El largo camino de la pelea de México por los bienes de García Luna

MEXICO. – ¿Cómo convertir mansiones, albercas, comedores, balcones frente al mar, yates privados, casas en islas privadas o colecciones de autos antiguos y motocicletas en algo tangible para la población ofendida o agredida por la alianza del exsecretario Genaro García Luna con el Cártel de Sinaloa?

El gobierno mexicano aún no lo tiene claro después de que una corte declaró culpable al funcionario mexicano de mayor rango juzgado en Estados Unidos. Hasta el momento solo anunció que iría por 700 millones de dólares que calcula en propiedades en Florida y ha dado algunas pistas sobre lo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador podría hacer. 

El mandatario mexicano informó en días pasados que evalúa denunciar por daño moral a César de Castro, abogado García Luna, y a quienes resulten responsables durante el juicio que se realizó en Nueva York al exsecretario, por las insinuaciones que el litigante hizo de una posible alianza criminal de AMLO.

Dijo que en caso de ganar la demanda usaría el dinero que reciba como reparación del daño para el pago al abogado que lo defienda en Estados Unidos y un donativo a víctimas de la violencia que desencadenó la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Comisionado Nacional de Seguridad Pública, en el sexenio de 2006-2012 fueron asesinados de manera violenta más de 100,000 personas.

Desde otra trinchera, el diputado Alejandro Robles, del partido Morena, presentó un punto de acuerdo en el que solicitó al gobierno someter a extinción de dominio los bienes de García Luna en México.

“Aquellos que hayan sido utilizados como instrumento, objeto o producto de hechos ilícitos y sean destinados en beneficio de niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores víctimas de violencia”.

García Luna cuenta con dos residencias lujosas en la zona centro del país, una en Monte de Funiar 21, que es un fraccionamiento en Jardines en la Montaña de la Ciudad de México, y otra en Jiutepec, Morelos, con una extensión de terreno de más de 2,000 metros cuadrados.

PASO A PASO

México inició acciones legales para tratar de recuperar 745.9 millones de dólares de un conglomerado familiar de 39 empresas con las cuales García Luna operó en distintos países para obtener 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México. 

El objetivo de esta demanda que se presentó en Florida es la restitución al Estado mexicano de todos los bienes que existan a su nombre o de sus allegados.

México cuenta con el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado a través del cual realiza la recuperación de bienes obtenidos con dinero del crimen en territorio nacional; fuera de éste, las leyes locales podrían jugar en su contra. 

En declaraciones recientes, César Castro, uno de los abogados de García Luna, se jactó en entrevista con la cadena CNN  de que “el gobierno de Estados Unidos no mostró evidencia para probar que los bienes adquiridos por Genaro García Luna eran producto de sobornos del cártel”.

De Castro habló por primera vez ante medios después de que el jurado determinó el 21 de febrero pasado que el exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón es culpable de los cinco cargos relacionados con narcotráfico que presentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por los que podría alcanzar una sentencia de 20 años a cadena perpetua.

De esta sentencia a la devolución de bienes hay un precedente que indica que el juicio de los más de 700 millones podría extenderse por muchos años. 

Funcionarios y exfuncionarios de EEUU recordaron en una investigación de Propublica, una  organización no gubernamental estadounidense especializada en temas de seguridad, que la mayoría de los jueces les exigían “pruebas contundentes” de que García Luna tenía nexos con el narco.

A pesar de algunas anécdotas que despertaban las sospechas, como la colección de motos que el ex “zar antidrogas” mostró a un exdiplomático, lo cierto es que los investigadores de la DEA pudieron reunir más pruebas solo hasta que el narcotraficante Sergio Villarreal fue sometido a una corte en Houston. 

Villarreal declaró bajo juramento y expuso información específica que los agentes pudieron corroborar posteriormente: así comenzaron a vigilar a García Luna en Miami, donde se había mudado con su familia para establecer una firma de consultoría de seguridad y otros negocios. 

Como parte de sus esfuerzos por rastrear las finanzas de García Luna, los agentes descubrieron en Panamá que millones de dólares estaban siendo transferidos sospechosamente de cuentas en el extranjero a otras que el exsecretario parecía controlar en Miami. En 2013, un agente que supervisaba el caso fue enviado a Washington para presentar un informe ante la administradora de la DEA, Michele M. Leonhart. 

Ella no dudó en su evaluación del caso, recordó un antiguo funcionario familiarizado con la reunión, según Propublica. “Háganlo”, la citó el funcionario. “Asegúrense de que sea procesado”.

Pero en Houston, los procuradores federales del Distrito Sur de Texas, con sede en esa ciudad no estaban particularmente interesados en el caso de corrupción, dijeron tres exfuncionarios: “’Pensaban que los agentes no habían reunido pruebas suficientes para condenar a una figura con un perfil tan alto como García Luna.

Así siguieron por años hasta que la demanda se aceptó en Nueva York y los gobiernos de México y Estados Unidos decidieron cooperar. “No pasó lo mismo con el general Salvador Cienfuegos”, destacó Propublica.

A la inversa, el gobierno mexicano tendría que contar con la colaboración del sistema de justicia de Florida, donde no es ningún secreto que el auge inmobiliario de Miami desde la década de los 70 se debe a un laxo sistema para adquirir bienes raíces. Ya en 2016, los “Panamá papers”, una investigación periodística internacional, confirmaron que el mercado inmobiliario de Miami estaba plagado de dinero de lavado.

“Este mercado en Miami detiene relativamente poca supervisión para combatir ese comportamiento ilícito”, detalla el abogado Ralph Behr, especilizado en el tema. 

“La falta de supervisión, junto con los altos precios de las propiedades, crea el entorno perfecto para los delincuentes que buscan lavar dinero en un paraíso tropical”.

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