Lo que los inmigrantes necesitan saber sobre la regla final de la carga pública

Muchas familias inmigrantes que han tenido miedo de inscribirse en los servicios de salud y en los programas de la red de seguridad de beneficios del gobierno debido a la regla de carga pública de 2019, necesitan saber que ha sido derogada, y cuáles son las ayudas que pueden o no recibir sin que les afecte a la hora de solicitar su residencia.

La nueva regla de carga pública se enfoca básicamente en dos puntos: la asistencia temporal para familias necesitadas y la atención institucionalizada para cuidados a largo plazo.

Durante la videoconferencia: “Lo que los inmigrantes necesitan saber sobre la regla de la carga pública” organizada por Ethnic Media Services, la directora del Houston Immigration Legal Services Collaborative, , Zenobia Lai, proporcionó información para minimizar la confusión que causó esta regla bajo la administración Trump.

El 9 de septiembre de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió la regla final de inadmisibilidad por motivos de carga pública, la cual entrará en vigor el 23 de diciembre de 2022. 

La abogada Lai explicó que la regla final proporciona la claridad necesaria para que los funcionarios de inmigración y los consulares tomen determinaciones sobre la carga pública.

“Clarifica lo que es, qué hizo que surgiera, qué es el dinero público y cuáles son programas de asistencia pública a los que las familias de inmigrantes pueden acceder con confianza para obtener cuidado de salud y completar sus recursos”.

Lai hizo ver que la regla de la carga pública ha sido parte de la ley de inmigración desde la década de 1880, para descartar a las personas que probablemente no puedan mantenerse en el país con su trabajo, pero nunca ha sido un problema para delinear qué es y cómo los funcionarios de inmigración del gobierno van a aplicarla. 

Pero también dijo que debemos recordar que alrededor de hace 26 años, el Congreso aprobó la reforma de inmigración de asistencia social de 1996 que esencialmente eliminó la elegibilidad para cualquier persona que no tenga un estatus migratorio legal.

“Lo que significa que si eres indocumentado desde 1996, es muy poco probable que seas  elegible para cualquier programa federal con verificación que se base en tus ingresos, a menos que ya estuvieras recibiendo beneficios federales antes de la reforma de bienestar social de ese años”.

Este tipo de programas sociales han sido creados para ayudar a las personas de muy bajos ingresos.

Señaló que la carga pública tiene que ver con alguien que probablemente se pueda convertir justamente en una carga para el gobierno, es decir una persona que dependa principalmente del gobierno para su subsistencia.

“Esto significa que debe haber evidencias como los recibos de programas con verificación de recursos como Medicaid y la asistencia en efectivo”.

Pero también son considerados carga pública, la ayuda federal para ingresos complementarios (SSI), la ayuda temporal para las familias necesitadas (TANF) que suele darse a los padres desempleados con hijos menores de 18 años.

También incluye a los programas federales, estatales, tribales y locales de asistencia en efectivo; y el medicaid que se paga por los gastos de los asilos. 

Precisó que los programas que no son considerados carga pública bajo la Administración Biden son los cupones para alimentos del programa para asistencia nutricional, el seguro médico para niños, el medicaid que no es a largo plazo, los subsidios para la vivienda, la vacuna o prueba de covid, la asistencia financiera para la pandemia como la asistencia para el alquiler.

“En otras palabras es seguro para las familias inmigrantes inscribirse en estos programas y recibir beneficios en estas categoría, sin preocuparse de que el futuro, uno de los miembros de familia que aplique para la residencia, sea considerado una carga pública”.

Incluso, dijo que aquellos padres indocumentados que solicitan beneficios para sus hijos, no se considera carga pública al solicitar la residencia.

“La determinación de carga pública se activa solamente cuando la persona que solicita la tarjeta de residencia es el destinatario. No cuenta cuando terceras personas como los hijos propios y otros miembros del hogar”.

Tampoco, dijo que son considerados en alguien que ya es residente o ciudadano; solo para quienes solicitan la residencia o una visa de inmigrante, o alguien con residencia que se haya quedado más de 180 días fuera del país.

Algunas de las 29 categorías de personas que están exentos de la carga pública son los refugiados, los solicitantes de asilo, los intérpretes afganos/iraquíes, los inmigrantes con visas especiales (SIV), ciertos inmigrantes admitidos bajo algunas condiciones, los jóvenes inmigrantes especiales, los amerasians que son los nacidos de padres militares estadounidenses y madres asiáticas.