Juez ordena prisión a cuatro soldados mexicanos por muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo
Debido a los cargos que enfrentan por homicidio calificado, los militares podrían alcanzar hasta 60 años de cárcel por cada víctima
El accionar de los soldados se dio tras una persecución y el sonar de "un estruendo". Crédito: Omar Torres | AFP / Getty Images
A más de un mes de la muerte de cinco jóvenes que fueron interceptados por un convoy militar cuando viajaban en una camioneta por calles de Nuevo Laredo, Tamaulipas, un juez federal impuso prisión preventiva a cuatro elementos del Ejército Mexicano.
Con esta determinación, los soldados deberán permanecer retenidos en las instalaciones del Campo Militar ubicado en la Ciudad de México, hasta en tanto se defina su situación jurídica.
Debido a que los involucrados enfrentan cargos por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa –pues otro joven logró sobrevivir al ataque-, los militares podrían alcanzar hasta 60 años de prisión por cada víctima.
Fue el pasado 26 de febrero cuando un convoy formado por 21 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), interceptaron y dispararon a una camioneta pick up en la que viajaban siete jóvenes en Nuevo Laredo, dejando como saldo cinco muertos, un lesionado y otro joven que resultó ileso.
De acuerdo con la propia Sedena, el accionar de los militares se dio tras una persecución y el sonar de “un estruendo”, al tiempo que detalló que se abrieron carpetas de investigación por autoridades de justicia civiles y militares.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, detalló que los jóvenes no estaban armados y no se enfrentaron a los miembros de las Fuerzas Armadas, por lo que su muerte pudo tratarse de una ejecución.
En tanto, los abogados de las familias de las víctimas, solicitaron la investigación de los otros 17 militares involucrados, entre ellos el capitán del convoy por no evitar la tragedia. Además, mencionaron otros delitos que habrían cometido como encubrimiento, informes falsos rendidos a una autoridad, sustracción y alteración de evidencias, tortura y abuso de autoridad.
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