Destapan cloaca del modus operandi de corrupción inmobiliaria en México
El escándalo se centra actualmente en la CDMX por parte de ex alcaldes del PAN, pero organizaciones sociales dicen que es un sistema de todos los partidos
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que incautó 60 inmuebles. Crédito: Hector Vivas | Getty Images
CIUDAD DE MÉXICO – Funcionarios detenidos y encarcelados, muebles inmuebles decomisados y la persecución de políticos escaló en los últimos meses las denuncias de corrupción en la vida pública de la Ciudad de México mientras organizaciones civiles se cuestionan sobre las vías para evitar más desfalcos en un futuro.
En las últimas horas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que incautó 60 inmuebles presuntamente ligados a sobornos, fraudes y otros delitos que la dependencia imputa a funcionarios y exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez. Todos del Partido Acción Nacional (PAN).
El escándalo ha escalado a tal punto que algunos diputados comenzaron a llamar a la institución política “Partido A favor del Narco” en una sátira sobre el modus operandi del crimen organizado mientras las cúpulas del PAN señalan que se trata de una persecución política porque Morena ha mermado el control en las alcaldías de la CDMX y teme perder en las próximas elecciones.
“No estás solo”, dijo Marko Cortés, presidente del PAN, para defender a Santiago Taboada, actual titular en la alcaldía Benito Juárez, quien se encuentra en el ojo del huracán de acusaciones, junto con algunos de sus predecesores como Jorge Romero, Germán de la Garza y Mauricio Palacios, en proceso de investigación, así como Christian Van Roehrich, preso en espera de sentencia.
La Fiscalía inició en 2021 una investigación sobre la corrupción que supuestamente habría envuelto a un “boom” inmobiliario que sufrió la delegación desde 2014. Sin embargo, algunas organizaciones civiles, está inconformes porque no se han seguido averiguaciones similares, con el mismo frenesí, ímpetu y persistencia, en los otros 15 municipios.
“Dependiendo de quién tiene el perro (la procuración de justicia), se lo echan al otro y eso no precisamente porque buscan justicia, sino por conveniencia políticas ya que esta corrupción inmobiliaria ocurre en todas las alcaldías, independientemente de qué partido gobierne”, observa Quetzal Castro, representante de uno de los comités ciudadanos de la capital mexicana en la municipalidad Cuauhtémoc, sede de poderes local, federal y económico.
“Lo que hace falta es que las fiscalías sean independientes y no estén al servicio del alcalde o mandatario en turno”.
La fiscalía de la capital mexicana, como en todo el país, está bajo las órdenes del poder ejecutivo. En este caso, de la jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaum.
“El Cártel Inmobiliario”
La fiscalía tomó en sus manos la investigación en 2021 e indicó que “El Cártel Inmobiliario”, como comenzó a llamarlo, estableció un esquema de enriquecimiento ilícito por parte de exfuncionarios basado en el intercambio de favores, por medio de conclusiones fuera de la ley con constructoras y desarrollos inmobiliarios, así como a través de extorsiones a empresarios.
Este grupo presuntamente operó entre 2006 y 2018, bajo gobiernos panistas: Germán de la Garza Estrada (2006-2009), Mario Alberto Palacios Acosta (2009-2012), Jorge Romero Herrera (2012-2015) y Christian Von Roehrich (2015-2018).
Pero las denuncias de diversos medios de comunicación iniciaron desde por lo menos una década atrás. Por esas fechas, el diario comunitario Libre en el Sur hizo una lista de las irregularidades de la gestión en edificios, apertura de giros negros, autorización deviviendas en zonas de riesgo y extracción de agua sin control en tiempos de Germán de la Garza.
“Esto causó inseguridad, escasez de servicios, saturación de vialidades, propagación de franeleros y vendedores ambulantes, utilización de casas habitación como oficinas y un déficit de 40,000 cajones de estacionamiento”, advirtió Francisco Ortiz, editor del periódico.
“Todo documentado: lo dictaminó el informe de la Comisión de Investigación para Valorar el Impacto del Otorgamiento de Licencias y Manifestaciones de Construcción” del congreso de la CDMX.
No obstante, la carrera política de De la Garza había crecido como espuma, había ganado la alcaldía, dejó a un sucesor de su partido y dirigía uno de los grupos de diseño de la nueva constitución de la ciudad.
Según las autoridades de procuración de justicia, los funcionarios acusados contaron con subordinados que ¡sabían cómo hacer las transas!, como pudo ser Luis “V”, ex director General Jurídico y de Gobierno de la alcaldía, detenido por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito ligado con el Cártel Inmobiliario.
Ulises Lara, vocero de la fiscalía local, aseguró que entre 2009 y 2016, Luis “V” pudo haber obedecido a presiones de empresas constructoras, realizando desalojos de forma violenta y sin diálogo previo, con el argumento de un supuesto reordenamiento de comerciantes ambulantes, a beneficio económico de él, de sus jefes inmediatos, y gente de alto nivel jerárquico del PAN.
“Es co-propietario de un predio valorado en 30 millones de pesos; sin embargo, el ex funcionario adquirió la mitad del mismo por 1.4 millones de pesos, en 2014”, citó por ejemplo.
También el caso de Adelaida N, ex directora general de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos en la alcaldía Benito Juárez, presa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla por autorizar la construcción “irregular” del complejo denominado City Towers bajo el mando del alcalde actual de Benito Juárez, Santiago Taboada.
Más alturas y departamentos de los aprobados
Roberto ‘N’, un empresario que también estaría involucrado, representa otra forma de operación de los funcionarios para llevar dinero a sus bolsillos.
La fiscalía dijo que esta persona, quien fingió ser ingeniero y director responsable de Obra, construyó 55 departamentos y un nivel extra para un penthouse, cuando sólo debía tener 11 departamentos y siete niveles. Esto, dijo, no hubiera sido posible de no ser solapado por los funcionarios involucrados.
Nada nuevo bajo el sol, advirtió Quetzal Castro, la representante vecinal en otra alcaldía que ha lidiado con construcciones a las que solo autorizan cierto número de pisos y los constructores agregan más, entre las muchas formas de corrupción.
Pedir departamentos a cambio de autorizar las construcciones es un modelo que empezaron a hacer los Bejarano (de los altos mandos tras bambalinas de Morena) y los demás los han imitado”, precisa. “Hay mecanismos para evitarlo actualmente (los cambios de uso de suelo, por ejemplo, los tiene que autorizar el comité ciudadano), pero la ciudadanía debe estar muy atenta”.
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