Arrestan en México a 9 policías relacionados con la desaparición de 43 estudiantes en el caso Ayotzinapa
Según el informe del actual gobierno, en el crimen calificado como de “Estado”, participaron elementos del crimen organizado y agentes de diversas instituciones gubernamentales.
A más de 8 años del caso, aún no se sabe el paradero de los estudiantes. Crédito: ALFREDO ESTRELLA | AFP / Getty Images
En la noche del 26 de septiembre de 2014, México vivió uno de los episodios más oscuros tras reportarse la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa en la ciudad mexicana de Iguala, en el estado de Guerrero, y jamás se supo de ellos.
Desde entonces han pasado ocho años, donde la investigación continúa y como muestra, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero anunció la detención de nueve policías por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes.
Hasta nuestros días, la polémica continúa retumbando ante acusaciones de impunidad, corrupción y vínculos al narcotráfico en el crimen, incluso, que empañaron los últimos años de la administración de Enrique Peña Nieto y que hoy tiene preso al exprocurador de justicia federal, Jesús Murillo Karam.
De acuerdo a la última actualización sobre el caso, siete policías estatales y dos preventivos del municipio de Iguala fueron aprehendidos en un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la República (FGR) y el apoyo de la Secretaría de Marina (Semar).
Los policías estatales fueron identificados como Sandra Gerardo Gallardo, Juan Durán Mosso, Ramiro Alvarado Sánchez, Lorenzo Bello Hernández, Noel Baltazar Gómez, Pablo Jiménez Morales y Alberto Chávez Álvarez.
Mientras que los preventivos de Iguala fueron señalados como Navis Mayo Zúñiga e Imer Mayo Zúñiga.
Aunque oficialmente no se ha mencionado, estas nuevas aprensiones podrían tener relación el arresto de Leonardo Vázquez Pérez, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, en octubre de 2022, por mantener supuestos vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos.
Cabe mencionar que las últimas investigaciones lanzadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador califican este caso como “crimen de Estado” e implican a funcionarios del “más alto nivel del gobierno” en el delito.
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