La Corte Suprema renueva restricciones a portar armas en lugares públicos en Nueva York
La ley de Nueva York que impone nuevas restricciones a las armas puede mantenerse en tanto el Tribunal Supremo decide un caso en su contra
La Corte Suprema permitió el miércoles que una ley de control de armas del estado de Nueva York permanezca en vigor.
La ley estatal de Nueva York que prohíbe portar armas en lugares públicos, se promulgó a raíz del fallo histórico de la corte superior en junio que amplió drásticamente el derecho a portar armas fuera del hogar, y la decisión tomada por los jueces del Tribunal Supremo permite que continúe aplicándose, mientras se revisa un desafío legal en su contra presentado después de que esa misma corte emitiera el año pasado un fallo histórico que permite llevarlas en público en ese estado.
En junio de 2022, el Supremo emitió un fallo que eliminaba la llamada “excepción neoyorquina” al porte de armas fuera del hogar, legal en la mayoría de EE.UU., tras lo que los legisladores del estado prohibieron portarlas en muchos lugares públicos y endurecieron los requisitos para obtención de licencias de armas.
El más alto foro judicial del país decidió hoy que la ley de control de armas de Nueva York se mantenga mientras se dirime una apelación, respaldada por un “lobby” de defensores de las armas, que argumenta que las restricciones que impone la legislación neoyorquina van en contra del derecho constitucional a llevar armas en público para la autodefensa.
En la decisión, los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas indican que la norma neoyorquina “presenta cuestiones nuevas y serias”, pero la mantienen aclarando que eso no “expresa ninguna opinión sobre la validez” de la apelación en curso.
Los magistrados suspenden así una orden previa de un juez federal que paralizaba la prohibición al porte de armas en lugares sensibles y otras medidas de control mientras se dirimía su legalidad, aunque sugieren a los denunciantes que no se vean “disuadidos por la orden de hoy”.
La decisión fue aplaudida por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que reivindicó el “derecho a aplicar medidas de sentido común para proteger” a la sociedad, y por el alcalde de la Gran Manzana, Eric Adams, que consideró la ley “esencial para contener los ríos que alimentan el mar de la violencia armada”.
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