Bibliotecarios de Arkansas demandan bloquear una ley que podría enviarlos a la cárcel por libros explícitos

Un grupo de bibliotecas públicas y editoriales de libros en Arkansas presentó una demanda federal contra una ley estatal dirigida a restringir lo que los niños pueden leer en el estado, según NBC News.

La demanda federal presentada por una coalición encabezada por el Sistema de Bibliotecas de Central Arkansas, con sede en Little Rock, espera sentar un precedente sobre la constitucionalidad de leyes como la Ley 372, que es la norma estatal que permite prohibir o reubicar los libros en las bibliotecas públicas.

El Sistema de Bibliotecas de Central Arkansas argumentó en una presentación ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Arkansas que la Ley 372 viola la Primera Enmienda al convertir en un delito menor que las bibliotecas brinden a los niños acceso a materiales que son “perjudiciales para los menores”.

El término, que significa cualquier representación de desnudez o conducta sexual destinada a apelar a un interés lascivo que carece de un valor artístico, médico o político serio y que los estándares comunitarios contemporáneos encontrarían inapropiado para menores, es demasiado amplio, sostiene la demanda.

Por ejemplo, la ley prohibiría que los jóvenes de 17 años vean materiales considerados demasiado explícitos para niños de 7 años.

La demanda también alega que la ley viola los derechos de debido proceso de los residentes al permitir que los funcionarios locales electos anulen las decisiones de los bibliotecarios sobre los desafíos de los libros sin brindar explicaciones ni permitir apelaciones de quienes no están de acuerdo.

La ley 372 de Arkansas también dice que los bibliotecarios pueden ser encarcelados hasta por un año por dar a los niños materiales de lectura que se consideran “perjudiciales para los menores”.

La ley entrará en vigor el 1 de agosto, pero algunas bibliotecas ya han retirado de las secciones infantiles libros sobre personas discapacitadas, pubertad, religión y personajes LGBTQ.

Este año, 15 estados han considerado proyectos de ley que expondrían a los bibliotecarios públicos a cargos penales por permitir que los menores sacaran prestados ciertos libros, según el Instituto EveryLibrary, un grupo de defensa de los bibliotecarios.

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