2023: el reto migratorio crece y las oportunidades se cierran en el Congreso

Durante los últimos dos años, los demócratas controlaron el Congreso, donde los asuntos migratorios se colaron entre los más debatidos, pero sin cambios significativos, por lo que en 2023-2024 hay pocas o nulas esperanzas de alguna reforma, debido a que los republicanos controlarán la Cámara de Representantes.

Aunque la inmigración está en la lista de prioridades de los republicanos, no es una noticia positiva, ya que enfocarán sus esfuerzos en investigar al actual secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a quien pretenden iniciar un juicio político o “impeachment”.

Así lo dejó claro el representante Kevin McCarthy (California), quien visitó la frontera en El Paso, Texas, a finales de noviembre pasado.

Desde entonces el plan comenzó a tomar forma, ya que McCarthy dijo que había hablado con los representantes James Comer (Kentucky) y Jim Jordan (Ohio), los presidentes entrantes de los Comités de Supervisión y Judicial de la Cámara, respectivamente, sobre la investigación.

Previamente McCarthy había expresado que el Gobierno del presidente Joe Biden había “destruido” la frontera, por lo que un intento de arreglar el sistema migratorio sería inviable sin mejorar el control fronterizo.

“Biden ha destruido tanto nuestra frontera […] Tienes que arreglar la frontera para comenzar antes de que puedas lidiar con la inmigración”, dijo McCarthy a Punchbowl News.

¿Reforma migratoria?

Decenas de organizaciones civiles advirtieron que si los demócratas no lograban incluir un paquete migratorio en el paquete presupuestal del 2023, las posibilidades serían menores en la Legislatura 118. La predicción se cumplió.

Había al menos dos proyectos clave sobre la mesa, uno era para la regularización de miles de trabajadores agrícolas indocumentados, y el otro sobre la protección de ‘dreamers’, ante el posible fin del programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

“Lamentamos que este Congreso no haya mostrado el coraje de promover soluciones de inmigración para los trabajadores agrícolas y los granjeros, para los Dreamers y la economía y los consumidores de EE.UU.”, dijo Rebecca Shi, directora ejecutiva de American Business Immigration Coalition Action (ABIC).

“Al final del día, los republicanos aún prefieren quejarse de la frontera que ceder en las soluciones, y los demócratas tienen prioridades mucho más altas que defender a los inmigrantes trabajadores”, agregó.

Tras el fracaso de su plan en 2022, la senadora independiente Kyrsten Sinema (Arizona) afirmó que el grupo bipartidista liderado también por el republicano Thom Tillis (Carolina del Norte), retomaría las discusiones para proteger a ‘dreamers’, pero también integrar mayor vigilancia en la frontera.

Debido al rompimiento de Sinema con los demócratas es complicado que su propuesta avance en el Senado con la mayoría liderada por Chuck Schumer (Nueva York).

En tanto, el proyecto de reforma migratoria de Biden –enviado en enero del 2021– podría pasar otro año completo en la congeladora legislativa.

El Título 42

El 27 de diciembre pasado, al Corte Suprema aceptó la petición de 19 estados gobernados por republicanos de mantener vigente el Título 42 en la frontera, el cual permite la expulsión expedita de inmigrantes.

En la decisión, el Máximo Tribunal determinó que en febrero del 2023 escuchará los argumentos de la Administración Biden y de los republicanos para tomar una decisión final.

La decisión de los jueces se enfocará en cómo los estados pueden actuar sobre demandas contra el Gobierno federal en materia migratoria.

El Título 42 fue impuesto en marzo del 2020 por el gobierno del expresidente Donald Trump, debido a la pandemia de COVID-19, pero dicha política de salud ha sido utilizada como un programa migratorio para la expulsión acelerada de inmigrantes, a quienes no se les concede el derecho de petición de asilo.

Alrededor de dos millones de personas han sido expulsadas bajo esta política de salud utilizada como migratoria, pero quienes no son retornados a sus países son procesados bajo el Título 8, el cual significa un proceso de deportación y la implementación del castigo de cinco años a los inmigrantes.

El futuro de DACA

El Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito decidió que DACA era “ilegal”, pero el futuro del programa se mantiene en tribunales.

Este año podría haber una decisión final, pero defensores de inmigrantes temen que se cancele este programa creado en 2012 por el expresidente Barack Obama, el cual ha protegido a más de 800,000 ‘dreamers’ de la deportación.

“El Quinto Circuito confirmó un fallo inferior que determinó que el memorando de DACA de 2012 era ilegal y envió el caso de vuelta al tribunal inferior para considerar la nueva regulación de DACA de la Administración Biden”, recordó Immigration Hub.

Guía de deportaciones

La Corte Suprema decidirá este año sobre la guía de deportaciones de la Administración Biden, pero existe una amplia posibilidad de que las cancele, dadas las posturas de los jueces en la sesión de argumentos.

Las autoridades federales buscan retomar las reglas para deportar principalmente a inmigrantes con récord criminal, pero una demanda de gobiernos republicanos de Texas y Luisiana busca que se detengan y procese a cualquier indocumentado.

Como no puede aplicar su guía de deportaciones, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentó el procesamiento de personas bajo alternativas a la detención (ATD), que ya suma casi 400,000 personas bajo vigilancia extrema, algo que podría aumentar, a pesar de críticas de defensores de inmigrantes.

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