Muere inmigrante en una prisión privada de California

Por  lo menos 84 migrantes se encuentran en huelga de hambre en tres centros de detención y otro migrante murió el fin de semana en otra prisión privada, todo esto en California y debido a condiciones inhumanas, de acuerdo con diversos grupos civiles.

Desde el pasado 17 de febrero, 77 migrantes iniciaron una huelga de hambre en el centro de detenciones de Mesa Verde en Bakersfield y otros cinco en el llamado Anexo Golden State que está en McFarland.

En Adelanto otro grupo de migrantes se había sumado a la huelga de hambre en protesta por las condiciones, pero suspendieron el ayuno por temor a represalias. Sin embargo, desde hace poco más de dos semanas dos de los migrantes se reintegraron, informó a La Opinión ele activista Eddie Torres, de la organización Cierren Adelanto.

Mientras tanto, en el centro de detenciones de Otay Mesa, en el condado de San Diego, un migrante perdió la vida, informó un familiar de esa persona a una televisora.

En San Diego, donde una coalición convocó a una protesta y conferencia de prensa en apoyo a los migrantes en huelga de hambre, un dirigente de Unión del Barrio, Benjamín Prado, dijo a La Opinión que “todo esto se debe a condiciones inhumanas, que degradan la humanidad de los detenidos, de explotación, de insalubridad”.

“Cuando nos preparábamos para venir a esta conferencia, me llamó un medio de comunicación para confirmarme que familiares de un detenido en Otay Mesa avisaron que murió en ese centro de detenciones. Es increíble que un familiar, con temor a represalias, sea quien pueda informarnos”, dijo Prado.

Ese medio informó con base en la versión del familiar que, según el centro de detenciones, el migrante falleció al caer de la cama de arriba en una litera. Es decir, de una altura de cuando mucho cinco o seis pies. Sin embargo el médico forense del condado determinó el domingo que se trató de un homicidio.

“Cuántas personas detenidas habrán muerto en esas cárceles privadas al caer presuntamente de la parte de arriba de una litera”, cuestionó el dirigente.

El migrante fallecido nació en Romanía, informaron sus familiares. La corporación CoreCivic solo reconoció oficialmente en comunicado que “un migrante murió”, sin dar mayores detalles de su muerte.

La huelga de hambre que iniciaron decenas de migrantes simultáneamente en varios centros de detenciones es la acción más reciente después de un paro laboral de diez meses al interior de esas cárceles privadas de corporaciones

De acuerdo con la coalición Libérenlos a Todos de San Diego, los paros laborales comenzaron en contra del salario de $1 por día de trabajo que imponen los centros de detención a los detenidos. Mientras que las tarifas son elevadas.

De acuerdo con algunos activistas, el cobro de llamadas es de unos 75 centavos de dólar por minuto y tardan en conectar. Para que alguien pueda llamar dentro de Estados Unidos a un conocido o familiar unos cinco minutos, necesitará el equivalente al salario que le pagarían en caso cuatro días, o por lo menos 32 horas de trabajo.

“Los huelguistas en ayuno exigen que les paguen mejor por su trabajo, condiciones de higiene, que puedan salir a esperar citas en las cortes en libertad condicional y no seguir encerrados”, dijo Prado.

En un documento, los huelguistas informaron que enfrentan represalias y acusan a la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y su contratista de detenciones en Mesa Verde, Frupo Geo, de castigar a los manifestantes al eliminarles tiempo en el jardín, visitas familiares y otras actividades recreativas, además de amenazarlos con confinamiento solitario.

A lo largo del último año las demandas, sin respuesta de los centros de detenciones, han llegado a la petición de que esos centros o prisiones privadas sean cerrados, dijo Prado.

El senador Alex Padilla y 15 congresistas pidieron en septiembre pasado al secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas, una investigación sobre abusos en centros de detenciones que denunció la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Esa organización denunció que los centros de detención habitualmente dan a los detenidos alimentos en descomposición, leche en mal estado y comestibles que tienen insectos.

La ACLU también enfatizó su preocupación por maltrato, represalias si hay quejas de las víctimas y un uso indebido del castigo en solitario.

“Es fundamental que ICE lleve a cabo una revisión completa y completa de las condiciones perturbadoras y comportamiento abusivo y de represalia hacia los detenidos”, indicó la organización, “si se confirman las alegaciones hechas en esta denuncia, le pediríamos al DHS que finalice esos contratos y priorice la seguridad de las personas que están sujetas a tales condiciones”.

Sin embargo, decenas de congresistas han pedido al secretario Mayorkas que ordene cerrar los centros de detenciones de Yuba, cerca de Sacramento, de Adelanto y de Otay Mesa, debido a las condiciones y abusos. Los congresistas cuentan con el apoyo de por lo menos 63 organizaciones civiles, incluida la ACLU.

Mencionan, por ejemplo, hacinamiento con hasta 118 mujeres que comparten tres duchas, camas separadas por centímetros y condiciones inmundas, violaciones ambientales al uso de aerosol desinfectante que puede causar daños corporales graves si se ingiere, inhala o absorbe a través de la piel.

También mencionaron que los oficiales en Adelanto han usado equipo antidisturbios, balas de pimienta y gas pimienta contra los detenidos que protestaban pacíficamente por las condiciones de encierro relacionadas con el Covid-19.

La abogada Katie Kavanagh, del Colavorativo de California para la Justicia para Inmigrantes, dijo que ha visto de primera mano esas condiciones en los centros de detenciones y “son terribles; tienen que esperar durante semanas para ver un doctor y ese es su único cuidado médico. Cuando sufren crisis de salud mental tienen que esperar semanas para ver a un psicólogo, la comida no solo no es nutritiva, me han enseñado fotos de cucarachas en sus alimentos”.

La abogada y varios de los participantes en la protesta y conferencia de prensa instaron al público a comunicarse con sus respectivos congresistas para informarles de las condiciones en los centros de detenciones, especialmente pidieron informar al senador Alex Padilla, del comité de Migración en el senado.

La abogada Bree Bernwanger, del Comité de Abogados por los Derechos Civiles de San Área de la Bahía de Francisco, presentó en la corte federal de esa ciudad una denuncia al acusar el ICE y al Grupo Geo de violar los derechos constitucionales, en particular la primera enmienda, de los detenidos.

La representante de cinco migrantes incluidos en la demanda informó que el ICE y esa corporación ignoraron los derechos de los huelguistas de hambre como ignoraron el paro laboral de diez meses, y en lugar de atender sus derechos, tomaron diversas represalias contra los detenidos.