Organizaciones de derechos civiles demandan a Florida por formulario defectuoso para inscribir a los votantes

El Brennan Center for Justice, en conjunto con otras organizaciones de derechos civiles, demandaron el miércoles al Secretario de Estado de Florida debido a que el formulario del estado para inscribir a los votantes desobedece la Ley Nacional de Registro del Votante de 1993 (National Voter Registration Act of 1993) y perjudica su derecho al voto, causando que, en ocasiones, personas sean acusadas de fraude electoral aunque no tuvieran intención de cometerlo.

Las organizaciones de derechos civiles afirman que la falta de información en el formulario sobre los requisitos de elegibilidad para votantes de la Florida con antecedentes penales crea confusión, impide las actividades de inscripción de votantes de las organizaciones y pone a las personas en peligro de sanciones penales.

La Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 (NVRA, por sus siglas en inglés) requiere que los estados “informen a los solicitantes… de… los requisitos de elegibilidad para votar”. La ley también exige que los formularios de registro de votantes por correo federales y estatales especifiquen “cada requisito de elegibilidad”.

La solicitud uniforme de registro de votantes en todo el estado de Florida no cumple con estos mandatos legales porque no brinda ninguna orientación para los posibles votantes con condenas anteriores: no hay forma de que las personas que aspiran a votar después de cumplir esas condenas se enteren de eso, si simplemente leen y llenan la solicitud universal de inscripción de votantes del estado. 

El Brennan Center, American Civil Liberties Union, ACLU of Florida, Legal Defense Fund, y O’Melveny & Myers representan a la League of Women Voters of Florida y Florida NAACP en la demanda, que se basa en esta falta de información requerida por ley y las consecuencias que ya ha tenido.

Falta de información requerida por ley

Los requisitos para que puedan votar las personas que cumplieron condenas por delitos mayores en Florida son complejos porque se relacionan con los tipos de delito, de sanción y de corte. Determinar elegibilidad para votar depende también del cumplimiento de ciertas sanciones penales.

El formulario sobre los requisitos de elegibilidad para votantes no indica que las personas en libertad condicional no sean elegibles. Tampoco dice que el pago de multas y tarifas judiciales pendientes sea “una condición previa para que se restablezcan los derechos de voto”, como establece una ley de Florida aprobada en 2019.

Tampoco explica que los condenados por asesinato o un delito sexual grave no son elegibles para votar a menos que hayan recibido clemencia. Y no contiene, además, ninguna información sobre los requisitos de elegibilidad para personas con condenas en otro estado. 

Por eso, la demanda sostiene que la solicitud de inscripción de voto carece de la información necesaria y esto ha causado que personas que no tienen capacidad para votar se inscriban para hacerlo y el resultado es grave, porque Florida considera esta conducta como fraude electoral y es un delito grave.

Perseguidos por cometer un delito sin saberlo

El gobernador republicano Ron DeSantis anunció el año pasado que se habían presentado cargos de fraude electoral contra 20 personas que supuestamente se inscribieron o votaron intencionalmente sin cumplir los requisitos necesarios, a pesar de que aparentemente estaban confundidas respecto a su elegibilidad.

Algunas de esas personas incluso fueron informadas por un funcionario del gobierno que podían votar.

Al radicarse la demanda, Eliza Sweren-Becker, abogada del programa de derecho al voto del Brennan Center, señaló: “El estado de Florida ha convertido el registro y la votación de personas con antecedentes penales en un campo minado. Estamos instando a la corte a limpiar una de las minas”.

Patrick Berry, abogado en el Programa de Democracia del Brenan Center for Justice, señaló en su análisis: “Florida tiene mucho trabajo por hacer para solucionar los problemas de su sistema de restauración del derecho al voto. Pero dada la complejidad de sus requisitos de elegibilidad para votar y las graves consecuencias de cometer un error sin mala intención, lo menos que puede hacer es corregir su solicitud de inscripción de votantes. De hecho, las leyes federales lo requieren”.

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