Hombre es ejecutado en Singapur por traficar 2 libras de marihuana, pese a reclamo internacional
Tangaraju Suppiah fue condenado por intentar traficar alrededor de 2.2 libras de cannabis, una sentencia criticada por grupos de derechos y activistas por su gravedad en un momento en que muchas otras naciones han cambiado este tipo de políticas
Singapur ahorcó a Tangaraju Suppiah, de 46 años, quien fue declarado culpable en 2018 de traficar 2.2 libras de marihuana, a pesar de los pedidos de clemencia de última hora de su familia y activistas.
Según autoridades, un juez descubrió que estaba usando un número de teléfono que se comunicaba con traficantes que intentaban introducir drogas de contrabando en Singapur.
Sin embargo, la familia y los activistas de Tangaraju habían argumentado que al hombre de 46 años no se le proporcionó la asesoría legal adecuada y que se le negó el acceso a un intérprete mientras la policía lo interrogaba.
Organizaciones en favor de los derechos humanos calificaron de “escandalosa e inaceptable” la ejecución este miércoles en Singapur de un condenado por su tentativa de traficar 1 kilogramo de marihuana.
Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch (HRW), calificó la ejecución de “escandalosa e inaceptable” y mostró su preocupación por lo que cataloga como “una ola renovada para vaciar el corredor de la muerte” de Singapur.
“El uso continuo de Singapur de la pena de muerte por posesión de drogas es un ultraje a los derechos humanos que hace que gran parte del mundo retroceda y se pregunte si la imagen del Singapur moderno y civilizado es solo un espejismo”, remarcó Robertson.
Por su parte, el director regional adjunto de Amnistía Internacional (AI), Ming Yu Hah, aseguró en un comunicado que “esta ejecución muestra una vez más el absoluto fracaso de la obstinada adopción de la pena de muerte por parte de Singapur“.
El caso de Tangaraju ha acaparado la atención no solo por ser un delito de tentativa de tráfico de marihuana, cuyo uso medicinal se legaliza en cada vez más países, entre ellos Tailandia, sino también por las supuestas irregularidades del proceso, denunciadas por sus familiares y oenegés.
Tangaraju y sus abogados afirman que nunca vio o tocó las drogas y que fue involucrado por terceros por unos intercambios por teléfono cuyo contenido tampoco se presentó en el juicio, en el que fue condenado a muerte por “ser cómplice en una conspiración para traficar” marihuana de Malasia a Singapur en 2013.
Singapur tiene una de las leyes antidrogas más duras del mundo y contempla la pena de muerte para un mínimo de 500 gramos de tráfico de marihuana.
En 2022, tras dos años sin ahorcamientos debido a la pandemia de COVID, ejecutó a 11 traficantes, entre ellos un preso con discapacidad intelectual, pese a las críticas de la ONU.
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