaba parte de una delegación que había denunciado al gobierno de Maduro al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Murió tres días después en lo que las autoridades describieron inicialmente como un salto suicida desde el décimo piso de un edificio perteneciente a los servicios de inteligencia de Venezuela.

La muerte de Albán provocó la indignación internacional y el repudio de EE.UU. El año pasado, su viuda y sus dos hijos demandaron a Maduro y a varios miembros de alto rango de su gobierno por llevar a cabo el secuestro, tortura y asesinato del otrora concejal de Caracas.

La familia acusó a los hombres de pertenecer al “Cártel de los Soles”, una supuesta red de narcotráfico que involucra a altos funcionarios venezolanos y guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un grupo designado como terrorista, que supuestamente envía 200 toneladas métricas de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos cada año.

El tribunal dictaminó que el Cártel de los Soles debe pagar $73 millones de dólares a los herederos de Fernando Albán.

El juez Darrin P. Gayles emitió el fallo en contra el cártel por no responder a la demanda no informada previamente la semana pasada.

El tribunal determinó que lo que llama la “empresa criminal de Maduro” es responsable de los delitos federales de extorsión en la muerte de Albán, porque todo su propósito es “ejercer un control autoritario ilegal sobre Venezuela” a través del narcotráfico, actos de terrorismo y violaciones de derechos humanos.

Adoptando los hallazgos anteriores de un juez de primera instancia, el tribunal dijo que agentes del gobierno de Maduro siguieron a Albán mientras aún estaba en Nueva York, tomando fotos de vigilancia y enviando información a Venezuela que facilitó su secuestro y asesinato cuando regresó a casa.

“El asesinato de Albán fue un asesinato a sueldo porque miembros de la empresa criminal de Maduro que cometieron el asesinato recibieron pago (en forma de salarios) del régimen de Maduro”, dijo el tribunal.

Sin embargo, no está claro cómo los sobrevivientes obtendrán una recompensa tan grande.

Si bien Maduro y otros acusados ​​mencionados en la denuncia original, incluido su ministro de Defensa y el presidente de la corte suprema de Venezuela, han sido acusados ​​penalmente en los EE.UU. de narcoterrorismo y corrupción, están bajo poca presión de los antiguos compañeros de Albán en la oposición. abandonar el poder.

Mientras tanto, la administración de Biden ha mostrado su voluntad de aliviar las sanciones a la nación perteneciente a la OPEP rica en petróleo, a cambio de avances en las conversaciones con la oposición destinadas a fomentar un entorno más democrático para las elecciones presidenciales de 2024.

Además, el único presunto cabecilla del cártel que está bajo la custodia de los EE.UU., el general retirado del ejército Cliver Alcalá, está representado por un equipo legal designado por el tribunal después de afirmar que no pudo pagar su defensa.

Un abogado de la familia de Albán se negó a comentar.

El caso de Albán también ha sido denunciado en la Corte Penal Internacional, que investiga denuncias de tortura y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad de Maduro.

A finales de 2021, el fiscal general Tarek William Saab anunció que dos miembros del temido servicio de inteligencia SEBIN habían sido condenados a casi seis años de prisión por negligencia en relación con la muerte de Alban mientras estaba bajo su custodia.

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