Gobierno de Florida debe mostrar registros de vuelos de inmigrantes a Martha’s Vineyard
Los abogados que representan al Florida Center for Government Accountability que solicitaron los registros de la oficina del gobernador Ron DeSantis dijeron que anticipaban que habría una apelación
Un juez de Florida descubrió el martes que la oficina del gobernador Ron DeSantis no está siguiendo la ley de registros públicos del estado y ordenó a la administración del estado que entregue los registros relacionados con los vuelos de migrantes de Texas a Martha’s Vineyard dentro de los próximos 20 días.
El juez de circuito J. Lee Marsh rechazó los argumentos de los abogados del gobernador de Florida que dijeron que se les debería permitir esperar hasta el 1 de diciembre para entregar los registros, incluidos los registros telefónicos y de texto pertenecientes a James Uthmeier, el jefe de gabinete del gobernador que participó en la operación para llevar a casi 50 inmigrantes, en su mayoría venezolanos, a la isla en Massachusetts.
Los registros públicos fueron solicitados por The Florida Center for Government Accountability (Centro de Florida para la Responsabilidad Gubernamental) y la decisión del juez Marsh la dio a conocer este miércoles en Twitter su director, Michael Barfield.
El pasado 10 de octubre, el grupo no partidista de Florida ingresó una querella en una corte del condado de Leon, en el noroeste del estado, tras haber solicitado al gobierno estatal que haga públicos las comunicaciones telefónicas y mensajes que DeSantis tuvo con su jefe de equipo, James Uthmeier, sobre los dos vuelos chárter desde Texas hasta la popular isla de Massachusetts.
En los pedidos hechos entre los días 20 y 21 de septiembre, el grupo solicitó también, bajo la ley floridana de registros públicos, las comunicaciones que el gobernador pudo haber mantenido con su homólogo tejano, el también republicano Greg Abbott.
El juez Marsh argumentó que la oficina de DeSantis no mostró “ningún paso, o pasos directos tomados para recopilar lo que este tribunal considera registros públicos”, relacionados con negocios estatales y realizados en dispositivos personales.
La demanda, presentada por los abogados Andrea Flynn Mogensen y Matthew Farmer, señala que la oficina del gobernador hizo públicos unos documentos sobre este polémico traslado de indocumentados, pero agrega que no corresponden a la información que el grupo ha solicitado a través de la vía judicial.
La petición hecha por esta organización supone la tercera demanda que enfrenta DeSantis tras el transporte del grupo de inmigrantes desde San Antonio, en Texas, hasta Martha’s Vineyard, con una escala en un aeropuerto del noroeste de Florida.
Parte de la controversia se centra en que la administración de DeSantis usó dinero público para financiar los dos vuelos del 14 de septiembre, que partieron de San Antonio, Texas.
A principios de octubre, varios legisladores demócratas en el Congreso de Florida pidieron al gobierno federal que investigue si DeSantis violó la ley cuando el mes pasado envió a solicitantes de asilo desde Texas a Massachusetts en aviones pagados con dinero público.