Curacao se defiende: ‘Ganamos demanda, nuestros seguros de protección crediticia son legales’ 

Luego de que el fiscal de California, Rob Bonta declarara que un fallo del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles determinó que la cadena de tiendas Curacao, se benefició ilegalmente de sus clientes en su mayoría inmigrantes latinos, voceros de estos centros comerciales declararon que la narrativa del funcionario está equivocada ya que ellos ganaron la demanda al probar que la venta de seguros de protección crediticia está dentro de la ley.

“El tribunal determinó que son legales”, dijo Marco González, vocero de Curazao.

De acuerdo al fallo, del cual La Opinión obtuvo una copia, sí les impusieron una multa en relación a que los empleados que ofrecían esos seguros de protección crediticia no tenían una licencia para operar como agentes de seguro.

González aclaró que los empleados no eran vendedores de seguros sino vendedores habituales de la tienda, “sólo que no tenían las cualificaciones necesarias para vender este producto, según los códigos de seguro del estado de California”.

Pero González aclaró que la sanción no es por la venta del seguro de protección crediticia que es una práctica extendida en muchos comercios a la hora de adquirir productos en pagos.

“Pero vamos a apelar ya que Curacao no está de acuerdo con esta decisión, cifra y cálculos”, dijo la empresa en un comunicado.

Agregó que la corte determinó transgresiones técnicas del código de seguro relacionado a un producto separado que la compañía ya no ofrece y que era administrado por una aseguradora independiente. 

“El juez emitió una decisión de sanciones financieras, cobrando $25 por cada instancia, la cual es mucho menos a la cantidad máxima permitida de $2,500. Sus cálculos cubren un lapso de 10 años, lo cual suma aproximadamente $7.9 millones. 

También precisaron que su seguro de protección crediticio Curacao Credit Shield (CCS) antes conocido como AGP, se ofrece al cliente como una opción para que en caso de pérdida de empleo o un accidente, la cobertura entre a pagar la deuda por ellos.

“Es un programa de protección de crédito parecido al que ofrecen los bancos, cooperativas de crédito y compañías de tarjetas de crédito. Curacao introdujo estas protecciones para ayudar a sus clientes, quienes por lo general cuentan con la necesidad singular de establecer crédito en un entorno donde la vida sin éste puede ser pesada y abrumadora. Al establecer y mantener buen crédito, los clientes de Curacao pueden navegar exitosamente la economía estadounidense basada en el crédito”.

De acuerdo al comunicado de Curacao, debido a que el juez de la Corte Superior de Los Ángeles dictaminó que la venta del seguro AGP/CCS no es ilegal, no hay una orden de restitución o sanciones civiles por esa práctica. 

“Como empresa, Curacao se complace en haber prevalecido en gran parte sobre esta demanda presentada por la Procuraduría Estatal de California y espera poner fin a este caso que lleva cinco años”.

Enfatizaron que están comprometidos a seguir enfocándose en sus clientes, y han tomado varias medidas proactivas para asegurarse de que cada cliente tenga una experiencia impecable en todo momento.

Dijeron que el año pasado, estrenaron un portal de educación financiera con docenas de videos cortos diseñados para explicar conceptos financieros complejos de manera más sencilla de entender, en inglés y en español, entre otras medidas.

Por otra parte, dijeron que por más de 40 años, Curacao ha sido una parte esencial de las comunidades de los estados del suroeste, ofreciéndole a millones de consumidores una puerta para establecer y mantener acceso al crédito y marcas importantes en línea y en sus tiendas por departamento en California, Nevada y Arizona. 

De acuerdo al fiscal Bonta, el fallo del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles dictaminó que Curacao y su propietario, Ron Azarkman, vendieron seguros de manera ilegal a través de vendedores no calificados y sin licencia, y les prohibieron cometer malas conductas en el futuro.

Además subrayó que el tribunal impuso $7,970,175 en sanciones civiles contra la empresa y su propietario por venta ilegal de productos de seguros.

“Las prácticas comerciales ilegales de Curacao fueron dirigidas, generalizadas y mostraron un desprecio por las leyes estatales de protección al consumidor y los consumidores que esas leyes pretenden proteger”, dijo el fiscal Bonta en un comunicado. 

“Entre la decisión de hoy y el acuerdo de 2021, Curacao y su propietario finalmente deben rendir cuentas por enriquecerse a expensas de sus clientes inmigrantes de habla hispana y de bajos ingresos”.

Y terminó diciendo que el Departamento de Justicia de California continuará responsabilizando a aquellos que se aprovechan de los trabajadores californianos”.

De acuerdo a la Fiscalía de California, Curacao y Akerman previamente acordaron proporcionar más de $10 millones en ayuda y estar sujetos a una orden judicial permanente, en un acuerdo parcial de los reclamos del Fiscal General. 

En 2017, el entonces procurador de California, Xavier Becerra presentó una demanda contra Curacao por prácticas abusivas fuera de la ley como publicidad engañosa contra las familias latinas. Cuatro años más tarde, en 2021, la cadena de tiendas llegó a un acuerdo por $10,5 millones para resolver la demanda. 

Cuando esa primera demanda se presentó, Curacao dijo en un comunicado que estaban desilusionados por lo que consideraban era una demanda falsa por parte del Fiscal General de California.