Brutal reportaje de The New York Times revela derrumbe del informe del caso Ayotzinapa del gobierno de AMLO
El subsecretario de Gobernación mexicano Alejandro Encinas reveló en una entrevista con The New York Times que se vio obligado por el gobierno de AMLO a lograr resultados en el caso Ayotzinapa con decisiones "drásticas" pero no con pruebas suficientes
Una marcha en Ciudad México conmemora el 8vo. aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2022. Crédito: ALFREDO ESTRELLA | AFP / Getty Images
El líder de la nueva comisión de la verdad creada por el gobierno del presidente de México Andrés Manuel López Obrador para investigar lo sucedido en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014, dijo que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial en el informe dado a conocer el pasado 18 de agosto, no pudo verificarse como evidencia real y puede quedar invalidada, en una entrevista publicada por The New York Times (NYT).
Alejandro Encinas Rodríguez, el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, reconoció en la entrevista que la presión ejercida por el presidente de México para obtener resultados, lo llevó a tomar lo que calificó como “acciones drásticas” y a sumar “pruebas sin sustento” durante la investigación de del secuestro y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Encinas justifica así que el reporte de la comisión de la verdad que el gobierno de México dio a conocer en agosto, indicaba que, tras haber sido secuestrados en 2014, los estudiantes fueron asesinados por narcotraficantes que operaban en conjunto con la policía y el ejército. Se giraron después órdenes de aprehensión contra 83 supuestos implicados.
Pero el caso formado a partir de esa investigación se ha desbaratado desde entonces. Se desecharon órdenes de aprehensión giradas en contra de sospechosos militares clave. El fiscal principal renunció. Y ahora, la columna vertebral del nuevo y explosivo reporte del gobierno está en duda.
Y es que Alejandro Encinas ha dicho de esta nueva investigación que “hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”.
Encinas explicó a NYT que los textos de los chats que se integraron a la investigación, conformados por 467 capturas de pantalla, le fueron entregados por una sola fuente y que si bien se cotejaron con otras pruebas, no fueron compartidos con la Fiscalía General de la República (FGR) para que esta dependencia realizara un análisis forense y verificara la autenticidad.
En este sentido, dijo que no los entregó a la dependencia al mando de Alejandro Gertz Manero por miedo a que los mensajes se filtraran.
Los mensajes a lo que se refiere Encinas detallan la supuesta complicidad entre integrantes de grupos del crimen organizado, policías municipales e integrantes del ejército en los hechos ocurridos en Ayotzinapa.
La extraordinaria admisión -junto con una revisión de documentos gubernamentales, una grabación inédita hasta el momento y entrevistas con personas involucradas en la indagatoria- indican cómo la prisa del gobierno por entregar respuestas resultó en una serie de tropiezos: una comisión de la verdad que confió en pruebas sin sustento y una investigación penal que privó a la fiscalía de sospechosos clave.
Human Rights Watch dijo en un comunicado publicado el 19 de octubre que el nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa mostraba evidencias de intromisión por parte del Fiscal General: “El caso de Ayotzinapa es una muestra clara de las fallas del sistema de justicia disfuncional de México, donde reina la impunidad. Para que eso cambie, las autoridades deben hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar que haya una investigación independiente y creíble”.
AMLO acusa de intento de sabotaje a proceso judicial
Pese a las revelaciones de Encinas, AMLO defendió el informe de la Comisión sobre Ayotzinapa y se refirió a que se había explicado el contenido de ese informe a los familiares de los estudiantes.
López Obrador acusó, sin mencionar nombres, a personas que buscaban enredar la investigación, alargarla para dejar sin efecto órdenes de aprehensión e incluso, para dar tiempo a que los responsables se fugaran.
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