Aceptan pagar indemnización

A Marco Antonio Nápoles Rosales, un residente de El Monte que trabajaba como peluquero, se le descompuso su vehículo cuando se dirigía a San Diego, caminó hasta el único lugar iluminado a la vista, una gasolinera, e informó a la empleada de la tienda en ese expendio que iba a esperar afuera a que llegaran a ayudarle, sin saber que por ese aviso lo iban a matar.

Aunque el joven mexicano de 29 años, originario de Guaymas en el estado de Sonora, había informado de la avería de su auto y que aguardaría porque no había otro lugar a dónde ir, la empleada llamó al 911 para reportar un presunto sujeto sospechoso.

Momentos después llegó un oficial del sheriff de San Diego que exigió a Nápoles identificarse y le cuestionó que hacía ahí. El joven le entregó su licencia y repitió que su auto se había descompuesto, pero el agente le ordenó que saliera del perímetro de la gasolinera.

“Te tienes que ir; no te quieren aquí”, dijo el agente. Acompañó a Nápoles hasta que saliera de la propiedad.

Sin embargo, no había ningún otro lugar a dónde ir ese 18 de agosto del 2018. Mientras aguardaba, el joven quizá sin darse cuenta caminó un par de pasos dentro de un área con pasto junto a la acera, y entonces el agente se acercó a esposarlo. “Qué te dije”, le gritó a Nápoles.

Aunque en el video de uniforme del oficial, Nápoles parecía no haber entendido por qué lo arrestaba, no se resistió a la detención. Pero el oficial llamó refuerzos mientras sometía con violencia al joven.
Pronto en el video que se ve a unos 15 oficiales, en su mayoría agentes del sheriff y por lo menos un policía que sometían a Nápoles, algunos de los agentes a puñetazos, otros con repetidas descargas paralizantes taiser.

Más tarde en el video se ve a paramédicos que llegaron al lugar, pero declararon muerto a Nápoles.
A pesar de la evidencia en varias cámaras de oficiales, la fiscalía de distrito del condado de San Diego determinó que los agentes se apegaron al reglamento y que el joven se resistió al arresto y por eso lo sometieron, una descripción completamente distinta a la que se aprecia en videos.

El abogado Jesús Eduardo Arias dijo en conferencia que la señora Dolores Rosales se negaba a aceptar que a su hijo simplemente le hubieran quitado la vida y eso era todo.

Con la ayuda del consulado de México y después de la cancillería mexicana, el abogado llevó el caso ante una corte federal en San Diego.

Durante tres años de litigio en la corte federal, el condado de San Diego rechazó que los agentes del sheriff abusaran de su autoridad.

Pero esta semana, para evitar que los oficiales tuvieran que enfrentar un juicio en el que podría encontrárseles culpables, el condado de San Diego accedió a un acuerdo fuera de tribunales en el que se comprometió a pagar un millón 350 mil dólares a la madre de Marco Antonio Nápoles.

El abogado dijo en conferencia que “en realidad, no hay ninguna cantidad que compense la pérdida, pero el acuerdo abre una posibilidad” para otros casos.

Casos similares
El abogado Arias platicó que ahora lleva cinco casos similares en el estado de California en los que personas inmigrantes han muerto en manos de autoridades. Pero el abogado mencionó “muchos otros casos que no han terminado en fatalidades”.

El cónsul de México en San Diego, Carlos González Gutiérrez, informó por su parte que su oficina de protección consular actualmente sigue por lo menos tres casos de migrantes mexicanos que han muerto en manos de autoridades en el condado de San Diego.

Dos de esos casos fatales fueron a manos de patrulleros fronterizos y uno más de una persona que estaba en prisión, por lo tanto bajo custodia del sheriff.

El cónsul comentó que hay otros casos de abusos del sheriff, pero el consulado debe mantener una buena relación con las autoridades, sin fricciones que pudieran afctar a la comunidad.

La directora de Protección Consular de la cancillería de México, Vanessa Calva, declaró en San Diego que el gobierno de México asistirá, va a asesorar, representar legalmente y en acompañamiento a los mexicanos que lo necesiten en Estados Unidos, independientemente de su condición migratoria.

Un periodista de San Diego, Carlos González, comentó que es un adelanto que el condado de San Diego acepte que tiene que compensar por abuso de sus agentes, pero comparó que en los casos de Rodney King y George Floyd las compensaciones fueron millonarias y despidieron a los policías involucrados.

El condado de San Diego no ha hecho declaraciones sobre el acuerdo.